El gran juego

El lunes el diario británico The Guardian reveló que la Agencia de Fronteras de Reino Unido planea repatriar a cientos de menores afganos solicitantes de asilo que se hallan solos en territorio británico. Hasta ahora, los menores a los que se les denegaba el derecho de asilo sólo eran devueltos a sus países de origen si su seguridad no estaba en peligro y se tenía la certeza de que recibirían la atención adecuada tras su regreso. Para salvar ese obstáculo, el Gobierno va a invertir cuatro millones de libras en la construcción de un “centro de reintegración” en Kabul, en el que alojará a los menores hasta que cumplan dieciocho años o sus familias sean localizadas.

Un grupo de inmigrantes hace cola el día 8 de febrero para recibir comida de una ONG en Calais, Francia, desde dónde esperan cruzar el Canal de la Mancha para llegar hasta Gran Bretaña (AP Photo/Michel Spingler).

Según el Ministerio del Interior Británico, hay más de 4.200 menores solicitantes de asilo no acompañados en Reino Unido. En los tres primeros meses de este año han solicitado asilo en Gran Bretaña 405 menores, de los cuales 175 son afganos. La mayoría de ellos viven en casas de acogida. Con la construcción del centro en Kabul, el Gobierno británico tiene previsto repatriar forzosamente a 12 de esos menores al mes.

Lo que ha facilitado estas y otras deportaciones a Afganistán es una sentencia dictada en octubre del año pasado por el Tribunal de Inmigración y Asilo. Según tres jueces del tribunal, el nivel de “violencia indiscriminada” en Afganistán no es lo suficientemente elevado para que los afganos soliciten protección humanitaria general en Reino Unido. Los jueces británicos dictaminaron que “las cifras de civiles muertos como consecuencia de la violencia indiscriminada han resultado ser mucho menores de lo que habría cabido esperar” precisamente el año en el que, según un informe de la ONU [pdf], murieron más civiles desde el comienzo de la guerra en 2001, un total de 2.412.

El anterior Gobierno británico endureció enormemente en los últimos años sus políticas de asilo e inmigración, e incluso llegó a jactarse públicamente de su alto índice de expulsiones. A partir de 1997 su estrategia consistió en retirar todo tipo de asistencia a los inmigrantes ilegales. En 2002 arrebató el derecho a trabajar a aquellos cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas, sumiéndoles en una situación de miseria tal que optaran por regresar a su país “voluntariamente”.

La London School of Economics afirmó el año pasado que había medio millón de inmigrantes en Reino Unido cuya solicitud de asilo había sido rechazada. Según un informe elaborado por la ONG Pafras [pdf], dos terceras partes de ellos han sufrido torturas en sus países de origen. El informe, que Nick Clegg calificó como un “oportuno recordatorio de cómo este Gobierno ha unido la incompetencia a la inhumanidad para crear uno de los sistemas de asilo más ineficaces y crueles de Europa”, afirmaba que la mayoría de esos inmigrantes viven o han vivido en la calle sobreviviendo con menos de una libra al día.

Muchos menores y familias con menores son recluidos en centros de detención como el tristemente famoso Yarl’s Wood, en Bedfordshire, dónde el año pasado se hallaban mil de los dos mil menores encerrados en ese tipo de instituciones. En ese centro, abierto en 2001 y gestionado desde 2007 por una empresa privada, los menores han sufrido todo tipo de malos tratos y humillaciones y a menudo se les ha negado el tratamiento médico y psicológico que necesitaban. Damian Green, el ministro de inmigración del nuevo Gobierno de coalición, se ha comprometido a abandonar la política de detener a menores inmigrantes, aunque muchos temen que su compromiso no incluya a las familias y los niños acaben siendo separados de sus madres.

El blindaje de la fortaleza europea

Gran Bretaña no es el único país de la Unión Europea que ha endurecido las políticas de inmigración y asilo. Aunque el propósito de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo de la UE aprobada en 2005 era unificar los criterios de los países miembros para determinar el estatuto de refugiados, cada país tiene sus propias prácticas y métodos. Sin embargo, en la práctica la estrategia global es un blindaje lo más férreo posible del continente frente a los flujos migratorios procedentes del tercer mundo.

Un grupo de inmigrantes trata de calentarse con un fuego en Calais, el pasado 8 de febrero (AP Photo/Michel Spingler).

Esta misma semana el Frontex (la agencia de la Unión europea que se ocupa del control de fronteras) repatrió a 60 solicitantes de asilo iraquíes procedentes de Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y Países Bajos, una decisión que han criticado numerosas organizaciones de derechos humanos y ACNUR por considerar que pone en peligro a los repatriados.

Días antes, una embarcación con veinte personas, entre ellas un niño de ocho años, navegó a la deriva durante un día en aguas maltesas sin que las autoridades maltesas e italianas hicieran nada para auxiliarles pese a haber recibido llamadas de socorro. Los pasajeros de la embarcación fueron rescatados por dos barcos libios, que los llevaron a su país, el cual carece de sistema de asilo.

Son sólo un par ejemplos de la guerra que la Unión Europea (y otros países del primer mundo) ha declarado a la inmigración y a los mismos inmigrantes, pese a las hipócritas justificaciones de quienes defienden en nombre de los “derechos humanos” algunas de las aberrantes tácticas adoptadas en esa guerra, como los centros de detención. Una guerra unilateral de las naciones ricas contra la población de los países pobres cuyo frente europeo se halla, no sólo en Ceuta, Melilla, Grecia o Calais, sino en todo el territorio del continente y de algunos países de la periferia como Marruecos.

Más allá de la polémica, y más bien anecdótica, declaración del anterior ministro de Inmigración británico Phil Woolas, de que uno de los beneficios de la presencia de soldados en Afganistán radica en “ayudarnos a controlar la inmigración”, la guerra contra la inmigración comienza a ser algo más que una metáfora. El periodista David Cronin señaló recientemente que la Unión Europea ha pedido asesoramiento a los fabricantes de armamento para aplicar tecnología militar de última generación en las fronteras. El Frontex ha organizado este mes en España un encuentro con empresas del sector para estudiar la posibilidad de utilizar aviones no tripulados en la vigilancia de las fronteras, una tecnología que también podría utilizar Estados Unidos con los mismos fines en la frontera con México.

El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea publicó hace unos meses un informe sobre los objetivos en materia de Defensa de la Unión Europea para el año 2020 con análisis de varios autores [pdf]. Uno de ellos señalaba “seis tareas críticas” que precisaban una significativa participación militar. La primera de ellas era “proteger los flujos tecnológicos y económicos mundiales”. La tercera resumía de una forma brutalmente clara la política de inmigración de la Unión Europea:

Operaciones de frontera: Proteger al mundo rico de las tensiones y problemas del mundo pobre. Mientras siga existiendo el enorme porcentaje de población mundial que vive sumida en la miseria y la frustración, las tensiones y entre su mundo y el de los ricos y sus secuelas continuarán aumentando. Como es improbable que hayamos resuelto el problema de raíz en 2020 (es decir, que hayamos logrado arreglar las sociedades disfuncionales) será necesario que fortalezcamos nuestras fronteras. Es una estrategia moralmente desagradable y derrotista, pero es inevitable si no podemos resolver los problemas de raíz. Esa estrategia se podría reforzar aún más si reducimos nuestro compromiso global para resolver la fuente de los problemas.