Hace dos semanas, un tribunal tailandés decidió autorizar la extradición a Estados Unidos del famoso traficante de armas ruso Viktor Bout, encerrado en una cárcel de Tailandia desde que hace dos años le detuvieran en Bangkok unos agentes de la DEA que se hacían pasar por miembros de las FARC colombianas dispuestos a comprarle armas. Bout, que quiere evitar a toda costa ser juzgado en Estados Unidos, no puede apelar el fallo del tribunal, pero una serie de complicaciones jurídicas y políticas están frenando el proceso de extradición hasta el punto de que cabe la posibilidad de que salga en libertad antes de que finalice el año.

Viktor Bout entrando en el tribunal de apelación que aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 20 de mayo en Bangkok (AP Photo/Apichart Weerawong).

Durante estos dos años, el Gobierno estadounidense ha exigido al tailandés que extradite a Bout, acusándole de vender armas a una organización terrorista [pdf]. Rusia también ha presionado a Tailandia, pero para impedir la extradición y su ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la decisión del tribunal tailandés de “ilegal y política” y ha declarado que la decisión “ha sido tomada bajo una gran presión”.

Paradójicamente, las medidas que ha tomado el Departamento de Justicia estadounidense para asegurar la extradición de Bout son las que la están retrasando y podrían hacer que nunca llegara a producirse. Después de que un tribunal tailandés rechazara el año pasado la petición de extradición basada en la acusación de terrorismo, argumentando que Tailandia no considera que las FARC sean una banda terrorista, sino una organización política, Estados Unidos decidió presentar otras acusaciones, por blanqueo de dinero y fraude electrónico. Cuando el tribunal de apelación autorizó la extradición, dictaminó que Bout debía ser puesto en libertad si al cabo de tres meses sigue estando en territorio tailandés. Inmediatamente después del fallo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se apresuró a enviar a Bangkok un avión para trasladar a Bout a Nueva York, pero la extradición se ha aplazado porque ahora un tribunal tailandés debe estudiar las segundas acusaciones y, mientras el avión espera en el aeropuerto de Don Muang, la justicia tailandesa podría tardar semanas e incluso meses en tomar una decisión.

¿Quién es Viktor Bout?

En su propia página web, Viktor Bout se define como un “vendedor nato con una pasión imperecedera por la aviación y un eterno deseo de triunfo”, un “hombre de negocios que se hizo famoso mundialmente gracias a una serie de cuentos e historias ficticias”. Bout siempre ha sostenido que no tiene nada que ver con el tráfico de armas y que su fama como el “mercader de la muerte” se debe a la envidia de sus competidores europeos en África. Sin embargo, los investigadores de la ONU, Estados Unidos, la UE o la Interpol que han estado siguiendo sus pasos durante casi dos décadas cuentan otra historia muy diferente de este amante padre de familia con numerosos pasaportes e identidades falsas.

Viktor Bout nació el 13 de enero de 1967 en Dushambe, Tayikistán aunque sus padres eran rusos. Estudió en el Instituto Militar de Idiomas Extranjeros de Moscú, (habla más de seis lenguas), y después se licenció en Ciencias Económicas. Los siguientes año sirvió en la fuerza aérea rusa. Muchos afirman, aunque él lo niega, que era una agente del KGB y que durante dos años estuvo destinado en Angola como agente del servicio de espionaje militar soviético. En cualquier caso, los conocimientos y contactos adquiridos durante su formación académica y su carrera militar le serían de gran utilidad cuando emprendiera sus negocios tras la caída del telón de acero.

Según su propia versión, Bout comenzó su carrera empresarial en 1992 cuando compró por 120.000 dólares tres viejos aviones Antonov y comenzó a realizar vuelos de larga distancia desde Moscú. Sin embargo, según sus socios [pdf], fueron algunos altos cargos de GRU, o Directorio Principal de Inteligencia (los poderosos servicios secretos del ejército soviético y, después, del ruso) los que decidieron cederle los aviones a cambio de participaciones en los beneficios. Tras la disolución de la Unión Soviética, una gigantesca flota de aviones y un inmenso arsenal con todo tipo de armas quedaron abandonados en los antiguos países de la URSS. Muchos ex-militares aprovecharon la ocasión para hacer negocios y vender armamento a todo tipo de Gobiernos y organizaciones. Viktor Bout no fue el único que aprovechó aquella oportunidad, pero fue el que tuvo más éxito.

Bout se estableció pronto en Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Unidos, un lugar con unas regulaciones sumamente laxas y convenientemente situado entre Asia Central, Europa del este y África. Aunque los aviones de sus múltiples compañías estaban registrados en países como Angola o Liberia, todos ellos volaban desde los Emiratos. Mediante un complejísimo entramado empresarial y una flota de aviones cada vez mayor, era capaz de vender y transportar todo tipo de mercancías a los clientes más diversos, desde flores y pollos congelados hasta armas.

Las primeras armas se las vendió a la Alianza del Norte afgana en 1992, pero se cree que cuando sus enemigos los talibán llegaron al poder, también haría negocios con ellos (no en vano, Sharjah era uno de los principales puntos de suministros del régimen talibán). Ese tipo de negocios en la cuerda floja pronto sería frecuente en el imperio empresarial clandestino de Bout, que se haría famoso por saltarse todos los embargos y por vender armas a los dos bandos de un mismo conflicto. Entre su amplía cartera de clientes se encontraban Gadafi o Charles Taylor y sus armas se usaban en conflictos como los de Sudán, el Congo o Sierra Leona.

Bout no sólo aprovechó las ventajas y las oportunidades que brindaban la globalización y los agujeros legales de un mercado poco regulado, también eligió sector que cualquier economista calificaría de “emergente”. Por su propia naturaleza, existen pocos datos sobre el tráfico ilegal de armas y los que hay disponibles son poco fiables, según algunos estudios [pdf] ese tráfico mueve alrededor de mil millones de dólares al año, pero es probable que la cifra sea mucho mayor. En cualquier caso,  el gasto militar mundial ha aumentado un 45 por ciento en el decenio comprendido entre 1998 y 2008 hasta situarse en casi un billón y medio de dólares en ese último año y el volumen de ventas de armas ha crecido un 22 por ciento en todo el mundo durante los últimos cinco años.

Otro país que empleó los servicios de Bout fue Estados Unidos [pdf], durante los primeros años de la guerra de Iraq. Empresas como Halliburton subcontrataron durante años sus empresas para transportar suministros de todo tipo, a pesar de que algunas de aquellas empresas habían sido declaradas ilegales por el propio Gobierno estadounidense y de que en la mayoría de los casos no era ni mucho menos imposible rastrear quién se encontraba tras ellas y había muchos otras empresas en el mercado que podrían haber realizado el mismo trabajo.

Bout diversificó sus negocios y sus aviones llevaron ayuda humanitaria en numerosas ocasiones para la ONU, la Unión Europea y numerosas ONG. Sus empresas se ocupaban de repartir las ayudas del Programa Mundial de Alimentos en África y tras el Tsunami que azotó las costas de Asia en 2004, se encargó de transportar material de ayuda a Sri Lanka.

La contratación de compañías y aviones para el reparto de ayuda humanitaria por parte de compañías que también venden y transportan las armas que se usan esos mismos conflictos o en otros no es una franquicia exclusiva de Bout. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicado el año pasado [pdf] los traficantes de armas se han “infiltrado en esos mercados” de una forma generalizada hasta el punto de que al menos un noventa por ciento de los aviones de carga intercontinentales que, según el Consejo de Seguridad de la ONU e informes de otras organizaciones, se usan para el tráfico de armas, también han sido empleados por diversos organismos de la ONU, la UE, la OTAN, ONG y contratistas privados en África, Europa y Oriente Medio.

A finales de los años noventa, diversos gobiernos y organizaciones internacionales comenzaron a investigar a Bout al mismo tiempo que sus agencias utilizaban sus servicios. En 2002, Estados Unidos, la ONU y la UE aprobaron la aplicación de sanciones en su contra y trataron de bloquear sus cuentas bancarias. Sin embargo, Bout pudo continuar con sus actividades sin mayores problemas. Se refugió en Moscú, donde le protegía el Gobierno, y, por otro lado, se sospecha que algunos agentes de la CIA obstaculizaron en diversas ocasiones investigaciones sobre él realizadas a finales de los noventa y principios de este siglo. Aunque es poco probable que países como Estados Unidos y Gran Bretaña tuvieran como política dejar que Bout actuara libremente, siempre resultaba de alguna utilidad. De hecho, la DEA ocultó la investigación y la operación en la que fue detenido hace dos años incluso al resto de agencias federales Estadounidenses.

Ahora que se acerca la posibilidad de ser extraditado, se especula con la posibilidad de que Boute saque partido de sus contactos con todo tipo de redes criminales transnacionales, numerosas organizaciones terroristas y grupos de insurgentes de todo el mundo, así como de los entramados del Estado, las agencias secretas y el crimen organizado rusos. Compartir sus conocimientos sobre todos ellos podría librarle de la cadena perpetua.

La conexión tailandesa

Mientras espera que un grupo de jueces tailandeses decidan su suerte, Bout envió hace pocos días una carta al primer ministro Abhisit Vejjajiva, en la que le pide que impida la extradición y que aumente la seguridad en la cárcel, ya que se siente amenazado. El primer ministro ya ha respondido que prefiere que el proceso judicial llegue a su fin antes de tomar cualquier decisión y ha indicado que el proceso podría prolongarse algún tiempo ya que hay varios detalles rodeados de confusión, sobre todo en lo tocante a “aspectos relacionados con la política tailandesa sobre los cuales se ha informado incorrectamente”.

Vejjajiva se refería al nuevo giro que ha tomado el “caso Bout” tras el anuncio del fallo del tribunal de apelaciones. Un nuevo giro que le ha otorgado a Bout un inesperado papel en la crisis política en la que esta sumida Tailandia desde hace años.

Hace algunas semanas, un diputado de la oposición y líder de los camisas rojas declaró que un diputado del Partido Demócrata de Vejjajiva y ayudante personal del primer ministro, Sirichok Sopha, había visitado a Bout en abril para preguntarle si el ex primer ministro Thaksin Shinawatra estaba relacionado con un avión cargado de armas procedente de Corea del Norte que fue incautado el año pasado en Bangkok, un caso en el que se sospecha que estaba involucrado Bout. Vejjajiva negó que se hubiera producido esa visita, pero después Sirichok reconoció que había hablado en la cárcel con Bout sobre el avión procedente de Corea, pero no sobre Thaksin. Sin embargo, la esposa de Bout hizo pública una declaración de su marido en la que éste afirmaba que el diputado fue a verle a la cárcel y le enseñó fotografías del avión privado de Thaksin, le pidió consejo para “interceptarlo” y detener a Thaksin y trató de vincularle al avión procedente de Corea del Norte. Por su parte, Thaksin ha anunciado que va a demandar a Sirichok por vincularle con el avión y el tráfico de armas.

Las implicaciones del “caso Bout” para la vida política tailandesa podrían alcanzar incluso a la sacrosanta familia real. Según un artículo publicado en el New York Times un día después del fallo sobre la extradición (del que a las pocas horas se retiraron todas las referencias a la corona), durante el juicio el abogado de Bout entregó una lista de testigos entre los que se encontraban algunos asesores de la casa real tailandesa. Cuando se produjo la detención de Bout, Rusia estaba manteniendo conversaciones con Tailandia para proporcionarle un submarino ligero en honor del rey Bhuimibol Adulyadej y sus más de sesenta años en el trono. Es posible que Bout estuviera relacionado con el asunto, lo que haría que la detención fuera sumamente embarazosa para la monarquía tailandesa y podría explicar en parte la razón por la que Tailandia se ha mostrado tan reticente a aprobar la extradición. ¿Hasta dónde llegan los contactos de Viktor Bout?

El 26 de noviembre de 1975, siete meses después de que los jemeres rojos tomaran Phnom Penh, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el ministro de Asuntos Exteriores tailandés Chatchai Chunhawan mantuvieron un “almuerzo informal” en la residencia del primero en Washington. Durante la conversación, Kissinger le pidió a Chatchai que les comunicara a los jemeres rojos que Estados Unidos, su antiguo enemigo, ahora quería ser su “amigo” [pdf] y añadió: “son unas bestias asesinas, pero no dejaremos que eso se interponga entre nosotros, estamos dispuestos a mejorar nuestras relaciones con ellos”. Además, Kissinger expresó su deseo de que Laos y Camboya se mantuvieran en la órbita china y actuaran como un “contrapeso” a Vietnam (y su principal aliado, la Unión Soviética) en la región.

Un grupo de guerrilleros se dispone a recibir al presidente del Gobierno de Coalición de la Kampuchea Democrática, Norodom Sihnaouk, en un campamento de la selva camboyana, el 7 de febrero de 1984 (AP Photo/Gary Mangkorn).

