El gran juego

Rangún (Birmania).

U Win Tin es uno de los dirigentes más destacados de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi. A lo largo de sus ochenta y un años de vida ha sido un testigo privilegiado de la historia de Birmania, primero como periodista y después como político. Miembro fundador de la LND, ha pagado su compromiso con la lucha por la democracia con casi veinte años de cárcel, durante los cuales sufrió torturas y su salud se vio gravemente mermada. Sin embargo, la cárcel no logró doblegarle y, como él mismo nos cuenta, lo primero que hizo cuando fue puesto en libertad en septiembre de 2008, a los setenta y nueve años de edad, fue conceder entrevistas para denunciar las violaciones de los derechos humanos en las prisiones birmanas y la opresión que sufre su país.

U Win Tin en la sede de la Liga Nacional para la Democracia en Rangún el pasado 13 de diciembre (C.S.).

A mediados del pasado mes de diciembre, un mes después de la liberación de Aung San Suu Kyi, tuvimos la oportunidad de hablar en la sede de la Liga Nacional para la Democracia en Rangún con este hombre afable y sereno acerca de su biografía política, la compleja situación política del país asiático y el futuro de la lucha por la democracia y la libertad en un momento histórico de enorme incertidumbre tanto para su partido como para Birmania en general. Ofrecemos a continuación la primera parte de esa conversación.

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Mae Sot (Tailandia).
Fotografías: Eduardo de Francisco.

La doctora Cynthia Maung es la fundadora y directora de la Clínica Mae Tao, una institución que lleva más de veinte años ofreciendo asistencia sanitaria gratuita a refugiados birmanos en Tailandia, desplazados internos en Birmania y poblaciones enteras que carecen de los servicios sanitarios más básicos. Gracias a los esfuerzos de esta mujer infatigable y el personal de la clínica, así como a las donaciones de numerosas organizaciones internacionales, lo que hace dos decenios no era más que una pequeña consulta abierta por seis refugiados birmanos en una vieja casa de madera ha llegado a convertirse en un pequeño complejo hospitalario en el que trabajan unas setecientas personas que proporcionan servicios médicos a miles de pacientes y una educación a muchos niños que de otro modo no podrían acceder a ella.

La doctora Cynthia Maung en la clínica Mae Tao (Eduardo de Francisco).

En la clínica, situada en la localidad tailandesa de Mae Sot, a escasos kilómetros de la frontera birmana, trabaja gente de casi todas las comunidades que componen el complejo puzle étnico birmano, así como voluntarios procedentes de otros países. Además de dispensar todo tipo de servicios médicos a sus pacientes en sus instalaciones, desde atención primaria hasta tratamiento contra la malaria, operaciones quirúrgicas, programas de prevención del SIDA, ortodoncia o miembros ortopédicos a las víctimas de la guerra, Mae Tao es el centro de operaciones de una amplia red de escuelas y centros médicos a ambos lados de la frontera. También cuenta con un programa de formación y con equipos móviles de médicos que se adentran periódicamente en la jungla para llegar a zonas aisladas e infestadas de malaria en las que la población no tiene acceso a ningún tipo de asistencia sanitaria.

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Mae Sot (Tailandia).
Fotografías: Eduardo de Francisco.

Thiha Yarzar lleva en la mirada todos y cada uno de los días que estuvo preso en varias cárceles birmanas, diecisiete años, seis meses y dieciséis días, durante los cuales sufrió torturas a lo largo de semanas enteras. En una de ellas, en la prisión de Kalay, en la que estuvo encarcelado durante cuatro años, las condiciones sanitarias eran tan pésimas, que la malaria mataba tanto a los prisioneros como a sus carceleros. En otra, la de Mai Sat, fue sometido a confinamiento solitario durante seis largos años por haber hecho una huelga de hambre. Thiha comparte con nosotros su historia como preso político porque su mayor empeño es “que el mundo sepa lo que sucede en Birmania”. No es una historia única: ahora que ha finalizado el arresto domiciliario de la líder democrática Aung San Suu Kyi, más de dos mil cien presos políticos birmanos siguen encerrados en cárceles como las que Thiha conoce demasiado bien.

Thiha Yarzar, el 14 de noviembre en Mae Sot, Tailandia (Eduardo de Francisco).

Thiha tiene cuarenta y tres años, su padre era un coronel del Tatmadaw (el ejército birmano) y su madre una maestra de escuela, lo que le convertía en un privilegiado. En 1991, tres meses después de que naciera su hija Tone Tone, fue detenido en Rangún cuando llevaba encima una pistola y unos documentos de la Alianza Democrática de Birmania. Tras torturarle durante varias semanas, le acusaron de alta traición y fue condenado a muerte. Sin embargo, en 1993 la Junta militar instauró la Convención Nacional para redactar la Constitución que ahora está vigente en Birmania y declaró una amnistía general, por lo que le conmutaron la pena por veinte años de cárcel.

