El gran juego

Una de las primeras cosas que hizo Barack Obama tras asumir el cargo de presidente de Estados Unidos en enero de 2009 fue firmar dos órdenes ejecutivas para poner fin a los interrogatorios a los presos de Guantánamo, suspender los juicios a sus prisioneros que ya se estaban celebrando y cerrar la prisión en un “plazo inferior a un año”. Fue una decisión cargada de valor simbólico que parecía anunciar un cambio de era. Un año y cuatro meses después, el penal militar que el mismo Obama ha calificado de “agujero negro legal” continúa en funcionamiento, en él siguen encerrados 181 prisioneros y el Gobierno estadounidense pretende mantener detenidos de forma indefinida y sin juicio a cuarenta y ocho de ellos.

Imagen del interior de Guantánamo tomada el pasado 30 de marzo (AP Photo/Brennan Linsley).

Es cierto que los planes de Obama para cerrar Guantánamo se han visto obstaculizados por la oposición del Senado y el Congreso pero, como señalaba un informe elaborado por el Center for American Progress (un think tank muy vinculado al actual gobierno), la Casa Blanca cometió todo tipo de errores para cerrar la prisión: uno de los principales problemas fue que Obama no liberó en Estados Unidos a algunos presos inocentes lo bastante rápido como para evitar que se afianzase la fuerte oposición de muchos congresistas a esa medida. Después, debido en parte a que el Gobierno no apoyó a los congresistas partidarios de los traslados, se formó una mayoría en el Congreso que acabó impidiéndolos.

Como consecuencia de ello, ciertos presos declarados inocentes pero que podrían sufrir torturas o incluso ser asesinados en sus países de origen, están siendo acogidos en terceros países, lo cual resulta enormemente complicado teniendo en cuenta que Estados Unidos trata de convencer a los países de acogida de que son completamente inofensivas unas personas que no acepta en su territorio por supuestos motivos de seguridad. España ha decidido acoger a cinco de ellos y de momento ha recibido a dos: un yemení y un palestino. De este último, cuyo nombre es Walid Hijazi, se sabe, entre otras cosas, que arrastra un tremendo trauma por su estancia en Guantánamo, que vive en un hotel de una capital de provincia desde que fue liberado en marzo y que, pese a no haber ninguna acusación contra él, no puede salir de España y está sometido a una vigilancia constante.

Ahora el Congreso de Estados Unidos podría bloquear la “solución” que había propuesto Obama para cerrar el penal militar: trasladar a los presos detenidos de forma indefinida a una prisión de alta seguridad en el estado de Illinois. Es decir, simplemente, mover Guantánamo de lugar. Un comité del Congreso especializado en temas de defensa aprobó el pasado miércoles una ley que prohíbe emplear dinero del presupuesto de defensa previsto para 2011 en construir, comprar o modificar cualquier instalación carcelaria dentro de territorio estadounidense para albergar a presos de Guantánamo. Es más que probable que el Congreso apruebe esa ley la semana que viene.

La decisión del Congreso supone un varapalo político para Obama, que hizo del cierre de Guantánamo una de sus principales promesas, y probablemente lo retrase un año más del previsto. Tal y como están las cosas, es posible que no llegue a cerrar la prisión durante su primera legislatura, y quizá no lo haga nunca. Pero teniendo en cuenta que los presos iban a estar sometidos a las mismas condiciones en Illinois que en Guantánamo, la decisión del Congreso carece hasta cierto punto de trascendencia. Dadas las circunstancias, no tiene demasiada importancia la localización geográfica de la cárcel en la que están encerrados unos presos a los que se sigue despojando de sus derechos fundamentales.

Cuando firmó las órdenes ejecutivas para cerrar Guantánamo, Obama declaró que Estados Unidos iba a “continuar la lucha contra la violencia y el terrorismo”, pero “de una manera que sea consistente con nuestros valores e ideas” y que se negaba a aceptar el falso dilema de escoger entre librar la “guerra contra el terrorismo” y respetar los derechos humanos. Ahora ha presentado su nueva estrategia de seguridad nacional y ha rechazado explícitamente la noción de la “guerra contra el terrorismo” iniciada por Bush y ha declarado que el enemigo es Al Qaeda y sus asociados.

Sin embargo, dadas las políticas de su primer año y medio en el gobierno, caben pocas dudas de que se trata de un mero cambio semántico y de que Obama no ha sabido o no ha querido rechazar el “falso dilema” entre la lucha antiterrorista y el respeto a los derechos humanos. Como señalaba el periodista británico Andy Worthington en una entrevista concedida a Periodismo Humano el pasado mes de julio “la administración Obama no ha puesto en duda los fundamentos de la ‘guerra contra el terrorismo’ de la administración Bush ” y ha mantenido “demasiadas opciones sobre la mesa al presentar cinco posibles procedimientos para los prisioneros de Guantánamo: excarcelación o traslado, juicios en tribunales federales, juicios en una versión remozada de las comisiones militares (los “juicios a terroristas” que puso en marcha Dick Cheney en noviembre de 2001) y detención indefinida”.

Poco han cambiado las cosas desde entonces. Estos días en que trata de distanciarse públicamente de la era Bush, la administración Obama ha hecho suyo uno de los instrumentos fundamentales de la “guerra contra el terrorismo”: el derecho a mantener detenidos indefinidamente en Afganistán a “combatientes enemigos” despojándoles del derecho de habeas corpus. Como señala el prestigioso abogado y blogger Glenn Greenwald, pese a que una sentencia de 2008 dictaminó que era inconstitucional mantener detenidos a los prisioneros sin un proceso judicial, la administración Bush, y ahora la de Obama, han alegado que el precedente de aquella sentencia sólo era aplicable a los casos de los detenidos en la prisión de Guantánamo, no a los que se encontrasen en la prisión afgana de Bagram. El día 21, una corte de apelación le dio la razón a Bush y a Obama cuando dictaminó [pdf] que los prisioneros de Bagram, incluso los que habían sido detenidos fuera de Afganistán, no tienen derecho a cuestionar la legitimidad de su detención ante un tribunal federal estadounidense, ya que la sentencia de 2008 no es aplicable a prisiones que se hallan en zonas de guerra. Con o sin Guantánamo, bajo el nombre de la “guerra contra el terrorismo” o no, con Obama o con Bush,  Estados Unidos sigue manteniendo agujeros negros en los que la ley, simplemente, no existe.