Aquélla conversación extraoficial, que no se haría pública hasta 2004, contiene algunas de las claves que explican las políticas que los diversos gobiernos de Estados Unidos, China, Tailandia y otros países adoptarían con respecto a Camboya y los jemeres rojos durante los siguientes tres decenios. Aquellas políticas, en las que primaban ante todo los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, fueron las que  hicieron posible la guerra civil que se prolongó en Camboya durante varios años tras la caída del régimen de Pol Pot y que no se haya juzgado a ningún alto cargo de los jemeres rojos hasta ahora.

El 7 de enero de 1979 el ejército vietnamita, con la ayuda de algunos desertores camboyanos liderados por Heng Samrin, tomó Phnom Penh tras una rápida ofensiva en Camboya. La Kampuchea Democrática de los jemeres rojos había llegado a su fin y se instaurauba la República Popular de Kampuchea con Heng Samrin como presidente. Aunque las tropas de Pol Pot sufrieron una aplastante derrota que en condiciones normales hubiera supuesto su final, pudieron recuperarse gracias a las ingentes cantidades de ayuda económica y militar que recibieron y que les permitieron librar una guerra contra el Gobierno de Samrin (y después el del actual primer ministro Hun Sen) durante años.

En el contexto de la guerra fría y tras la humillante derrota de Estados Unidos en Vietnam, los jemeres rojos pudieron sacar partido a una situación internacional sumamente propicia. La “ruptura chino-soviética”, que enfrentó a las dos principales potencias comunistas, se había consumado a finales de los sesenta y Estados Unidos y China habían iniciado un proceso de acercamiento que había comenzado a consolidarse con la espectacular visita del presidente Richard Nixon a China en 1972, durante la cual fue recibido por Mao Zedong. Al mismo tiempo, China estaba mejorando sus relaciones con los países del Sudeste Asiático pertenecientes ala ASEAN, especialmente con Tailandia, el principal aliado de Estados Unidos en la zona.

Los jemeres rojos de Pol Pot eran los más firmes aliados de China en la Indochina de los años setenta, mientras que Vietnam trataba de mantener un precario equilibrio entre la Unión Soviética y China, ya que ambos le habían ayudado en su guerra contra Estados Unidos. Cuando la guerra finalizó en 1975, Vietnam intentó normalizar sus relaciones con Estados Unidos, pero éste se negó a cumplir las vagas promesas que había hecho Nixon en 1973 de ayudarle a reconstruir el país y ese acercamiento no llegó a producirse. Tras más de tres décadas de guerra, Vietnam necesitaba ayuda urgentemente para poner la economía del país en marcha; China no podía proporcionársela y Estados Unidos se negaba a hacerlo, por lo que hubo de recurrir a la Unión Soviética, lo que le pondría en contra a las otras dos grandes potencias.

Cuando Vietnam inició la invasión de Camboya a finales de 1978, China, Estados Unidos y Tailandia dedujeron que todos sus temores habían estado fundados. Según ellos, la invasión demostraba que: (1) la URSS quería extender su influencia en todo el mundo, lo que preocupaba especialmente a China y Estados Unidos, (2) la “teoría del dominó” que había servido como justificación de la intervención norteamericana en Indochinaera  correcta, lo que suponía una legitimación a posteriori de la guerra de Vietnam para quienes seguíabn defendiéndola en Estados Unidos y (3) el verdadero propósito de Vietnam era crear una Federación Indochina y dominar Laos y Camboya, lo que preocupaba especialmente a Tailandia, enemigo histórico de Vietnam.

Ninguno de ellos tuvo en cuenta ni el carácter genocida del régimen de Pol Pot ni el hecho de que la invasión era una respuesta a los brutales ataques contra territorio vietnamita que el ejército camboyano llevaba lanzando desde al menos 1977, en los que habían muerto miles de campesinos vietnamitas, que el Gobierno de Vietnam había tratado de negociar una salida pacífica al conflicto con su antiguo aliado Pol Pot, ni que Vietnam nunca había tenido intención alguna de crear una Federación Indochina, ya que después de la guerra su único objetivo era emprender la reconstrucción de una economía devastada. [Véase el libro Red Brotherhood at War: Vietnam, Cambodia and Laos since 1975, de Gran Evans y Kelvin Rowley]

Tergiversando o ignorando algunos hechos cruciales para que la situación encajara con sus respectivos prejuicios e intenciones, China, Estados Unidos, Tailandia y otros muchos países decidieron que Vietnam era el país agresor de un estado soberano y legítimo (cuyo régimen dos de ellos habían combatido tan sólo cinco años antes) y que era necesario expulsarlo a cualquier precio de Camboya, sin importarles que ese precio pudiera ser volver a otorgar el poder a los genocidas jemeres rojos.

Manteniendo con vida a los jemeres rojos

Como cabía esperar, el Gobierno chino, el principal patrocinador de Pol Pot desde hacía años y su mayor fuente inspiración ideológica, fue el principal proveedor de armamento y ayuda económica de los jemeres rojos durante los años de la guerrilla tras la caída de la Kampuchea Democrática y además emprendió una breve guerra contra Vietnam en febrero de 1979. El objetivo de aquella guerra, que consistió en una serie de brutales ataques contra el norte de Vietnam a lo largo de toda la frontera con China en los que murieron decenas de miles de civiles, no era otro que “dar una lección” a su vecino del sur como represalia por la invasión de Camboya y los maltratos infligidos a los habitantes chinos de Vietnam tras la toma de Saigón cuatro años antes.

Mientras tanto, Tailandia ofrecía su territorio a los jemeres rojos para que se reagruparan y establecieran campamentos desde los que pudieran lanzar sus ataques contra el régimen de Heng Samrin. Además, la colaboración con la guerrilla resultó ser sumamente lucrativa para muchos tailandeses, que se enriquecieron enormemente con el comercio transfronterizo, especialmente cuando los jemeres rojos lograron apoderarse de la provincia de Pailin, rica en piedras preciosas. Tailandia colaboró con Pol Pot pese a que sus tropas habían emprendido numerosas incursiones en las provincias orientales de Tailandia (cuya población es mayoritariamente jemer) durante el periodo de la Kampuchea Democrática, incursiones que el Gobierno tailandés atribuyó a “elementos descontrolados” de los jemeres rojos, exonerando así al Gobierno central camboyano.

Otro importante aliado de los jemeres rojos durante años, quizá el más relevante desde el punto de vista diplomático, fue Estados Unidos. Según el periodista australiano John Pilger, el Gobierno estadounidense proporcionó a las guerrillas de Pol Pot [pdf] 85 millones de dólares entre 1980 y 1986. Además, Estados Unidos creó el Kampuchean Emergency Group (KEG) para controlar la distribución de ayuda humanitaria occidental en los campos de refugiados en Tailandia, la mayoría de los cuales estaban férreamente controlados por los jemeres rojos. En 1980, por ejemplo, Estados Unidos presionó al Programa Mundial de Alimentos para que donara alimentos por valor de 12 millones de dólares al ejército tailandés para que éste se los entregara a los jemeres rojos; según Richard Holbrooke, que había trabajado como asesor del secretario de Estado para Asia, se beneficiaron de aquella ayuda entre 20.000 y 40.000 jemeres rojs.

Al mismo tiempo que Estados Unidos utilizaba la ayuda humanitaria como un instrumento político para fortalecer a sus aliados, el presidente Jimmy Carter acusaba a Vietnam de matar de hambre deliberadamente al pueblo camboyano “con objetivos políticos”.  El reparto de la ayuda en Camboya era sumamente difícil: después de una guerra civil y del régimen de la Kampuchea Democrática, era un país destrozado que estaba bajo el control de un país empobrecido que había salido recientemente de una cruenta guerra que había durado más de treinta años y además, tanto Camboya como Vietnam, sufrían un estricto embargo comercial internacional. Por otro lado, la mayoría de los países no reconocían al Gobierno de la República Popular de Kampuchea de Heng Samrin, con la excepción de Vietnam, la Unión Soviética y sus aliados. Heng Samrin y Vietnam tenían toda la razón del mundo en desconfiar de la ayuda que querían prestar unos países que estaban dispuestos a volver a enregar el poder a Pol Pot.

Gracias al apoyo diplomático de potencias como China, Estados Unidos, los países de la ASEAN, Reino Unido (cuyas fuerzas especiales además entrenaron a las guerrillas de Pol Pot durante años) o Australia, los jemeres rojos pudieron conservar el asiento de Camboya en la ONU con el nombre de Kampuchea Democrática. Pero la opinión pública mundial comenzó a tomar cada vez más conciencia de las atrocidades cometidas por el régimen de Pol Pot, por lo que se hizo necesario un lavado de cara. En 1982 se creó el Gobierno de Coalición de la Kampuchea Democrática formada por los jemeres rojos y dos facciones menores no comunistas: el monárquico FUNCINPEC del príncipe Norodom Sihanouk y el Frente Nacional de Liberación del Pueblo Jemer de Son Sann. Aunque oficialmente la coalición estaba presidida por Sihanouk (que ya había sido jefe de Estado durante el primer año de la Kampuchea Democrática), en realidad estaba dominada por los jemeres rojos, que contaban con muchas más tropas sobre el terreno, y seguía ocupando el asiento de la ONU su representante Thiounn Prasith, asesor del ministro de Asuntos Exteriores Ieng Sary durante el régimen de Pol Pot que después residiría en Nueva York al menos hasta finales de los años noventa.

Mientra tanto, la ONU seguía imponiendo embargos comerciales a Camboya y la guerra civil continuaba devastando el país y frenando su desarrollo. Las guerrillas de la coalición llegaron a controlar provincias enteras y todos los bandos sembraron el campo de minas antipersona que todavía matan y mutilan cada año a centenares de camboyanos.

El final de la guerra fría

En 1989, cuando la Unión Soviética había normalizado sus relaciones con China y estaba a punto de implosionar, Vietnam ya no podía permitirse mantener una presencia militar constante en Camboya, por lo que decidió retirarse totalmente del país. Pese al apoyo internacional a los jemeres rojos y al aislamiento del Gobierno, éste consiguió contener a las guerrillas y, dos años después de la retirada de Vietnam, las guerrillas de la oposición sólo controlaban un 10 por ciento del territorio del país. La guerra civil había llegado a un punto muerto. Al mismo tiempo, con la caída de la URSS, Vietnam también tuvo que acercarse a China, que se había convertido en la potencia dominante en la región. Todo ello desencadenó un proceso de negociación que culminaría con la firma de los Acuerdos de paz de París en 1991 entre las cuatro partes del conflicto.

El ejército vietnamita inicia la retirada de Camboya, Phnom Penh, 18 de septiembre de 1989 (AP Photo/Gary Mangkorn).

Debido a las presiones de la ONU, el primer ministro Hun Sen se vio obligado a renunciar a su exigencia de juzgar a los responsables del genocidio de la Kampuchea Democrática para poder negociar la paz. Los acuerdos estipulaban la formación de un Consejo Nacional Supremo provisional integrado por representantes de todas las partes, el compromiso de las facciones en conflicto a desarmarse y la convocatoria de unas elecciones en el año 1993 en las que tendrían derecho a participar todas las partes del conflicto, todo ello bajo la autoridad provisional de la ONU, a través de una agencia especial creada para la ocasión: la UNTAC.

Sin embargo, los jemeres rojos, tras firmar los acuerdos en París y probablemente previendo una derrota en las urnas, se negaron a entregar las armas y decidieron boicotear las elecciones. Durante los meses anteriores a la votación lanzaron varios ataques contra el Gobierno, los efectivos de la ONU e incluso contra civiles. En el peor de todos, mataron a treinta y tres pescadores vietnamitas (entre ellos diez niños) en el lago de Tonle Sap tres meses antes de los comicios.

Finalmente, ganó las elecciones el FUNCINPEC de Norodom Sihanouk por mayoría simple, pero el Partido del Pueblo Camboyano de Hun Sen se negó a reconocer los resultados y obligó a instaurar un Gobierno de coalición con dos primeros ministros: él y el hijo de Sihanouk, Norodom Ranariddh. En cualquier caso, las elecciones supusieron el principio del fin de los jemeres rojos y, aunque aún tardarían algunos años en desaparecer como fuerza política, fue entonces cuando comenzaron a perder sus apoyos entre la comunidad internacional.

Al año siguiente, el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada “Cambodian Genocide Justice Act”, que declaraba que la política de Estados Unidos era “apoyar cualquier intento de llevar ante la justicia a los miembros de los jemeres rojos por los crímenes contra la humanidad cometidos en Camboya entre el 17 de abril de 1975 y el 7 de enero de 1979”, lo que excluía los períodos comprendidos entre 1970 y 1975 (cuando Estados Unidos bombardeó ilegalmente Camboya matando a centenares de miles de civiles) y entre 1979 y 1989 (cuando apoyó activamente a los jemeres rojos). La ley que establecería diez años después [pdf] el tribunal que ahora está juzgando a los altos cargos de la Kampuchea Democrática también determina los mismos límites: el tribunal sólo tiene potestad para juzgar a camboyanos por los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo en el que el país estuvo cerrado a cal y canto.