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Bangkok (Tailandia).

La página web Prachatai se ha convertido en los últimos años en una fuente indispensable de noticias y análisis de la situación política tailandesa. Con artículos tanto en tailandés como en inglés, Prachatai es uno de los pocos medios realmente independientes que existen en el país, además de un ejemplo de buen periodismo y certeros análisis políticos. Quizá por ello, en la actualidad está bloqueada en su país, aunque sigue funcionando, cambiando su dominio de vez en cuando para burlar el bloqueo y llegar a sus lectores; de prachatai.com ha pasado a prachatai3.info.

La periodista tailandesa Chiranuch Premchaiporn, el pasado 20 de octubre en la redacción de Prachatai en Bangkok (C.S.).

La directora de Prachatai, Chiranuch Premchaiporn, ha aparecido últimamente en numerosos medios internacionales, es objeto de campañas de de apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional y se ha convertido en la punta de lanza de la lucha por la libertad de expresión en su país, ya que se enfrenta a varias acusaciones de haber quebrantado la Ley de Delitos Informáticos y la ley de lesa majestad, que podrían suponer una condena de hasta cincuenta años de cárcel. La razón de dichas acusaciones es muy sintomática del punto hasta el cual se está recortando la libertad de expresión en Tailandia: no haber retirado del foro de su web con la suficiente rapidez unos comentarios considerados ofensivos hacia la monarquía.

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Bangkok (Tailandia).
Fotografías: Omar Montenegro.

El activista tailandés Sombat Boongamanong se ha convertido en los últimos meses en una de las cabezas más visibles de los camisas rojas. Después de que el Gobierno pusiera fin violentamente a las protestas el pasado mes de mayo, Sombat y su pequeño grupo “Domingo rojo” han organizado una serie de actividades todos los domingos que han demostrado que el movimiento sigue vivo a pesar de que los líderes del “Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura” (UDD) están encarcelados o escondidos. La mayor demostración de fuerza reciente de los camisas rojas fue la manifestación que “Domingo rojo” convocó el pasado 19 de septiembre en Bangkok. Aquel día, el cuarto aniversario del golpe de Estado que depuso a Thaksin Shinawatra, acudieron a la intersección de Ratchaprasong unas veinte mil personas, pese al estado de emergencia vigente en la capital, que prohíbe la convocatoria de cualquier acto político.

Sombat Boongamanong en la sede de “Domingo rojo” en Bangkok el pasado 21 de octubre (Omar Montenegro).

Sombat había sido detenido a finales de junio por violar el estado de emergencia en Bangkok cuando se disponía a atar una cinta roja en la señal de la intersección de Ratchaprasong, donde tuvieron lugar las protestas de abril y mayo y murieron decenas de manifestantes durante la carga del ejército para disolverlas. Dos semanas después fue puesto en libertad y desde entonces no ha dejado de organizar actos de protesta contra el Gobierno de Abhisit Vejjajiva, a los que han asistido sobre todo personas pertenecientes a la clase media de la capital.

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Bangkok (Tailandia)

“La causa de estas inundaciones es el mal karma, tenemos mal karma porque nuestro Gobierno no es bueno, mató a mucha gente este año”, me comentaba hace unos días en voz baja, con miedo a ser oída, la dueña de una librería de lance en Bangkok, una mujer menuda de unos cincuenta años procedente de Buriram, una de las provincias de Tailandia en las que las lluvias han sido más destructivas este año. Es difícil saber cuántos tailandeses comparten la opinión de la librera, aunque probablemente no sean pocos, pero dejando aparte unas supersticiones bastante arraigadas entre la población, las peores inundaciones que ha sufrido el país en varias décadas tienen una innegable dimensión política.

Inundaciones en Ta Luang, en la provincia tailandesa de Saraburi, el pasado 25 de octubre (C.S.).

Las regiones del norte y el centro de Tailandia son las que han sufrido el desastre. Las lluvias han caído con especial fuerza este año, anegando una de las zonas más pobres del país, y ahora amenazan con inundar también el sur. Según el Gobierno ya han muerto 68 personas en las dos últimas semanas, más de tres millones han perdido sus hogares, muchas infraestructuras han quedado destruidas y se ha echado a perder una gran parte de la cosecha de arroz, el principal recurso de la región. Dos semanas después de que comenzaran las lluvias torrenciales, el primer ministro Abhisit Vejjajiva ha declarado que lo peor podría estar por venir y ya se calcula que los daños podrían reducir al menos en un 1 por ciento el crecimiento económico del país este año.

