El gran juego

Durante el último año, Japón ha estado sumido en una crisis política que culminó el pasado mes de junio con la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama nueve meses después de ganar las elecciones. El primer ministro no cumplió muchas de sus promesas electorales y su popularidad sufrió un duro revés a principios de este año debido a un escándalo causado por una serie de irregularidades en la financiación de su partido, pero la crisis dista mucho de ser un asunto meramente interno: la posición geoestratégica de Japón en Asia y las tensas relaciones del Gobierno de Hatoyama con Estados Unidos han desempeñado el papel principal. De hecho, lo que precipitó la caída de Hatoyama fue su incapacidad de cumplir la promesa de trasladar la base aérea estadounidense de Futenma fuera de la isla de Okinawa ante la feroz oposición de la administración Obama.

Base aérea de Futenma en medio de la ciudad de Kinowan, en la prefectura japonesa de Okinawa (Kyodo via AP Images).

La histórica victoria del Partido Democrático de Japón (PDJ), de centro-izquierda, en las elecciones en agosto del año pasado supuso el final de más de cincuenta años de gobierno casi ininterrumpido del Partido Liberal Democrático (PLD), de centro derecha. Yukio Hatoyama ganó las elecciones con la promesa de introducir profundos cambios en la política japonesa: rebajar el poder de una burocracia casi omnipotente para aumentar el de los políticos y el pueblo, implantar reformas económicas para crear un estado del bienestar tras al neoliberalismo salvaje del PLD y, sobre todo, modificar la política exterior de Japón para acercarse más a los países de Asia oriental (con el objetivo a largo plazo de crear un mercado y moneda comunes) y reformular los estrechos vínculos con Estados Unidos para que ambos países llegaran a mantener unas relaciones en pie de igualdad y Japón dejara de desempeñar el papel de subordinado en una alianza que casi nadie, ni el propio Hatoyama, pone en duda en Japón.

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Hace dos semanas, un tribunal tailandés decidió autorizar la extradición a Estados Unidos del famoso traficante de armas ruso Viktor Bout, encerrado en una cárcel de Tailandia desde que hace dos años le detuvieran en Bangkok unos agentes de la DEA que se hacían pasar por miembros de las FARC colombianas dispuestos a comprarle armas. Bout, que quiere evitar a toda costa ser juzgado en Estados Unidos, no puede apelar el fallo del tribunal, pero una serie de complicaciones jurídicas y políticas están frenando el proceso de extradición hasta el punto de que cabe la posibilidad de que salga en libertad antes de que finalice el año.

Viktor Bout entrando en el tribunal de apelación que aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 20 de mayo en Bangkok (AP Photo/Apichart Weerawong).

Durante estos dos años, el Gobierno estadounidense ha exigido al tailandés que extradite a Bout, acusándole de vender armas a una organización terrorista [pdf]. Rusia también ha presionado a Tailandia, pero para impedir la extradición y su ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la decisión del tribunal tailandés de “ilegal y política” y ha declarado que la decisión “ha sido tomada bajo una gran presión”.

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El 26 de noviembre de 1975, siete meses después de que los jemeres rojos tomaran Phnom Penh, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el ministro de Asuntos Exteriores tailandés Chatchai Chunhawan mantuvieron un “almuerzo informal” en la residencia del primero en Washington. Durante la conversación, Kissinger le pidió a Chatchai que les comunicara a los jemeres rojos que Estados Unidos, su antiguo enemigo, ahora quería ser su “amigo” [pdf] y añadió: “son unas bestias asesinas, pero no dejaremos que eso se interponga entre nosotros, estamos dispuestos a mejorar nuestras relaciones con ellos”. Además, Kissinger expresó su deseo de que Laos y Camboya se mantuvieran en la órbita china y actuaran como un “contrapeso” a Vietnam (y su principal aliado, la Unión Soviética) en la región.

Un grupo de guerrilleros se dispone a recibir al presidente del Gobierno de Coalición de la Kampuchea Democrática, Norodom Sihnaouk, en un campamento de la selva camboyana, el 7 de febrero de 1984 (AP Photo/Gary Mangkorn).

Aquélla conversación extraoficial, que no se haría pública hasta 2004, contiene algunas de las claves que explican las políticas que los diversos gobiernos de Estados Unidos, China, Tailandia y otros países adoptarían con respecto a Camboya y los jemeres rojos durante los siguientes tres decenios. Aquellas políticas, en las que primaban ante todo los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, fueron las que  hicieron posible la guerra civil que se prolongó en Camboya durante varios años tras la caída del régimen de Pol Pot y que no se haya juzgado a ningún alto cargo de los jemeres rojos hasta ahora.

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La primera sentencia contra un alto cargo del régimen de los jemeres rojos, el director de la prisión S-21, Duch, ha vuelto a poner de actualidad uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea: el genocidio que tuvo lugar en Camboya entre abril de 1975 y enero de 1979,  en el que se calcula que murieron alrededor de 1,7 millones de camboyanos, aproximadamente una quinta parte de la población total, debido a las ejecuciones masivas y al exceso de trabajo, el hambre y las enfermedades.

Osario de víctimas de los jemeres rojos desenterradas en Choeung Ek, a quince kilómetro de Phnom Penh (AP Photo/John Laird).

Treinta años después de la caída del régimen de los jemeres rojos y menos de un decenio después de la muerte de Pol Pot, ambos siguen ocupando un lugar destacado en el imaginario colectivo como símbolos del mal absoluto y la barbarie totalitaria en un siglo en el que abundaron los genocidios. Pero, ¿quiénes eran realmente los jemeres rojos? ¿Cómo llegaron al poder? ¿En qué consistían sus políticas? ¿Quiénes eran sus víctimas, sus enemigos y sus aliados?