Pese a todo, los jemeres rojos aún plantarían batalla al Gobierno camboyano durante al menos dos años más y no se desmantelaría totalmente hasta 1999. En 1996, el ex ministro de Asuntos Exteriores de la Kampuchea Democrática, Ieng Sary, se entregó al Gobierno con las guerrilleros a su mando, lo que supuso un golpe mortal para los jemeres rojos. A cambio, Norodom Sihanouk concedió una amnistía real a Ieng Sary, que había sido condenado a muerte in absentia en 1979 por un tribunal del Gobierno de Heng Samrin, y a sus hombres, muchos de los cuales pasaron a formar parte del ejército regular del Gobierno de Hun Sen.

Ieng Sary es ahora uno de los cuatro acusados que han de comparecer ante el tribunal internacional mixto creado por la ONU y el Gobierno de Camboya en 2004 tras siete años de duras negociaciones. Otros importantes líderes de la Kampuchea Democrática nunca llegaron a comparecer ante la justicia. Son Sen, el viceprimer ministro y ministro de Defensa de la Kampuchea Democrática, fue ejecutado en 1997 junto a diez miembros de su familia por orden de Pol Pot, que sospechaba que pretendía traicionarle. El propio Pol Pot, el máximo responsable del genocidio camboyano, murió el 15 de abril de 1998 en su cama, cuando se encontraba bajo arresto domiciliario tras un juicio celebrado en el último bastión de los jemeres rojos, por el asesinato de Son Sen y su familia. Unas horas antes, la emisora Voice of America, que Pol Pot escuchaba todos los días, dio la noticia de que los jemeres rojos habían anunciado su intención de entregarle para que le juzgara un tribunal internacional.

Camboya y los jemeres rojos en Periodismo Humano:

Justicia tardía

El régimen de Pol Pot

El hombre que encontró a Duch. Entrevista al fotoperiodista Nic Dunlop, autor del libro Tras las huellas del verdugo

La primera sentencia contra un alto cargo del régimen de los jemeres rojos, el director de la prisión S-21, Duch, ha vuelto a poner de actualidad uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea: el genocidio que tuvo lugar en Camboya entre abril de 1975 y enero de 1979,  una tragedia en la que se calcula que durante aquellos tres años y medio murieron alrededor de 1,7 millones de camboyanos, aproximadamente una quinta parte de la población total, debido a las ejecuciones masivas y al exceso de trabajo, el hambre y las enfermedades.

Osario de víctimas de los jemeres rojos desenterradas en Choeung Ek, a quince kilómetro de Phnom Penh (AP Photo/John Laird).

Treinta años después de la caída del régimen de los jemeres rojos y menos de un decenio después de la muerte de Pol Pot, ambos siguen ocupando un lugar destacado en el imaginario colectivo como símbolos del mal absoluto y la barbarie totalitaria en un siglo en el que abundaron los genocidios. Pero, ¿quiénes eran realmente los jemeres rojos? ¿Cómo llegaron al poder? ¿En qué consistían sus políticas? ¿Quiénes eran sus víctimas, sus enemigos y sus aliados?

Los orígenes del partido

En 1951, en plena lucha contra el Gobierno colonial francés y dos años antes de la independencia de Camboya, el Partido Comunista de Indochina, presidido por Ho Chi Minh, fue dividido en tres partidos nacionales supuestamente independientes: el vietnamita, el camboyano y el laosiano. El principal objetivo de aquellos partidos clandestinos férreamente controlados por los vietnamitas era apoyar la lucha de liberación de Vietnam contra el imperialismo francés y, más tarde, contra la intervención estadounidense en Indochina.

Por aquella época un joven camboyano perteneciente a una próspera familia de propietarios, Saloth Sar, al que con el tiempo se conocería como Pol Pot, estudiaba una diplomatura en radioelectricidad en París gracias a una beca del Gobierno francés. En París, Sar se afilió al Partido Comunista Francés y conoció a otros estudiantes camboyanos, como Ieng Sary o Son Sen, que más tarde ocuparían altos cargos en la Kampuchea Democrática. Tras su vuelta a Indochina, todos ellos se afiliaron al Partido Comunista de Camboya y formaron una facción, opuesta a los veteranos provietnamitas del partido, que poco a poco se haría con las riendas del mismo.

En 1954 se celebró la Conferencia de Ginebra tras la victoria del Vietminh contra los franceses en la batalla de Dien Bien Phu. Los Acuerdos de Ginebra reconocían la plena independencia de Camboya y Laos y dividían provisionalmente Vietnam en dos países independientes: la República Democrática de Vietnam en el norte y el Estado de Vietnam en el sur .

Según los acuerdos, ambos países debían celebrar  en el plazo de un año un referéndum para decidir si se unían, pero aquella consulta nunca llegó a realizarse. Estados Unidos, que se había negado a firmar los acuerdos de Ginebra [pdf], se aseguró de impedirlo y apoyó al Gobierno dictatorial del sur, lo que desencadenaría la segunda guerra de Indochina entre la República Democrática de Vietnam y el Frente de Liberación de Vietnam en un bando y Estados Unidos y los diferentes gobiernos títeres de la República de Vietnam en el otro. En una de las mayores y más trágicas ironías de la historia, Vietnam habría de luchar por la emancipación de todo su territorio contra el país cuya declaración de independencia había leído Ho Chi Minh en septiembre de 1945 para proclamar la independencia del suyo.

En 1960, el Partido de los Trabajadores de Vietnam convocó un congreso en Hanoi en el que decidió “liberar el Sur” del “Imperialismo estadounidense y sus secuaces”. Dos semanas después, el Partido Comunista de Camboya celebró un congreso secreto en Phnom Penh en el que se nombró un nuevo Comité Central formado por Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary y otros diecinueve miembros, y se rebautizó el partido como Partido de los Trabajadores de Kampuchea. Pese a que el partido siguió cumpliendo las órdenes de Hanoi al menos durante doce años más, a partir de aquel momento el control estuvo en manos de la facción de Pol Pot y el “grupo de París”. De hecho, la historiografía oficial de la Kampuchea Democrática sostendría que el partido fue fundado en aquel momento, eliminando de un plumazo sus nueve años anteriores de existencia y se castigaría con la muerte a quien osara afirmar que había sido fundado en 1951.

El auge de los jemeres rojos

A lo largo de la guerra de Vietnam, el Gobierno camboyano del príncipe Norodom Sihanouk adoptó unaq política de neutralidad. Estados Unidos interpretó aquella neutralidad como un apoyo encubierto a los comunistas, que utilizaban el territorio camboyano para transportar armas de la República Democrática de Vietnam a Vietnam del Sur a través de la célebre “Ruta Ho Chi Minh” , mientras Sihanouk combatía de forma despiadada cualquier tipo de oposición, especialmente la del Partido de los Trabajadores de Kampuchea, a cuyos miembros bautizó como khmer rouge (jemeres rojos en francés).

En 1970, el general Lon Nol dio un golpe de Estado en Camboya, probablemente con la aquiescencia de Estados Unidos, expulsó del poder al príncipe Sihanouk y anunció que combatiría con todas sus fuerzas a los vietnamitas que utilizaran el territorio camboyano como santuario o para abastecer al Vietcong. Sihanouk se unió a sus antiguos enemigos, los jemeres rojos, e hizo un llamamiento al campesinado para que se uniera a la guerrilla.

Estados Unidos, por su parte, llevaba realizando bombardeos selectivos e incursiones secretas en territorio camboyano desde 1965. En 1969, el presidente Richard Nixon decidió intensificar los ataque aéreos y utilizar aviones B-52 en una brutal campaña de bombardeos de saturación. Sin informar al Congreso de Estados Unidos acerca de las operaciones, Nixon ordenó al ejército utilizar “cualquier cosa que vuele contra cualquier cosa que se mueva” [pdf]. Entre 1969 y 1973, cuando el Congreso decidió poner fin a la operación, Estados Unidos bombardeó de forma masiva el campo y los pueblos del este de Camboy,a matando a cientos de miles de civiles.

Durante aquellos años, Estados Unidos lanzó un total de 2.756.941 de toneladas de bombas sobre territorio camboyano. Para hacerse una idea de lo que supone esa cifra en un país tan pequeño como Camboya hay que tener en cuenta que, durante toda la segunda guerra mundial, los aliados lanzaron en total algo más de dos millones de bombas, incluidas las de Hiroshima y Nagasaki.

En un principio, el objetivo de los bombardeos era impedir los suministros al Vietcong. Después, se utilizaron para detener el avance de los jemeres rojos contra las tropas de Lon Nol, un avance que, paradójicamente, se vio propulsado de forma decisiva por los bombardeos, ya que gran parte de la población se unió a la insurgencia precisamente como reacción a estos. Antes de que comenzasen, los jemeres rojos sólo  contaban con varios miles de hombres. En 1973, cuando finalizaron los bombardeos, tenían un ejército de más de 200.000 milicianos (una historia que probablemente se esté repitiendo en Afganistán y Pakistán). El propio Hun Sen, actual primer ministro de Camboya, ha declarado que se unió a la insurgencia debido a la intervención estadounidense en su país. El 17 de abril de 1975 tomaron Phnom Penh y vencieron definitivamente a Lon Nol, que había huido de la capital del país dos semanas antes con rumbo a Hawai. La victoria de Pol Pot supuso el fin de la guerra civil que había devastado el país,  pero lo peor estaba por llegar.

La Kampuchea Democrática

Inmediatamente después de tomar la capital del país, los líderes de los jemeres rojos dieron la orden de evacuarla completamente junto a otras ciudades. La evacuación de los dos millones de habitantes de Phnom Penh se produjo en muy pocos días y en ella murieron unas veinte mil personas, muchas de ellas a causa del agotamiento provocado por las largas caminatas y muchas otras ejecutadas, sobre todo ex funcionarios y soldados del régimen anterior.

La evacuación de las ciudades permitió al Gobierno de los jemeres rojos ejercer un control mayor sobre la población. Aquellos líderes, en su mayor parte eran urbanitas de clase media sin apenas experiencia en las labores del campo, pretendían construir una utopía agrícola que acabaría por destruir la forma de vida y los valores del campesinado (la familia o la religión budista). En seguida dividieron a la población en dos categorías: la “gente de base”, los campesinos que vivían en las zonas controladas por el partido antes de la toma de Phnom Penh, y la “gente nueva”, los habitantes de las ciudades controladas por el Gobierno de Lon Nol, a los que acusaban de profesar unos valores burgueses y explotar a los campesinos.

A principios de 1976, el Gobierno central puso en marcha un plan cuatrienal para imponer rápidamente su idea del socialismo en Camboya. Abolió la propiedad privada, la religión y el dinero, desmanteló completamente los sistemas educativo y judicial, y redujo la sociedad camboyana a una serie de cooperativas sometidas a un férreo control: la población debía trabajar de sol a sol para cumplir unas cuotas de producción totalmente disparatadas.

A partir de antiguas leyendas sobre el sistema de riego del imperio jemer de Angkor, Pol Pot estableció unos objetivos de producción de tres toneladas de arroz por hectárea. Cuando las cooperativas no conseguían cumplir las cuotas, se acusaba con frecuencia a los responsables eran acusados de tratar de sabotear el proyecto socialista de la Kampuchea Democrática y se les detenía y ejecutaba.

Además, el Gobierno central aplicó una política de “jemerización” y uniformidad étnica total. El uso de cualquier otro idioma que no fuera el jemer estaba penado con la muerte y las principales minorías étnicas del país sufrieron una feroz persecución [doc]. Las principales víctimas de aquella limpieza étnica fueron los vietnamitas (que fueron totalmente eliminados), los cham musulmanes y, en menor medida, los chinos.

La característica más notable del Gobierno de la Kampuchea Democrática era el secretismo. El Gobierno central (llamado Angkar) no hizo pública la identidad, del primer ministro, un “trabajador de una plantación de caucho” llamado Pol Pot, hasta abril de 1976,  y éste no aparecería ejn público por primera vez hasta finales de septiembre del año siguiente, cuando fue recibido en Pekín con todos los honores por los más altos dignatarios del principal aliado de la Kampuchea Democrática, China. Fue entonces cuando algunos observadores identificaron a Pol Pot como Saloth Sar.