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Bangkok (Tailandia)

Este domingo se celebró en la localidad tailandesa de Ayutthaya (situada a unos sesenta kilómetros al norte de Bangkok) una de las mayores concentraciones de camisas rojas desde que el mes de mayo el ejército pusiera fin brutalmente a las protestas que paralizaron durante varias semanas el distrito comercial de Bangkok. Miles de ellos se congregaron para exigir la liberación de los presos políticos que continúan detenidos desde mayo, que se haga justicia con los 91 manifestantes asesinados y los centenares de heridos durante la represión de las protestas en abril y mayo y la introducción de reformas para democratizar el país.

El activista tailandés Sombat Boongamanong se dirige a una multitud de camisas rojas el 17 de octubre en la ciudad de Ayutthaya (C.S.).

En muchos casos, la indignación ha vencido al miedo y a lo largo de las últimas semanas se ha producido una espectacular resurrección del movimiento de los camisas rojas, que han convocado varios actos y manifestaciones a pesar de las estrictas medidas de control del Gobierno, que mantiene el estado de emergencia en Bangkok y tres provincias vecinas. Pese a que los discursos del primer ministro Abhisit Vejjajiva están repleto de referencias a la “reconciliación nacional”, el Gobierno ha hecho pocas cosas por conseguirla, más allá de medidas como el lanzamiento de campañas propagandísticas como “Together We Can” (la Obamanía también ha llegado a Tailandia) que no hacen más que desacreditarle aún más a ojos de sus opositores.

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El Gobierno estadounidense tiene previsto vender a Arabia Saudí armamento aéreo por valor de 60.000 millones de dólares durante los próximos diez años. El acuerdo, que aún debe aprobar el Congreso, supondría la mayor transacción comercial armamentística de la historia de Estados Unidos. Además, está manteniendo negociaciones con Arabia Saudí para modernizar su armada y su sistema de misiles, lo que podría reportar a las arcas estadounidenses decenas de miles de millones de dólares más. La venta forma parte de una serie de acuerdos comerciales con países del Golfo Pérsico a los que Estados Unidos tiene previsto vender armas por un valor total de 123.000 millones de dólares.

Barack Obama y el rey Abdulá de Arabia Saudí, en el despacho oval de la Casa Blanca, el pasado 29 de junio (AP Photo/Ron Edmonds).

Un par de días antes de que se difundiera la noticia, una comisión del Congreso publicaba un informe [pdf] en el que afirmaba que en el año 2009 las ventas de armas disminuyeron en todo el mundo un 8,5 por ciento con respecto al año anterior. El informe señala que el comercio armamentístico mundial alcanzó los 57.5000 millones de dólares. Aunque Estados Unidos continúa siendo el mayor exportador mundial de armas, sus ventas cayeron de 38.100 millones de dólares en 2008 a 22.600 millones en 2009.

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El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.

Funeral de varios civiles iraquíes muertos durante una redada realizada por tropas estadounidenses e iraquíes en Faluya, una de las operaciones de combate en las que ha participado el ejército estadounidense tras la fecha del fin oficial de las mismas (AP Photo/Bilal Fawzi).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.

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El Gobierno afgano ha anunciado que va a emprender una operación de rescate financiero del Banco de Kabul, el mayor banco comercial del país, que estos días está sumido en una grave crisis que amenaza con hacer colapsar el frágil sistema financiero del país. El Banco Central de Afganistán tiene previsto dedicar a la operación 200 millones de dólares, una enorme cantidad de dinero para un Estado que no recauda más que mil doscientos millones de dólares de impuestos al año. La crisis está acompañada por un escándalo de corrupción a gran escala en el que está implicado el hermano de Hamid Karzai, el presidente del país.

El gobernador del Banco Central de Afganistán, Abdul Qadir Fitrat, durante una rueda de prensa celebrada el 1 de septiembre en Kabul en la que defendió la solvencia del Banco de Kabul (AP Photo/Musadeq Sadeq).

A finales del mes pasado, el Banco Central obligó a dimitir a los dos principales directivos del Banco de Kabul, Sherkhan Farnood y Khalilullah Frozi, tras descubrir que había alcanzado pérdidas de hasta 300 millones de dólares y que los accionistas habían empleado el dinero de los clientes en realizar inversiones ilícitas. Sherkhan Farnood, fundador y presidente del banco, además de jugador de poker profesional, había utilizado el dinero del banco para cubrir pérdidas de su aerolínea privadas, Pamir Airways, y para invertir en el mercado inmobiliario de Dubai hasta que éste se desplomó en 2008.

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