El gran juego

El Gobierno marroquí permitió que se celebraran con cierta libertad las manifestaciones convocadas en todo el país el pasado 20 de febrero en el llamado “Día de la dignidad”. Sin embargo, esa permisividad no ha tenido ningún tipo de continuidad y desde entonces las autoridades han tratado de sofocar cualquier conato de protesta, empleando a menudo la fuerza y la intimidación para conseguirlo.

Manifestación en la plaza de Bab el Had en Rabat, el 27 de febrero (AP Photo/Abdeljalil Bounhar).

El día siguiente al 20F, el ministro del Interior marroquí, Tareb Cherqauoi, ofreció una conferencia de prensa en Rabat en la que subrayó que las manifestaciones habían transcurrido “en un clima impregnado de serenidad y de disciplina” gracias “al clima de libertad, a la práctica democrática sana y auténtica y al derecho a la libertad de expresión”, que en su opinión existen en el reino alauita.

Cherqauoi también difundió entonces que se habían encontrado cinco cuerpos carbonizados en una entidad bancaria de la localidad de Alhucemas, incendiada durante los disturbios que se produjeron durante las protestas. Poco después moriría otra persona que había sido atropellada por un automóvil en una localidad próxima a Alhucemas. Según los organizadores de las manifestaciones, los responsables de los actos de vandalismo eran agentes provocadores no vinculados al movimiento tras los que podría estar el Gobierno.

Las declaraciones de Cherqaoui sobre la libertad de expresión en Marruecos se vieron contradichas el mismo día y en el mismo lugar en el que las pronunció. Aquella misma tarde, los jóvenes del Movimiento 20 de Febrero habían convocado una sentada en la céntrica plaza de Bab el Had, en la capital, pero cuando apenas se habían congregado unas pocas decenas de manifestantes, la policía antidisturbios cargó contra ellos y disolvió la concentración en pocos minutos. La superioridad numérica de las fuerzas de seguridad era evidente desde el principio y cinco personas tuvieron que ser atendidas en el hospital como consecuencia de las duras cargas policiales, entre ellas la presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Jadiya Riyadi.

Enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la plaza de Bab el Had en Rabat, el pasado 21 de febrero (AP Photo/Abdeljalil Bounhar).

Según fuentes de la AMDH, el gobernador de Rabat, Hasan Amrani, había prohibido expresamente cualquier tipo de protesta que pudiera “perturbar el orden público”. Al día siguiente se repitieron escenas muy parecidas cuando la policía impidió una sentada frente al centro cultural libio de Rabat.

El 21 de febrero el rey Mohammed VI pronunció un discurso con motivo de la inauguración del nuevo Consejo Económico y Social. El monarca afirmó que su “empeño de impulsar hacia adelante el modelo marroquí” es “inquebrantable” e “irreversible” y que se seguirán realizando “reformas estructurales, según una hoja de ruta con una visión y unos objetivos claros, basada en la fuerte cohesión entre la Corona y el pueblo”, pero no hizo ninguna referencia a las manifestaciones del día anterior ni a una de sus principales exigencias: la instauración de una monarquía parlamentaria.

Un día después de la manifestación abortada por la policía ante el centro cultural libio, numerosas organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales y culturales ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la AMDH en Rabat en la que anunciaron la creación del Consejo Nacional de Apoyo al Movimiento 20 F, “un organismo abierto a todas las organizaciones y activistas que apoyan el Movimiento 20 F”. El Consejo difundió un comunicado en el que afirmaba que expresaba su rechazo a la violencia perpetrada “por individuos que no forman parte de los manifestantes después de las sentadas y las marchas”, su condena enérgica “a todas las formas de represión contra los activistas que participaron en las sentadas en todo el territorio nacional”, así como “los arrestos en curso dirigidos contra los activistas del 20 F”.

La policía llega a la plaza de Bab el Had para disolver una manifestación el 27 febrero ante un partidario del rey Mohammed VI (AP Photo/Abdeljalil Bounhar).

Aquel mismo día, una joven de veinticinco años llamada Fadwa Laroui se inmoló frente al ayuntamiento de Souk Sebt, en el centro del país. Fadwa se prendió fuego después de que le denegaran una ayuda a la vivienda del Gobierno por su condición de madre soltera y por no residir de forma permanente en la localidad, según el alcalde de Souk Sebt.

El domingo se convocaron nuevas protestas en diversas ciudades marroquíes. Al contrario que las del domingo anterior, la presencia policial fue mucho más fuerte y visible en la capital, según el corresponsal de Público en Rabat. El número de manifestantes fue menor: los miles se convirtieron en unos pocos centenares. La sentada en la capital transcurrió sin incidentes, al contrario que en otras ciudades, como Agadir, donde hubo tres decenas de heridos en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Por otro lado, este fin de semana se han producido disturbios en el Sáhara occidental cuando civiles marroquíes e independentistas saharauis se enfrentaron en la localidad de Dahjla, tal y como informaba el domingo la Agencia EFE. Según la MAP, la agencia de noticias marroquí, una persona murió atropellada la noche del viernes. La Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves (ASVDH) afirma que la noche del viernes varios ciudadanos marroquíes atacaron los barrios marroquíes y fueron destruidos 31 casas y 85 vehículos.