Se ha discutido mucho sobre la ideología de los jemeres rojos. Pol Pot no escribió ninguna declaración de principios sistemática como el Libro Rojo de Mao. Pese a que afirmó en una de las pocas entrevistas que concedió que no se habían basado en ningún modelo para construir su nueva sociedad, es probable que ejercieran una gran influencia la China comunista de Mao (que Pol Pot visitó a mediados de los sesenta),  su “gran salto adelante” y su “revolución cultural”, aunque había importantes diferencias entre las revoluciones de ambos países y más que un modelo a imitar, se considerase el maoísmo una doctrina que debía ser corregida y superada [doc].

Según el especialista Ben Kiernan, quizá la máxima autoridad mundial sobre la Kampuchea Democrática, las características que mejor definen la ideología del “polpotismo” [pdf] son, además del comunismo, la xenofobia y un nacionalismo primitivo y feroz que, unidos a ciertos mitos sobre el antiguo esplendor del imperio jemer y a la larga historia de enfrentamientos con sus vecinos (Tailandia y, sobre todo, Vietnam), acabarían desembocando en un genocidio.

Guerra entre antiguos compañeros de armas

Dos semanas después de la caída de Phnom Penh las tropas de Vietnam del Norte liberaron Saigón. Las relaciones entre los partidos comunistas de Vietnam y de Camboya se habían ido deteriorando progresivamente desde el principio de la guerra civil camboyana y cuando ambos alcanzaron sus objetivos, la colaboración entre ellos  dejó de ser necesaria y afloraron viejas y enquistadas rencillas entre los dos países. El conflicto acabaría desembocando en una guerra abierta cuando, a partir de 1977, Camboya lanzó una serie de ataques, en los que murieron decenas de miles de civiles vietnamitas, para “liberar Kampuchea Krom” [doc], la regíon meridional de Vietnam, un territorio que según los jemeres había pertenecido a Camboya durante dos mil años y cuya recuperación era uno de los principales objetivos declarados la revolución. De hecho, la economía estaba puesta al servicio de la guerra y una gran parte de los beneficios obtenidos de la exportación de arroz (sobre todo a China y Corea del Norte) se invirtieron en comprar armamento a China para librarla.

La guerra también afectó al equilibrio de poder interno en la Kampuchea Democrática cuando, en 1977, el Gobierno central inició una serie de purgas masivas entre los altos mandos del ejército de las regiones del este del país antes de los ataques contra Vietnam. Muchos de aquellos militares acabarían sus días en la prisión S-21 de Phnom Penh, torturados y asesinados tras confesar sus crímenes, reales o imaginarios, contra la Kampuchea Democrática. Otros, como el actual primer ministro de Camboya, Hun Sen, huyeron a Vietnam y lucharon contra los jemeres rojos.

A finales de 1977, la Kampuchea Democrática puso fin a las relaciones diplomáticas con Vietnam. La guerra se fue reecrudeciendo hasta que en diciembre de 1978 Vietnam lanzó su gran ofensiva final contra Camboya con la ayuda de antiguos miembros de los jemeres rojos liderados por Heng Samrin y Hun Sen. El 7 de enero de 1979, los vietnamitas lograron conquistar la mayor parte del país y tomar Phnom Penh. Pol Pot y los demás líderes huyeron a la selva del oeste del país. Pese a la propaganda antivietnamita y a la eterna hostilidad entre ambos países, por la mayor parte del pueblo camboyano los recibió como libertadores. Sin embargo, no supuso el final de los jemeres rojos: los responsables de uno de los mayores genocidios de la historia contaban con poderosos aliados en la comunidad internacional, un tema que abordaremos próximamente.

Bibliografía:

-Nayan Chanda: Brother Enemy: The War after the War. A History of Indochina since the fall of Saigon

-David Chandler: Brother Number One: A political Biography of Pol Pot

-Ben Kiernan: The Pol Pot Regime: Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79

-Marilyn Young: The Vietnam Wars. 1945-1990

El pasado lunes se dictó en Phnom Penh la primera sentencia contra un alto cargo de los jemeres rojos, Kaing Guek Eav, alías Duch, director de Tuol Sleng, o S-21, el principal centro de detención de la Kampuchea Democrática. Han tenido que transcurrir tres décadas desde el genocidio camboyano, en el que murieron alrededor de 1,7 millones de personas, para que comience a hacerse justicia en el país asiático.

Kaing Guek Eav, Duch, escucha la sentencia del tribunal que juzga a los jemeres rojos , el pasado 26 de julio en Phnom Penh (AP Photo/Heng Sinith).

El tribunal mixto, (nacional e internacional, compuesto por tres jueces camboyanos y dos extranjeros nombrados por la ONU), declaró a Duch culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los algo menos de cuatro años en que dirigio el centro de torturas S-21 como el más eficiente de los funcionarios. Unos años en los que ordenó interrogar, torturar y ejecutar a más de 14.000 prisioneros políticos a los que obligaba a redactar unas confesiones que en su mayoría eran falsas y cuya única finalidad real era alimentar las teorías conspirativas y la paranoia de los dirigentes del régimen. Según la perversa lógica que reinaba en la Kampuchea Democrática y en Tuol Sleng la sospecha era sinónimo de culpabilidad y las torturas producían inexorablemente confesiones en las que era necesario dar nombres de nuevos sospechosos, los cuales redactaban a su vez nuevas confesiones que volvían a poner en marcha todo el proceso. Un círculo vicioso que no tenía fin ya que, por definición, los miembros del Gobierno de la Kampuchea Democrática no podían equivocarse al señalar a sus enemigos.

Por esos crímenes Duch ha sido condenado a 35 años de cárcel (cinco menos de los que pedía la acusación), de los cuales se le han descontado los once que ya ha pasado entre rejas desde su detención en 1999 y otros cinco por haber estado ocho años detenido ilegalmente en una prisión militar camboyana. Según la ley camboyana, Duch podría optar a la libertad condicional por buen comportamiento cuando cumpla dos terceras partes de su condena. Sus abogados ya han anunciado que van a recurrir la sentencia.

El tribunal ha tenido en cuenta varios factores atenuantes para imponer una condena limitada en lugar de la cadena perpetua que pedían muchas de las víctimas: la colaboración del acusado con el Tribunal (que podría ser enormemente valiosa durante el próximo juicio), el hecho de que reconociera su responsabilidad en los delitos que se le imputaban, sus muestras de arrepentimiento (aunque este factor perdió fuerza cuando pidió la absolución al final del juicio aduciendo que sólo estaba cumpliendo órdenes), el “ambiente coercitivo” del régimen y el potencial de rehabilitación del reo. La sentencia [pdf] fue aprobada por la mayoría de los jueces que componen el tribunal, con la excepción del francés Jean-Marc Lavergne, que abogaba [pdf] por imponer una pena de 30 años en lugar de 35.

Una sentencia polémica

El fallo no ha estado exento de polémica. Muchos consideran que es demasiado leve teniendo en cuenta los crímenes del acusado, una opinión que ha resaltado gran parte de la prensa internacional. Algunas víctimas, entre ellas Chum Mey, uno de los pocos supervivientes de la prisión, expresaron su indignación ante el hecho de que Duch pueda volver a ser un hombre libre algún día y el ministro de Asuntos Exteriores camboyano, Hor Namhong, calificó la sentencia de excesivamente benévola. Según The Phnom Penh Post la reacción de los camboyanos ha sido ambivalente, probablemente más de lo que los medios extranjeros han dado a entender. Otro superviviente de S-21, el pintor Vann Nath, declaró que aceptaba el veredicto y lo calificó de “justo”. El periodista camboyano Thet Sambath, co-director del documental Enemies of the People y cuyos padres y hermano murieron a manos de los jemeres rojos, publicó el martes un artículo en The Guardian en el que defendía la sentencia y afirmaba que la justicia no debe ser “vengativa”.

Según el experto en derecho internacional y asesor legal del Centro de Documentación de Camboya John C. Ciorciari, el tribunal ha celebrado un juicio justo, ha establecido la culpabilidad del acusado de forma admirable y ha intentado imponer a Duch una pena razonable, en una sentencia que iba a suscitar polémica de todos modos. No obstante, Ciorciari advierte que el tribunal debe introducir mejoras en el papel que desempeñan las partes civiles y en la cuestión de las reparaciones a las víctimas.

Chum Mey, superviviente de la prisión S-21, a la salida del tribunal, el pasado 26 de julio (AP Photo/Heng Sinith).

Éste es el primer tribunal internacional que permite participar a las víctimas como partes civiles. A través de la Unidad de víctimas pueden hacer peticiones a los fiscales, tomar parte en las investigaciones o intervenir en el proceso haciendo preguntas al acusado y citando a testigos. También pueden exigir compensaciones “morales y colectivas”. En este último punto, el tribunal se ha limitado a acceder a la petición de incluir los nombres de las partes civiles en la sentencia y su vinculación con el caso y de publicar todas las declaraciones de disculpa hechas por Duch a lo largo del juicio. El tribunal rechazó el resto de peticiones, que incluían la financiación de programas de educación sobre los crímenes cometidos durante el régimen de los jemeres rojos o la construcción de pagodas en recuerdo de las víctimas, aduciendo que no eran de su competencia, lo que ha decepcionado profundamente a las partes civiles. Además, muchas de las 93 víctimas que participaron en el proceso no han sido reconocidas como partes civiles en la sentencia.

Duch no formaba parte de la cúpula dirigente de los jemeres rojos y era básicamente un alto funcionario que no tenía poder para determinar las políticas del régimen, por lo que, en cietrto modo, el verdadero juicio a los jemeres rojos aún no ha comenzado. Se trata del caso 002, que se prevé que comience el año que viene, contra los máximos líderes del régimen: Nuon Chea (el “hermano número dos”, ideólogo del movimiento y el líder de los jemeres rojos de más alto rango que queda con vida), Ieng Sary (vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Kampuchea Democrática), Ieng Thirith (mujer del anterior y ministra de Asuntos Sociales) y Khieu Samphan (presidente del Presidium del Estado). Teniendo en cuenta la lentitud del proceso judicial, la edad de los acusados (todos ellos octogenarios) y su negativa a admitir sus crímenes y a colaborar con el Tribunal (al contrario que Duch), el próximo juicio se presenta más complicado que el anterior, sobre todo debido a la posibilidad de que los reos mueran antes de que finalice.

Un tribunal complejo con una larga historia

Las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya, el tribunal mixto auspiciado por la ONU encargado de juzgar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio perpetrados por el régimen de la Kampuchea Democrática entre el 17 de abril de 1975 y el 7 de enero de 1979, se instituyeron oficialmente a principios de 2006, pero la primera vista del juicio no se celebró hasta febrero del año pasado. El Tribunal mixto se instauró definitivamente tras nueve años de arduas negociaciones entre el Gobierno camboyano y las Naciones Unidas, que dieron comienzo cuando en 1997 los entonces dos primeros ministros de Camboya solicitaron ayuda a la ONU para organizar un proceso contra los líderes de los jemeres rojos, nueve años en los que tanto la ONU como el Gobierno de Camboya trataron de asumir el mayor control posible del tribunal en un clima de desconfianza mutuo y en medio de una situación interna sumamente inestable.

El funcionamiento del tribunal se ha visto obstaculizado por problemas de corrupción y de escasez de fondos. La estructura mixta del Tribunal, y el hecho de que se base tanto en el ordenamiento jurídico camboyano como en el derecho internacional, complican enormemente el proceso. Además, se ha acusado al Gobierno camboyano de interferir en el juicio. El año pasado, el primer ministro Hun Sen se opuso a que el tribunal juzgara a más acusados de los cinco previstos, alegando que tratar de detener a más dirigentes podría desencadenar una guerra civil. El fiscal de la parte internacional, el canadiense, Robert Petit, trató de encausar a seis altos cargos más cuya identidad no se ha revelado. La fiscal camboyana, Chea Lean, se opuso rotundamente a que se realizaran nuevas investigaciones para no poner en peligro el proceso de reconciliación nacional y amparándose en el “espíritu de la ley” que regula el tribunal.

La cuestión del número de acusados ha sido y continúa siendo objeto de una gran polémica. En un principio, el Tribunal está capacitado para juzgar a los “principales líderes del régimen con mayor responsabilidad en los crímenes cometidos”, lo que no acota el número de posibles reos.

El poder de la Kampuchea Democrática lo detentaba el Comité Permanente del Partido Comunista de Kampuchea, formado por 11 miembros. Además, había varios miembros del partido candidatos al Comité. Ambas categorías incluían a unas 20 personas, de las cuales han muerto todas excepto los cinco acusados, que ocupabaan los puestos segundo (Nuon Chea), tercero (Ieng Sary), noveno (Kieu Samphan) y undécimo (Khieu Thirith) en la jerarquía del régimen, además de Duch [véase el libro The Pol Pot Regime, de Ben Kiernan, el estudio más completo sobre el régimen de la Kampuchea Democrática].

Nadie niega que algunos antiguos jemeres rojos ocupan puestos de responsabilidad en el actual Gobierno y  el ejército camboyano, y no cabe ninguna duda de que ésa es una de las razones por las que el primer ministro Hun Sen se opone a que se juzgue a más personas, pero a menudo se exagera esa acusación hasta límites absurdos. En numerosas ocasiones los medios de comunicación mencionan de manera bastante maliciosa que el propio Hun Sen fue un oficial del ejército de los jemeres rojos e incluso Human Rights Watch se ha referido a él como un “comandante de los jemeres rojos”, sin más explicaciones, en un comunicado de prensa en el que criticaba la injerencia del Gobierno camboyano en el tribunal.

Lo que esos medios o Human Rights Watch olvidan mencionar es que Hun Sen, que perdió un ojo combatiendo con los jemeres rojos al régimen de Lon Nol respaldado por Estados Unidos, por lo que no pudo participar en la toma de Phnom Penh en 1975, huyó a Vietnam en 1977 junto a Heng Samrin y otros oficiales que dos años después participarían en la liberación de Camboya del yugo de los jemeres rojos junto al ejército vietnamita, poniendo fin al genocidio perpetrado por Pol Pot y los suyos. Según el especialista Ben Kiernan, no existe prueba alguna de que participasen en matanzas masivas de civiles esos oficiales de las regiones orientales del país, una zona en la que las condiciones eran mucho mejores que en otras partes del país hasta que a partir de finales de 1976 fueron destinados allí oficiales más leales a Pol Pot procedentes de otras regiones. Es cierto que desde que Hun Sen fue nombrado primer ministro en 1985 su Gobierno se ha vuelto cada vez más dictatorial y ha puesto literalmente el país en venta a costa de los sectores más pobres, pero acusarle de ser un jemer rojo es simplemente absurdo.

En ese sentido, probablemente la ONU y la llamada “comunidad internacional” tengan mucho más que callar que Hun Sen. Empeñados a negarse a reconocer al Gobierno instalado en Phnom Penh por los vietnamitas en 1979, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y los países de la ASEAN se aseguraron de que el asiento de Camboya en las Naciones Unidas lo ocupara el representante de los jemeres rojos mientras proporcionaban apoyo económico, político y militar a los genocidas que se habían refugiado en la selva camboyana, unto a la frontera tailandesa, un tema que trataremos en otro artículo.

Las críticas al Gobierno camboyano de corrupción e injerencia política en los juicios son perfectamente legítimas, pero están teñidas de hipocresía y tienen una enrome carga neocolonial si no se menciona el vergonzoso papel que desempeñó durante años la otra parte del tribunal, la ONU y la “comunidad internacional”, los verdaderos culpables de que no se haya comenzado hasta ahora a administrar la justicia que el pueblo y el Gobierno camboyanos han estado exigiendo desde que finalizó el genocidio hace más de treinta años.

Han transcurrido seis meses desde que un terremoto de siete grados en la escala de Richter sacudiera Haití, arrasando la capital Puerto Príncipe, matando a unas 230.000 personas y dejando sin hogar a otro millón y medio de sus habitantes. Como es habitual en estos casos, poco después de la catástrofe, muchos países se comprometieron a ayudar a reconstruir un país devastado, pero casi ninguna de esas promesas se ha cumplido: los haitianos, una vez más, han de arreglárselas solos para sobrevivir.

Un hombre camina por una calle de Puerto Príncipe, el pasado 12 de julio (AP Photo/Alexandre Meneghini).

Como en tantas otras catástrofes naturales, el mundo ha hecho unas promesas que no parece estar dispuesto a cumplir. El pasado mes de marzo se reunieron en Nueva York más de cien países y se comprometieron a donar más de cinco mil millones de dólares en los próximos dos años y unos diez mil millones a lo largo del siguiente decenio. Los países donantes sólo han desembolsado un dos por ciento del dinero prometido a corto plazo y la inmensa mayoría no han aportado absolutamente nada; sólo cuatro de ellos han entregado algún dinero (Noruega, Australia, Estonia y Brasil, el único que ha dado todo lo que había prometido). El organismo encargado de gestionar la ayuda, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida por Bill Clinton y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, no se reunió por primera vez hasta el pasado 17 de junio.

Esa inacción es especialmente sangrante en el caso de Haití, uno de los países más explotados, expoliados y maltratados por esa misma comunidad internacional que ahora se presenta como su salvadora. Si la magnitud de la devastación del terremoto, una catástrofe ocurrida en medio de una tragedia, fue tan enorme, se debe en gran medida a una pobreza extrema consecuencia de siglos de rapiña de las potencias extranjeras y varios decenios de mortíferos programas de ajuste estructural del FMI. Nada de eso ha cambiado tras el seísmo.

Medio año después de aquel doce de enero, ni siquiera ha comenzado la reconstrucción del país. Mientras el presidente de Haití, René Preval, entregaba el lunes en Puerto Príncipe varias medallas a un grupo de políticos, directivos de organismos internacionales, periodistas y actores (entre ellos Bill Clinton, el periodista de la CNN Anderson Cooper y el actor Sean Penn) por sus labores de ayuda, un millón y medio de haitianos que perdieron sus hogares aún viven en más de mil doscientos campamentos, en unas condiciones a menudo enormemente precarias. Sólo una cuarta parte de esos campamentos están gestionados por organizaciones humanitarias, el resto están abandonados a su suerte. Ninguno de ellos está preparado para soportar la temporada de huracanes, que se prolonga desde junio hasta finales de noviembre y que se prevé que este año sea especialmente virulenta.

El presidente Preval y el primer ministro Bellerive aprovecharon la ocasión para anunciar que había finalizado en Haití la fase de emergencia y comenzaba la fase de reconstrucción. Pero antes de reconstruir cualquier cosa, es necesario retirar los escombros, una ingente tarea que apenas ha comenzado: se calcula que hay unos 20 millones de metros cúbicos de escombros en Puerto Príncipe, de los que sólo se ha retirado un 5 por ciento. Al ritmo actual, se tardará 20 años o más en retirarlos todos de la ciudad.

Dejando aparte la inacción de los gobiernos y los organismos internacionales a la hora de ayudar a Haití, una inacción que no les impide tratar de ejercer un férreo control del desarrollo y la reconstrucción del país, gran parte de la ayuda se encuentra en manos de miles de organizaciones no gubernamentales. La fuerte presencia de estas organizaciones en Haití ha hecho que algunos llamen al país la “república de las ONG” y posiblemente suponga un obstáculo para la construcción de unas instituciones estatales sólidas en el país.

Un niño haitiano pide comida a un soldado estadounidense en Puerto Príncipe, el pasado 30 de enero (AP Photo/Ramon Espinosa).

Pocos días después del terremoto, la prestigiosa revista médica británica The Lancet publicó un editorial en el que criticaba duramente la labor de las ONG en Haití, acusando a muchas de falta de coordinación e incluso de competir entre ellas, de no atender realmente a las necesidades de los haitianos y de centrarse casi exclusivamente en el marketing para vender su imagen. Ese tipo de organizaciones no suelen estar sometidas al escrutinio de la opinión pública y a menudo son poco o nada transparentes. La organización estadounidense Disaster Accountability Project publicó esta semana un informe elaborado a lo largo de los cinco últimos meses sobre las ONG que operan en Haití y han recaudado dinero recientemente para sus proyectos. De las 198 organizaciones estudiadas, muchas de ellas sólo han gastado entre una tercera parte y la mitad del dinero recaudado y la mayoría no informa periódicamente de sus actividades.

Pero gran parte del problema de la reconstrucción en Haití se halla en la propiedad de la tierra y en cómo la ya mencionada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), se ha puesto al servicio de los grandes propietarios. A mediados de abril el Parlamento haitiano decidió prolongar durante 18 meses el estado de emergencia en el país y transferir a la CIRH el poder de decisión sobre las finanzas y la reconstrucción del país. La Comisión está formada por 26 miembros, la mitad de ellos internacionales (representantes de instituciones como el FMI, el Banco Mundial o las principales naciones donantes de ayuda como Estado Unidos o Francia) y la otra mitad haitianos. Ellos son los encargados de asignar los terrenos para los campamentos de desplazados y expropiar los que considere necesarios para la reconstrucción.

Como no podía ser de otro modo, la CIRH ha asignado esas tierras en función de los intereses económicos de algunos de sus miembros. El encargado de realojar a los habitantes de Puerto Príncipe que viven en campos improvisados es Gerard-Emile “Aby” Brun, presidente de Nabatec, un consorcio propiedad de algunas de las familias más ricas de Haití. En abril, decidió realojar a miles de haitianos que estaban en un campamento en el club de golf de Petitionville en un nuevo campamento situado a quince kilómetros de la capital llamado Corail-Cesselesse, donde supuestamente estarían más seguros ante la inminente llegada de la estación de las lluvias, algo que ha demostrado ser falso: las lluvias han provocado inundaciones y grandes destrozos en las instalaciones del mismo.

El terreno en el que se halla Corail-Cesselesse es propiedad de Nabatec, que probablemente perciba una gran parte de los 7 millones de dólares que el Gobierno va a destinar a compensar a los propietarios de las tierras utilizadas para instalar los campamentos. Además, Nabatec está negociando con empresas textiles surcoreanas para construir fábricas precisamente en esa zona, con lo cual el campamento también brindaría la mano de obra necesaria para trabajar en ellas. No está de más recordar que Bill Clinton ha defendido la industria textil como “tabla de salvación” de la economía haitiana desde antes del terremoto. En realidad, se trata de aprovechar la mano de obra barata del país para emplearla en maquiladoras cuyo beneficio económico no va a revertir en los explotados trabajadores haitianos.

La ineptitud y la corrupción demostradas tanto por la llamada comunidad internacional como por el propio Gobierno de Haití tras el terremoto de enero se inscriben en una pauta histórica de explotación que se remonta a la época en que Haití era una colonia francesa y a su independencia de la metrópoli en 1804. Como si el mundo fuera incapaz de perdonar a aquellos esclavos que tuvieron la osadía de poner en práctica los valores de su tiempo y liberarse a sí mismos en plena época de la Ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad, Haití hubo de enfrentarse desde el momento de su independencia a la hostilidad de las grandes potencias. Obligado a pagar a Francia una monstruosa compensación por la pérdida de su mano de obra esclava (y que no terminaría de desembolsar hasta poco después del final de la segunda guerra mundial) y presa después del imperialismo estadounidense, jamás se ha permitido que prosperara más que a una pequeña clase de privilegiados dispuestos a vender el país al mejor postor.

Hace un par de semanas fueron asesinados ocho soldados del ejército tailandés en dos emboscadas con bombas de carretera en el sur de Tailandia. El primer ataque, en el que murieron cinco soldados, tuvo lugar el jueves 1 de julio en la provincia de Narathiwat y el segundo al día siguiente en la provincia de Yala. Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de los atentados, como viene siendo habitual desde que en 2004 diera comienzo la actual insurgencia separatista en las provincias del sur.

Soldados tailandeses examinan el lugar en el que explotó una bomba el 3 de septiembre del año pasado en Pattani. (AP Photo/Sumeth pranphet).

Tras el cierre en falso de la crisis política del pasado mes de mayo, ha vuelto a aflorar la otra gran crisis de Tailandia, la de un conflicto armado poco conocido fuera de sus fronteras, pero que desde hace seis años ha sumido al sur del país en una espiral de violencia que ya se ha cobrado la vida de más de cuatro mil personas.

Las cuatro provincias en las que tiene lugar el conflicto (Pattani, Narathiwat, Yala y, en menor medida, Songkla), con una población de alrededor de dos millones de habitantes, son las únicas de mayoría musulmana del país. Además, sus habitantes son de etnia malaya y hablan un dialecto del malayo llamado yawi. El territorio de esas cuatro provincias corresponde en gran medida a Patani (escrito con una sola t, no confundir con la actual provincia de Pattani), un sultanato malayo que durante siglos mantuvo la independencia (si bien a costa de pagar tributo al rey de Siam) hasta que el Estado siamés lo anexionó definitivamente en 1902. La anexión quedaría formalizada definitivamente en 1909, cuando Siam y Reino Unido firmaron un tratado que otorgaba el sultanato a Tailandia y otros tres que había controlado hasta el momento a la Malasia británica, trazando la frontera que se conserva hasta nuestros días [pdf].

Las relaciones entre el Gobierno tailandés, sumamente centralizado, y la población musulmana del sur fueron conflictivas desde el momento de la anexión debido a las diversas políticas de asimilación cultural forzosa (sobre todo en el ámbito de la educación y de la lengua) y dominio político en la región impuestas desde Bangkok [pdf]. Esas políticas, unidas a la brutalidad de las fuerzas de seguridad y a la corrupción de los funcionarios del Estado que trabajaban en la zona, generaron un enorme resentimiento entre gran parte de la población musulmana local que cristalizaría en un movimiento separatista que ha sobrevivido hasta nuestros días. A partir de los años cincuenta comenzaron a formarse varias organizaciones separatistas de diversa índole y algunas de ellas tomaron las armas a lo largo de las tres siguientes décadas. La más importante probablemente sea la Organización para la Liberación del Patani Unido (PULO), cuyos líderes están exiliados en Suecia.

A principios de los años ochenta, el Gobierno del general Prem Tinsulanonda, decidió revisar la estrategia en el sur. Alcanzó acuerdos con el Gobierno malasio para colaborar en la persecución de los insurgentes, ofreció amnistías a los que decidieran abandonar las armas, creó el Centro Administrativo para las Provincias del Sur, que concedía un poder de decisión mayor a la población local al incluir a líderes musulmanes de la zona, y puso en práctica algunas programas de desarrollo para mejorar económicamente una de las zonas más pobres del país. Aunque el Gobierno central no se planteó tomar en consideración las reivindicaciones de mayor autonomía de la población, su nueva estrategia tuvo cierto éxito y para el año 2000 la insurgencia prácticamente había desaparecido.

La nueva insurgencia

En 2001 ganó las elecciones el polémico Thaksin Shinawatra. El nuevo primer ministro introdujo cambios radicales en el sur. Shinawatra disolvió el Comité Administrativo para las Provincias del Sur y además relegó a un segundo plano al ejército y lo sustituyó en gran medida por la policía para encargarse de la seguridad y combatir el contrabando que siempre ha proliferado en aquella región fronteriza. En 2003 Thaksin lanzó una violenta guerra contra las drogas que se saldó con casi tres mil asesinatos en tres meses y fue especialmente virulenta en las provincias del sur. Probablemente esos son los principales factores que expliquen el resurgimiento de la insurgencia al año siguiente.

Soldados tailandeses vigilan el aeropuerto de Narathiwat, 29 de junio de 2010 (AP Photo/Apichart Weerawong).

En enero de 2004 una treintena de hombres armados asaltaron un arsenal del ejército en Narathiwat mientras otras bandas prendían fuego a dieciocho escuelas de la región. Los asaltantes mataron a cuatro soldados y robaron unos cien fusiles de asalto. Desde entonces, los insurgentes han sembrado el terror en la región lanzando ataques contra el ejército y la policía, pero sobre todo perpetrando numerosos atentados indiscriminados contra la población civil, en los que las víctimas han sido tanto budistas como musulmanes.

El mayor enigma del conflicto del sur de Tailandia es la misma identidad de los insurgentes. Como ya se ha señalado, ningún grupo reivindica los atentados, emite comunicados públicos o hace ninguna demanda al Gobierno. No obstante, pese a que nadie parece saber a ciencia cierta quién está detrás de la violencia, caben pocas dudas sobre quién no lo está: aunque algunos “expertos en terrorismo” han tratado de vincularla al terrorismo yihadista internacional y a grupos como el indonesio Yemaa Islamiya o incluso a al-Qaeda, no hay ninguna prueba que demuestre esa supuesta vinculación y en realidad se trata de una insurgencia puramente local, que nunca ha actuado fuera de Tailandia y rara vez ha cometido atentados fuera de Patani.

El Gobierno tailandés suele atribuir la violencia separatista a un grupo llamado Frente Revolucionario Nacional Coordinado (Barisan Revolusi Nasional-Coordinate, BRN-C), una organización creada originalmente en los años sesenta y dividida en células más o menos independientes que supuestamente recluta a sus miembros en las escuelas islámicas. Duncan McCargo, especialista en Tailandia de la Universidad de Leeds y autor de Tearing Apart the Land (probablemente el libro más completo sobre el tema, fruto de un año de investigación en la región), sostiene que seguramente no haya ninguna organización detrás de gran parte la insurgencia y que la mayoría de las células insurgentes actúan de forma espontánea e independiente y sólo en ocasiones se unen varias para lanzar ataques coordinados [pdf].

Según McCargo, no se trata de un conflicto religioso sino fundamentalmente político, en el que lo que se halla en entredicho es la legitimidad del Estado tailandés para gobernar a una población que reivindica un poder de decisión y autonomía mayores. Ese descontento de la población, así como la violencia del Estado tailandés, es el caldo de cultivo de la violencia separatista y ésta no desaparecerá hasta que no se alcance una solución política que sea satisfactoria para los malayos musulmanes del sur.

La respuesta del Gobierno tailandés

De los gobiernos que se han sucedido en Bangkok en los últimos años, unos han empleado una retórica más conciliadora que otros, pero ninguno ha prestado realmente atención a las reivindicaciones políticas de la población. Más allá de la retórica, todos ellos han mantenido el estado de emergencia en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat que entró en vigor en 2005 y se han enfrentado a la brutal insurgencia con una violencia tan ciega como la que están combatiendo, lo que no ha hecho más que exacerbar el conflicto.

Uno de los mayores problemas es la proliferación de grupos paramilitares organizados y financiados por el Gobierno central y la Casa Real para defender a la población de los insurgentes. La idea era crear cuerpos que tuvieran un buen conocimiento de la zona, pero sólo un treinta por ciento de sus miembros son musulmanes malayos y el entrenamiento al que han de someterse es bastante deficiente (en algunas organizaciones sólo dura tres días). Se calcula que actualmente hay unos 30.000 paramilitares en la zona. Al introducir más armas en la región y ponerlas en manos de civiles sin formación militar, el Gobierno no ha hecho más que echar leña al fuego.

El primer ministro tailandés Abhisit Vejjajiva habla a un grupo de musulmanes en Narathiwat el 7 de enero (AP Photo/Sumeth Pranphet).

El 8 de junio del año pasado seis hombres armados rodearon la mezquita de al-Furqan, en Narathiwat, durante la oración y abrieron fuego matando a diez personas e hiriendo a once. Pese a que las autoridades acusaron en un principio a grupos insurgentes musulmanes, todos los indicios apuntan a que los responsables estaban vinculados a los paramilitares y la única persona detenida por ese hecho hasta el momento es Sutthirak Kongsuwan, un ex paramilitar budista.

Por supuesto, ni los insurgentes ni los paramilitares poseen el monopolio de la violencia en la región. Las fuerzas de seguridad del Estado son las responsables de numerosas desapariciones, de torturas sistemáticas a detenidos y actúan con la brutalidad que sólo permite la impunidad más absoluta. Son ellas las que han perpetrado las dos mayores matanzas desde que comenzó la actual insurgencia hace seis años: las de la mezquita de Krue Se y la de Tak Bai.

El 28 de abril de 2004 el ejército tailandés atacó la mezquita de Krue Se, la más antigua de Tailandia, en la provincia de Pattani, donde se habían refugiado 32 presuntos insurgentes que habían participado en una serie de ataques coordinados contra comisarias y puestos de control en toda la región. El asalto se produjo después de que el ejército mantuviera rodeada la mequita durante horas y murieron todos los hombres que se hallaban dentro de la mezquita. Después se descubrió que no todos los muertos eran insurgentes y que éstos sólo contaban con muy pocas armas para defenderse.

El 25 de octubre de aquel mismo año, más mil personas se reunieron ante la comisaria de la localidad de Tak Bai, en Narathiwat, para protestar por la detención de seis hombres. Para sofocar la protesta, el ejército utilizó fuego real y mató a siete manifestantes. Después encerró a cientos de ellos en camiones para transportarlos a centros de detención militares. 78 de ellos murieron asfixiados en los camiones. El primer ministro Thaksin Shinawatra culpó de las muertes al ayuno del Ramadán, que según él había debilitado a los detenidos.

Esas dos matanzas son los sucesos más representativos de la brutalidad del Gobierno de Thaksin Shinawatra en el sur y quizá los que más han contribuido a alimentar la insurgencia. Pese a que se nombró casi de inmediato una comisión para investigar ambos incidentes, ninguno de los responsables ha sido juzgado jamás.

Una de las principales promesas del Gobierno instaurado tras el golpe de Estado militar de 2006 que depuso a Thaksin fue cambiar la estrategia en el sur. El primer ministro nombrado por la Junta militar golpista, Surayud Chulanont, viajó en diversas ocasiones al sur para disculparse por los crímenes cometidos durante la era Thaksin, volvió a instaurar el Comité Administrativo para las Provincias del Sur, prometió que la justicia actuaría imparcialmente en casos como los de Krue Se y Tak Bai (lo que simplemente se tradujo en una retirada de los cargos que pesaban contra los manifestantes en este último incidente) e incluso declaró que estaba manteniendo conversaciones con algunos “líderes” de la insurgencia.

Todas esas promesas se han quedado en papel mojado, al igual que las del actual primer ministro Abhisit Vejjajiva, que al asumir el cargo el año pasado aseguró que el cambio de Gobierno supondría el comienzo de una nueva era de justicia en el sur, reforzaría el papel de la sociedad civil y buscaría una solución política al conflicto. Pocas cosas han cambiado realmente en Patani. Tras un descenso de la violencia entre los años 2006 y 2008, ésta volvió a aumentar en 2009. El Gobierno de Vejjajiva, que para muchos tailandeses carece de legitimidad y cuyo respeto a los derechos humanos y al estado de derecho es más que dudoso, no ha hecho nada para crear las condiciones que puedan conducir a una resolución del conflicto, algo que nunca podrá lograrse con la fuerza de las armas.

Este mes de junio ha vuelto a estallar la violencia en Cachemira. Después de que la policía matará a un joven de 17 años al disolver una manifestación exigiendo la independencia de la región administrada por India, los separatistas convocaron una huelga general y se sucedieron las protestas en diversas ciudades a pesar del toque de queda impuesto por el Gobierno. La represión de las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad se ha cobrado la vida de al menos diez manifestantes, la mayoría a manos del cuerpo paramilitar de la Fuerza Policial de la Reserva Central.

Manifestantes independentistas cachemires protestan contra la ocupación india, el pasado 21 de junio en Srinagar (AP Photo/Mukhtar Khan).

Mientras tanto, este lunes se produjo un enfrentamiento en el sector de Nowgam entre tropas indias y un grupo de insurgentes cuando, según un oficial del ejército, éstos trataban de entrar desde Pakistán en la Cachemira controlada por India. En la refriega murieron cinco militantes y tres soldados indios.

Esta violencia no es nueva en una región sumida en un conflicto permanente, que la CIA califica como “la mayor y más militarizada disputa territorial del mundo”. Se calcula que en Jammu y Cachemira, la zona de la región controlada por India, cuya población asciende a algo más de diez millones de habitantes, hay aproximadamente medio millón de soldados. Teniendo en cuenta esa fuerte presencia militar, no es de extrañar que algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos hayan denunciado que la región en realidad está gobernada por el ejército indio y que éste no está subordinado al débil Gobierno civil del primer ministro Omar Abdulá.

De hecho, está vigente en la región desde 1990 la “Ley sobre poderes especiales de las Fuerzas Armadas” de 1958, que concede al ejército en las zonas declaradas “en conflicto” carta blanca para hacer las detenciones que desee sin necesidad de una orden judicial o disparar a matar y prácticamente confiera inmunidad judicial a los militares. Dado ese clima de impunidad, no es de extrañar que muchos soldados hayan asesinado en numerosas ocasiones a civiles y después hayan declarado que se trataba de militantes islamistas, para “mejorar” su historial de combate y percibir bonificaciones de sus superiores. Es un problema que está tan extendido que incluso la policía cachemir se ha comprometido a investigarlo.

Las raíces del conflicto

El conflicto de cachemira hunde sus raíces en el período colonial británico y la traumática partición de la India británica en agosto de 1947, una de las mayores tragedias del siglo pasado, que supuso el desplazamiento de sus hogares de más de diez millones de personas y la muerte de alrededor de un millón de ellas. La partición también dio comienzo a la enconada enemistad entre India y Pakistán, una enemistad que ha desencadenado ya tres guerras, dos de ellas por la propia Cachemira.

Cuando se realizó la partición, todavía no se había decidido el destino de Cachemira, un Estado principesco de mayoría musulmana gobernado por un maharajá hindú. Según la constitución, le correspondía al maharajá tomar la decisión de formar parte de India o Pakistán, aunque en esos casos se solía decidir en función de la religión mayoritaria de la población y el líder nacionalista cachemir Mohammad Abdulá (el abuelo del actual primer ministro) abogaba por una Cachemira más o menos independiente y creía que sólo podría proporcionársela el líder del Congreso Nacional Indio y primer ministro de India, Jawaharlal Nehru, con el que en cualquier caso, tenía más afinadades ideológicas que con el padre de Pakistán Muhammad Ali Jinnah.

Policías indios patrullan un mercado cerrado por la huelga en Srinagar el pasado 22 de junio (AP Photo/Mukhtar Khan).

Tras la guerra de 1947-1948 entre India y Pakistán por el territorio, que desencadenó la precipitada y violenta invasión de cachemira por Pakistán ante el miedo de que el maharajá se decantara por India, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 47 [pdf], en la cual recomendaba que se celebrarse un referéndum para decidir el futuro de la región. Además, se estableció la Línea de Control que dividía Cachemira entre India y Pakistán. Pero aquel referéndum nunca llegó a celebrarse.

Durante las siguientes décadas, el Estado indio fue afianzando su poder y acorralando cada vez más a los independentistas cachemires, llegando a encarcelar a Mohammad Abdulá en 1953, y las posibilidades de independencia fueron disminuyendo, entre otras cosas, porque el estado multinacional indio temía que, si se la concedía a Cachemira, otros estados se empeñarían en obtener la suya. Además, la región era el centro del conflicto entre India y Pakistán, que en 1965 fueron a la guerra por segunda vez por ella durante un breve espacio de tiempo.

En 1989 comenzó la actual insurgencia contra la ocupación india, después de que en 1987 se celebrasen unas elecciones que la mayoría de la población consideró amañadas por India para que resultara vencedor su candidato, Farooq Abdulá (el hijo de Mohammad Abdulá). Según algunos testimonios, muchos insurgentes cachemires creyeron que, tras el apoyo unánime de la comunidad internacional a los manifestantes que derribaron el muro de Berlín volvería suceder lo mismo en su caso, pero no fue así. Estados Unidos, por ejemplo, que deseaba mejorar sus relaciones con India, no sólo no les apoyó, sino que al año siguiente abandonó su política de pedir que se celebrase el plebiscito.

Comenzó entonces una guerra asimétrica y de intensidad variable entre los grupos separatistas cachemires y el ejército indio que ha sido especialmente cruel y en la que han muerto más de cincuenta mil personas, según los cálculos más conservadores y ha dejado un país lleno de fosas comunes (en las que hay enterradas al menos tres mil personas, según un informe reciente). Algunos guerrilleros pidieron ayuda a Pakistán, pero el servicio secreto pakistaní pronto comenzó a introducir a grupos de yihadistas en la región y estos acabaron desplazando al movimiento independentista de tendencia laica que había comenzado la insurgencia. Pakistán (tan poco interesado como India en una Cachemira independiente, que es lo que realmente desean la mayoría de sus habitantes) llegó incluso a facilitar información a India sobre algunos grupos independentistas para librarse de ellos.

Los musulmanes no han sio las únicas víctimas del conflicto. Cuando estalló la insurgencia hace un par de décadas, casi un cuarto de milllón de ciudadanos de la minoría hindú, que hasta entonces siempre habían convivido de forma pacífica y armoniosa con sus vecinos musulmanes, tuvieron que huir de la región a India y otros países para huir de la violencia. La mayoría de ellos aún no han regresado a sus hogares.

Han transcurrido más de seis decenios desde la partición y dos desde el comienzo de la insurgencia y la solución al conflicto parece más lejana que nunca. En 2004, India y Pakistán comenzaron un proceso de paz y que se vio interrumpido por los atentados del 2008 en Bombay, que en gran medida fueron una consecuencia de las humillaciones, la marginación y la brutalidad a la que son sometidos a menudo los musulmanes tanto en Cachemira como en el resto de India. En cualquier caso, las conversaciones de paz entre Pakistán e India no han supuesto ningún respiro para el pueblo cachemir.

Gracias a los esfuerzos de Pakistán por vincular la insurgencia con los grupos yihadistas a los que apoya en Afganistán, India puede relacionarla cada vez más con el terrorismo internacional y de ese modo la deslegitima y evita tener que escuchar las reivindicaciones legítimas del pueblo de Cachemira. Parece poco probable que le presionen desde el exterior para que lo haga: el conflicto apenas aparece en los medios e India es la “mayor democracia del mundo” y el mayor aliado de la Unión Europea y de Estados Unidos en la región. (A instancias de India, Estados Unidos renunció a que Richard Holbrooke, su enviado especial para Afganistán y Pakistán, pudiera ocuparse también de Cachemira. Mientras tanto, India aumenta más de un treinta por ciento su presupuesto militar y Estados Unidos le vende gran parte de ese armamento.) Parece claro que los gobiernos de las grandes potencias no están dispuestos a que estropeen sus buenas relaciones los diez millones de habitantes de Cachemira, prisioneros de unos intereses geoestratégicos y unos sentimientos nacionalistas que en su mayor parte no son los suyos.

Siete años después del comienzo de la invasión de Irak y cuando falta un año y medio para que termine el plazo de retirada de las tropas, el ejército estadounidense ya ha empezado a hacer las maletas. Es más que probable que Estados Unidos mantenga una considerable presencia en el país durante varios años, aunque sus soldados no reciban el nombre de “tropas de combate”, y ya está organizando un “pequeño ejército” que asumirá la tarea de proteger a su cuerpo diplomático tras la retirada.

Soldados estadounidenses incineran basura en un puesto avanzado de la provincia de Diyala, en diciembre de 2007 (AP Photo/Marko Drobnjakovic).

En cualquier caso, la potencia ocupante ha evacuado a un número sustancial de tropas y ha desmantelado muchas de las bases que mantenía en el país. De las 500 bases y los 176.000 soldados que el ejército estadounidense había llegado a tener en Irak, ahora mismo quedan 130 bases y 85.000 soldados. El legado de una guerra que nunca debió comenzar y que quizá no haya terminado es un país destruido, en manos de un Gobierno corrupto e inoperante, y una sociedad profundamente dividida y plagada de tensiones sin resolver.

Además de un país mucho más inestable del que encontraron antes de llegar, las tropas estadounidenses han dejado tras de sí un enorme rastro de basura, en el sentido literal de la palabra. El pasado lunes, el periódico británico The Times desveló que el ejército estadounidense ha dejado toneladas de desechos altamente contaminantes y peligrosos en Irak. Contraviniendo las reglas del Pentágono, se están abandonando muchos desechos en el propio país, en lugar de transportarlos a Estados Unidos para su procesamiento o de reciclarlos en plantas construidas en el norte de Irak.

Según un documento del Pentágono de 2009 al que tuvo acceso el diario londinense, las tropas estadounidenses han producido unas cinco mil toneladas de vertidos tóxicos, aunque posiblemente la cifra real sea mucho mayor. El ejército estadounidense afirma que se está deshaciendo de esos desechos (si bien reconoce que comenzó a hacerlo bastante tarde), pero gran parte de ese material yace abandonado al aire libre: hay latas con ácido abiertas al alcance de los niños o baterías usadas junto a tierras de cultivo. La mayoría de los vertederos llenos de material militar inservible se encuentran cerca de las carreteras que unen Bagdad con Mosul y Faluya, donde había más bases militares.

Tras la publicación de la noticia en el Times, el Pentágono anunció que penalizaría a los culpables de los vertidos, probablemente las empresas privadas, estadounidenses y de algunos países árabes que se encargan de eliminar los residuos. Un portavoz del ejército estadounidense declaró en una rueda de prensa: “Los responsables de esto serán castigados. Es algo que, una vez que ha sido puesto en nuestro conocimiento, nos tomamos muy en serio”.

En los últimos años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tratado de proyectar una imagen ecológica, con proyectos como el avión de combate “sostenible” Green Hornet, que utiliza un 50 por ciento de biocombustible. Sin embargo, la preocupación por el medio ambiente del Pentágono es más bien escasa, como demuestra, por ejemplo, su desmesurado consumo de petróleo: las tropas desplegadas en el sudoeste de Asia (la mayoría de ellas en Irak y Afganistán) consumen más crudo al año que todo Bangladesh, con sus más de 150 millones de habitantes.

El año pasado ya se puso de manifiesto la irresponsabilidad del Pentágono en el tratamiento de sus residuos cuando Wikileaks difundió un informe elaborado por un ingeniero del ejército que enumeraba los graves peligros para la salud que suponía para los soldados y la población local la incineración de basuras en una base de Irak. El documento mostraba que el Pentágono sabía que las tropas estaban expuestas a grandes cantidades de productos químicos cancerígenos, pero en público minimizó el riesgo.

Pero quienes más están sufriendo las consecuencias del legado tóxico de la guerra son los propios iraquíes. Un estudio realizado recientemente por el Gobierno iraquí ha descubierto más de cuarenta lugares con altos niveles de radiación y dioxinas. El 25 por ciento de los focos de contaminación se halla en los alrededores de ciudades como Faluya, Nayaf o Basora, donde más han aumentado los casos de cáncer y las enfermedades congénitas de los recién nacidos en los últimos años. En Faluya, nacieron el año pasado quince veces más niños con deformidades que el año anterior, y se están dando numerosos casos de recién nacidos con tumores.

La principal causa de ese tipo de enfermedades es el armamento empleado durante la guerra (los lugares con más enfermos son también aquellos en los que se han producido más combates) y, sobre todo, el uranio empobrecido que contienen algunas de las armas usadas por Estados Unidos y que también ha afectado gravemente a numerosos soldados norteamericanos.

El impacto medioambiental de las guerras y sus repercusiones en la salud de la población pueden llegar a ser devastadores y se prolongan durante muchos años después de que los ejércitos hayan regresado a sus cuarteles. En lugares como Vietnam, tácticas militares como el uso del “agente naranja” todavía siguen causando estragos entre la población treinta y cinco años después del fin de la guerra y las bombas lanzadas hace décadas siguen matando a decenas de personas cada año. Estados Unidos se niega a aceptar su responsabilidad por los cientos de miles de enfermedades que provocó y sigue provocando aquella guerra. Es probable que tampoco lo haga en el caso de Irak.

El lunes el diario británico The Guardian reveló que la Agencia de Fronteras de Reino Unido planea repatriar a cientos de menores afganos solicitantes de asilo que se hallan solos en territorio británico. Hasta ahora, los menores a los que se les denegaba el derecho de asilo sólo eran devueltos a sus países de origen si su seguridad no estaba en peligro y se tenía la certeza de que recibirían la atención adecuada tras su regreso. Para salvar ese obstáculo, el Gobierno va a invertir cuatro millones de libras en la construcción de un “centro de reintegración” en Kabul, en el que alojará a los menores hasta que cumplan dieciocho años o sus familias sean localizadas.

Un grupo de inmigrantes hace cola el día 8 de febrero para recibir comida de una ONG en Calais, Francia, desde dónde esperan cruzar el Canal de la Mancha para llegar hasta Gran Bretaña (AP Photo/Michel Spingler).

Según el Ministerio del Interior Británico, hay más de 4.200 menores solicitantes de asilo no acompañados en Reino Unido. En los tres primeros meses de este año han solicitado asilo en Gran Bretaña 405 menores, de los cuales 175 son afganos. La mayoría de ellos viven en casas de acogida. Con la construcción del centro en Kabul, el Gobierno británico tiene previsto repatriar forzosamente a 12 de esos menores al mes.

Lo que ha facilitado estas y otras deportaciones a Afganistán es una sentencia dictada en octubre del año pasado por el Tribunal de Inmigración y Asilo. Según tres jueces del tribunal, el nivel de “violencia indiscriminada” en Afganistán no es lo suficientemente elevado para que los afganos soliciten protección humanitaria general en Reino Unido. Los jueces británicos dictaminaron que “las cifras de civiles muertos como consecuencia de la violencia indiscriminada han resultado ser mucho menores de lo que habría cabido esperar” precisamente el año en el que, según un informe de la ONU [pdf], murieron más civiles desde el comienzo de la guerra en 2001, un total de 2.412.

El anterior Gobierno británico endureció enormemente en los últimos años sus políticas de asilo e inmigración, e incluso llegó a jactarse públicamente de su alto índice de expulsiones. A partir de 1997 su estrategia consistió en retirar todo tipo de asistencia a los inmigrantes ilegales. En 2002 arrebató el derecho a trabajar a aquellos cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas, sumiéndoles en una situación de miseria tal que optaran por regresar a su país “voluntariamente”.

La London School of Economics afirmó el año pasado que había medio millón de inmigrantes en Reino Unido cuya solicitud de asilo había sido rechazada. Según un informe elaborado por la ONG Pafras [pdf], dos terceras partes de ellos han sufrido torturas en sus países de origen. El informe, que Nick Clegg calificó como un “oportuno recordatorio de cómo este Gobierno ha unido la incompetencia a la inhumanidad para crear uno de los sistemas de asilo más ineficaces y crueles de Europa”, afirmaba que la mayoría de esos inmigrantes viven o han vivido en la calle sobreviviendo con menos de una libra al día.

Muchos menores y familias con menores son recluidos en centros de detención como el tristemente famoso Yarl’s Wood, en Bedfordshire, dónde el año pasado se hallaban mil de los dos mil menores encerrados en ese tipo de instituciones. En ese centro, abierto en 2001 y gestionado desde 2007 por una empresa privada, los menores han sufrido todo tipo de malos tratos y humillaciones y a menudo se les ha negado el tratamiento médico y psicológico que necesitaban. Damian Green, el ministro de inmigración del nuevo Gobierno de coalición, se ha comprometido a abandonar la política de detener a menores inmigrantes, aunque muchos temen que su compromiso no incluya a las familias y los niños acaben siendo separados de sus madres.

El blindaje de la fortaleza europea

Gran Bretaña no es el único país de la Unión Europea que ha endurecido las políticas de inmigración y asilo. Aunque el propósito de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo de la UE aprobada en 2005 era unificar los criterios de los países miembros para determinar el estatuto de refugiados, cada país tiene sus propias prácticas y métodos. Sin embargo, en la práctica la estrategia global es un blindaje lo más férreo posible del continente frente a los flujos migratorios procedentes del tercer mundo.

Un grupo de inmigrantes trata de calentarse con un fuego en Calais, el pasado 8 de febrero (AP Photo/Michel Spingler).

Esta misma semana el Frontex (la agencia de la Unión europea que se ocupa del control de fronteras) repatrió a 60 solicitantes de asilo iraquíes procedentes de Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y Países Bajos, una decisión que han criticado numerosas organizaciones de derechos humanos y ACNUR por considerar que pone en peligro a los repatriados.

Días antes, una embarcación con veinte personas, entre ellas un niño de ocho años, navegó a la deriva durante un día en aguas maltesas sin que las autoridades maltesas e italianas hicieran nada para auxiliarles pese a haber recibido llamadas de socorro. Los pasajeros de la embarcación fueron rescatados por dos barcos libios, que los llevaron a su país, el cual carece de sistema de asilo.

Son sólo un par ejemplos de la guerra que la Unión Europea (y otros países del primer mundo) ha declarado a la inmigración y a los mismos inmigrantes, pese a las hipócritas justificaciones de quienes defienden en nombre de los “derechos humanos” algunas de las aberrantes tácticas adoptadas en esa guerra, como los centros de detención. Una guerra unilateral de las naciones ricas contra la población de los países pobres cuyo frente europeo se halla, no sólo en Ceuta, Melilla, Grecia o Calais, sino en todo el territorio del continente y de algunos países de la periferia como Marruecos.

Más allá de la polémica, y más bien anecdótica, declaración del anterior ministro de Inmigración británico Phil Woolas, de que uno de los beneficios de la presencia de soldados en Afganistán radica en “ayudarnos a controlar la inmigración”, la guerra contra la inmigración comienza a ser algo más que una metáfora. El periodista David Cronin señaló recientemente que la Unión Europea ha pedido asesoramiento a los fabricantes de armamento para aplicar tecnología militar de última generación en las fronteras. El Frontex ha organizado este mes en España un encuentro con empresas del sector para estudiar la posibilidad de utilizar aviones no tripulados en la vigilancia de las fronteras, una tecnología que también podría utilizar Estados Unidos con los mismos fines en la frontera con México.

El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea publicó hace unos meses un informe sobre los objetivos en materia de Defensa de la Unión Europea para el año 2020 con análisis de varios autores [pdf]. Uno de ellos señalaba “seis tareas críticas” que precisaban una significativa participación militar. La primera de ellas era “proteger los flujos tecnológicos y económicos mundiales”. La tercera resumía de una forma brutalmente clara la política de inmigración de la Unión Europea:

Operaciones de frontera: Proteger al mundo rico de las tensiones y problemas del mundo pobre. Mientras siga existiendo el enorme porcentaje de población mundial que vive sumida en la miseria y la frustración, las tensiones y entre su mundo y el de los ricos y sus secuelas continuarán aumentando. Como es improbable que hayamos resuelto el problema de raíz en 2020 (es decir, que hayamos logrado arreglar las sociedades disfuncionales) será necesario que fortalezcamos nuestras fronteras. Es una estrategia moralmente desagradable y derrotista, pero es inevitable si no podemos resolver los problemas de raíz. Esa estrategia se podría reforzar aún más si reducimos nuestro compromiso global para resolver la fuente de los problemas.

El 17 de mayo Irán, Turquía y Brasil firmaron en Teherán un acuerdo por el cual Irán enviará a Turquía 1.200 kilogramos de su uranio poco enriquecido (aproximadamente la mitad del combustible que posee actualmente) en el plazo de un mes. Si el llamado Grupo de Viena, formado por Estados Unidos, Rusia, Francia y el Organismo Internacional de Energía Atómica, aprueba el acuerdo, tendrá que enviar a Irán los 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20 por ciento que necesita para su reactor de investigación médica en Teherán. Este acuerdo de gran trascendencia, alcanzado por tres países emergentes, señala la evolución hacia un orden internacional multipolar, aunque parece que algunas de las tradicionales grandes potencias se resisten a aceptarlo.

Luiz Inacio Lula da Silva, Mahmud Ahmadineyad y Recep Tayyip Erdogan celebran la firma del acuerdo de cooperación nuclear tras sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, el 17 de mayo en Teherán. Fotografía: Wilson Pedrosa/Agência Estado/AE (Agencia Estado via AP Images).

El acuerdo es prácticamente idéntico a la propuesta de las Naciones Unidas que Estados Unidos ha intentado imponer a Irán sin éxito desde el pasado mes de octubre. La principal diferencia radica en que en el caso de que Irán no reciba en el plazo estipulado el uranio que necesita para su reactor de investigación, Turquía deberá devolver “inmediata e incondicionalmente” a Irán el uranio que le pertenece. La negativa de Irán a aceptar sus propuestas ha sido hasta ahora el principal argumento esgrimido por Estados Unidos para endurecer las sanciones contra la República Islámica.

Sin embargo, Hillary Clinton declaró pocos días después que el acuerdo es insuficiente y no es más que un truco de Irán para evitar nuevas sanciones de las Naciones Unidas, pocos días antes de que se reuna el Consejo de Seguridad para tratar el tema. Es decir, Estados Unidos no parece dispuesto a aceptar un acuerdo que él mismo había tratado de alcanzar con Irán. Lo más desconcertante es que, según el diario brasileño O Estado de Sao Paulo, Obama envió una carta a Lula una semana antes en la que le animaba a conseguir ese acuerdo. En la carta, a la que tuvo acceso la agencia Reuters y sobre cuyo contenido no se ha pronunciado el Gobierno brasileño por considerarla una comunicación entre dos jefes de Estado, Obama le decía a Lula que, desde su punto de vista “una decisión de Irán de enviar 1.200 kilos de uranio poco enriquecido fuera del país generaría confianza y disminuiría las tensiones regionales” y proponía un acuerdo igual al finalmente alcanzado por Irán, Turquía y Brasil.

La principal objeción de Estados Unidos es que Irán no se compromete a dejar de enriquecer el uranio que siga en su poder, algo que según el OIEA tiene intención de continuar haciendo. No obstante, en la propuesta respaldada por Estados Unidos desde octubre del año pasado y en la carta de Obama no se contemplaba esa condición. De hecho, como señala el columnista del New York Times Roger Cohen, en ese punto radicaba precisamente una de las diferencias fundamentales entre las estrategias con respecto a Irán de George W. Bush y de Barack Obama, que ha añadido nuevas condiciones cuando Irán ha aceptado el trato.

En cualquier caso, Estados Unidos ha insistido en endurecer la sanciones contra Irán, entre las que se incluyen [pdf] el bloqueo de las cuentas y prohibición de viajar a personas y entidades vinculadas a los Guardianes de la Revolución Islámica y la imposición de un embargo de armas parcial. Aún así, se ha visto obligado a retirar algunas para obtener el apoyo de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá la semana que viene.

En una entrevista concedida al periódico brasileño Jornal do Brasil esta semana, el ex-director general del OIEA, Mohamed el-Baradei, apoyaba el acuerdo entre Irán, Turquía y Brasil y se mostraba sorprendido por “la reacción de algunos países al declarar que seguirían adelante con sus planes de imponer sanciones a Irán”. En cuanto al combustible que permanecerá en Irán, afirmaba que “se hallará seguro en Irán, bajo salvaguardias del OIEA, y no hay absolutamente ningún peligro inminente de que Irán vaya a construir una bomba con ese material”. El-Baradei añadió que cabía el peligro de que se “polarizaran los hemisferios Norte y Sur” y que “si por un lado tenemos a países como Brasil, Turquía, Sudáfrica y otras naciones del Hemisferio Sur que apoyan las negociaciones y, por otro, a países occidentales con un punto de vista contrario y exigiendo sanciones, eso será muy peligroso porque trazará una línea divisoria entre el Norte y el Sur en una cuestión que sólo se puede resolver mediante las negociaciones”.

Israel, Irán y el peligro nuclear

Al mismo tiempo que trata de imponer sanciones a Irán por su programa nuclear, Estados Unidos ha intentado proteger a Israel en la revisión del Tratado de No Proliferación que tuvo lugar el mes pasado en Nueva York, un tratado que, como señalamos en este espacio hace algunas semanas, refleja y perpetúa la desigualdad y asimetría entre los países firmantes que disponen armamento nuclear (que son los mismos que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU) y los que no lo poseen.

El principal tema de debate en la revisión quinquenal del Tratado de este año fue el arsenal nuclear israelí. El objetivo de la mayoría de países participantes es crear una zona libre de armamento nuclear en Oriente Medio. Finalmente, los países firmantes del TNP acordaron redactar un documento en el que se comprometen a celebrar una reunión en 2012 sobre la propuesta de convertir Oriente Medio en una zona libre de armas de destrucción masiva (es decir, nucleares, biológicas y químicas). El documento también incluye un llamamiento a que Israel suscriba el TNP, lo que supondría el desmantelamiento de su arsenal nuclear. Estados Unidos se opuso firmemente a que se mencionara de forma explícita a Israel y el general James Jones, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, declaró que su país “no va a permitir una conferencia o unas acciones que puedan poner en peligro la seguridad nacional de Israel”. Por su parte, Israel hizo público un comunicado en el que rechazaba la resolución adoptada tras la conferencia.

Aparte de la conferencia del TNP, el arsenal nuclear israelí ha sido noticia estos días porque se han desvelado, de forma muy oportuna, los primeros documentos oficiales en los que se reconoce su existencia, unos documentos sudafricanos secretos que revelan que Israel ofreció cabezas nucleares al régimen sudafricano del apartheid hace más de tres decenios. En 1975, el ministro de Defensa sudafricano, P.W. Botha, pidió a Israel cabezas nucleares y su homólogo Simón Peres se las ofreció “en tres tamaños diferentes”, aunque, finalmente, el trato no llegó a cerrarse, debido en parte al coste económico para Sudáfrica. El hombre que ha desvelado los documentos es Sasha Polakov-Suransky, autor de un libro recién publicado sobre las relaciones entre Israel y la Sudáfrica del apartheid, mucho más estrechas de lo que se había pensado hasta hace poco, sobre todo en el ámbito militar.

Volviendo a la actualidad, el 30 de mayo The Times publicó la noticia de que Israel tiene previsto desplegar tres submarinos equipados con misiles nucleares en el Golfo Pérsico, cerca de las costas de Irán. No es la primera vez que Israel desplaza submarinos al Golfo, pero según el diario londinense, tiene previsto dejar en la zona al menos un submarino de forma permanente.

El año pasado, Netanyahu declaró en una entrevista que Obama tiene “dos grandes misiones: arreglar la economía y evitar que Irán obtenga armas nucleares”, pues nadie querría que “una secta apocalíptica mesiánica tenga bajo su control bombas atómicas”. Es un discurso habitual a la hora de hablar de Irán: se trata de un país gobernado por locos fanáticos en cuyas manos la tecnología nuclear se convertiría en una auténtica bomba de relojería. Sin embargo, nada permite suponer que el mundo sea más seguro con armas nucleares en poder de Israel que en manos de Irán, teniendo en cuenta la clase de regímenes a los que ha estado dispuesto a vendérselas y su disposición a emplear la violencia más extrema contra poblaciones civiles enteras o cooperantes desarmados, como hemos visto esta semana.

Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado una absoluta complacencia tanto con el armamento nuclear y la violencia ejercida por el estado de Israel, negándose a hablar de uno y evitando condenar la otra. José Luis Rodríguez Zapatero plasmó a la perfección esa postura cuando declaró el miércoles: “Todos deseamos un Israel seguro, pero todos deseamos que no haya violencia que no se pueda justificar. Esa es nuestra preocupación y la de toda la Comunidad Internacional”. El ataque a la flotilla no sólo ha contribuido a deteriorar las relaciones entre Israel y Turquía, el doble rasero mostrado por Estados Unidos y Europa y la grave crisis que supone para la OTAN el haberse mostrado totalmente inoperante ante un ataque dirigido contra un estado miembro (que adquiere un especial significado teniendo en cuenta la vieja reticencia de Bruselas a aceptar que Turquía forme parte de la Unión Europea) también podrían contribuir, volviendo a las palabras de el-Baradei, a “polarizar los hemisferios Norte y Sur”.