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El pasado lunes se dictó en Phnom Penh la primera sentencia contra un alto cargo de los jemeres rojos, Kaing Guek Eav, alías Duch, director de Tuol Sleng, o S-21, el principal centro de detención de la Kampuchea Democrática. Han tenido que transcurrir tres décadas desde el genocidio camboyano, en el que murieron alrededor de 1,7 millones de personas, para que comience a hacerse justicia en el país asiático.

Kaing Guek Eav, Duch, escucha la sentencia del tribunal que juzga a los jemeres rojos , el pasado 26 de julio en Phnom Penh (AP Photo/Heng Sinith).

El tribunal mixto, (nacional e internacional, compuesto por tres jueces camboyanos y dos extranjeros nombrados por la ONU), declaró a Duch culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los algo menos de cuatro años en que dirigio el centro de torturas S-21 como el más eficiente de los funcionarios. Unos años en los que ordenó interrogar, torturar y ejecutar a más de 14.000 prisioneros políticos a los que obligaba a redactar unas confesiones que en su mayoría eran falsas y cuya única finalidad real era alimentar las teorías conspirativas y la paranoia de los dirigentes del régimen. Según la perversa lógica que reinaba en la Kampuchea Democrática y en Tuol Sleng la sospecha era sinónimo de culpabilidad y las torturas producían inexorablemente confesiones en las que era necesario dar nombres de nuevos sospechosos, los cuales redactaban a su vez nuevas confesiones que volvían a poner en marcha todo el proceso. Un círculo vicioso que no tenía fin ya que, por definición, los miembros del Gobierno de la Kampuchea Democrática no podían equivocarse al señalar a sus enemigos.

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Han transcurrido seis meses desde que un terremoto de siete grados en la escala de Richter sacudiera Haití, arrasando la capital Puerto Príncipe, matando a unas 230.000 personas y dejando sin hogar a otro millón y medio de sus habitantes. Como es habitual en estos casos, poco después de la catástrofe, muchos países se comprometieron a ayudar a reconstruir un país devastado, pero casi ninguna de esas promesas se ha cumplido: los haitianos, una vez más, han de arreglárselas solos para sobrevivir.

Un hombre camina por una calle de Puerto Príncipe, el pasado 12 de julio (AP Photo/Alexandre Meneghini).

Como en tantas otras catástrofes naturales, el mundo ha hecho unas promesas que no parece estar dispuesto a cumplir. El pasado mes de marzo se reunieron en Nueva York más de cien países y se comprometieron a donar más de cinco mil millones de dólares en los próximos dos años y unos diez mil millones a lo largo del siguiente decenio. Los países donantes sólo han desembolsado un dos por ciento del dinero prometido a corto plazo y la inmensa mayoría no han aportado absolutamente nada; sólo cuatro de ellos han entregado algún dinero (Noruega, Australia, Estonia y Brasil, el único que ha dado todo lo que había prometido). El organismo encargado de gestionar la ayuda, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida por Bill Clinton y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, no se reunió por primera vez hasta el pasado 17 de junio.

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Hace un par de semanas fueron asesinados ocho soldados del ejército tailandés en dos emboscadas con bombas de carretera en el sur de Tailandia. El primer ataque, en el que murieron cinco soldados, tuvo lugar el jueves 1 de julio en la provincia de Narathiwat y el segundo al día siguiente en la provincia de Yala. Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de los atentados, como viene siendo habitual desde que en 2004 diera comienzo la actual insurgencia separatista en las provincias del sur.

Soldados tailandeses examinan el lugar en el que explotó una bomba el 3 de septiembre del año pasado en Pattani. (AP Photo/Sumeth pranphet).

Tras el cierre en falso de la crisis política del pasado mes de mayo, ha vuelto a aflorar la otra gran crisis de Tailandia, la de un conflicto armado poco conocido fuera de sus fronteras, pero que desde hace seis años ha sumido al sur del país en una espiral de violencia que ya se ha cobrado la vida de más de cuatro mil personas.

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Este mes de junio ha vuelto a estallar la violencia en Cachemira. Después de que la policía matará a un joven de 17 años al disolver una manifestación exigiendo la independencia de la región administrada por India, los separatistas convocaron una huelga general y se sucedieron las protestas en diversas ciudades a pesar del toque de queda impuesto por el Gobierno. La represión de las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad se ha cobrado la vida de al menos diez manifestantes, la mayoría a manos del cuerpo paramilitar de la Fuerza Policial de la Reserva Central.

Manifestantes independentistas cachemires protestan contra la ocupación india, el pasado 21 de junio en Srinagar (AP Photo/Mukhtar Khan).

Mientras tanto, este lunes se produjo un enfrentamiento en el sector de Nowgam entre tropas indias y un grupo de insurgentes cuando, según un oficial del ejército, éstos trataban de entrar desde Pakistán en la Cachemira controlada por India. En la refriega murieron cinco militantes y tres soldados indios.

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Siete años después del comienzo de la invasión de Irak y cuando falta un año y medio para que termine el plazo de retirada de las tropas, el ejército estadounidense ya ha empezado a hacer las maletas. Es más que probable que Estados Unidos mantenga una considerable presencia en el país durante varios años, aunque sus soldados no reciban el nombre de “tropas de combate”, y ya está organizando un “pequeño ejército” que asumirá la tarea de proteger a su cuerpo diplomático tras la retirada.

Soldados estadounidenses incineran basura en un puesto avanzado de la provincia de Diyala, en diciembre de 2007 (AP Photo/Marko Drobnjakovic).

En cualquier caso, la potencia ocupante ha evacuado a un número sustancial de tropas y ha desmantelado muchas de las bases que mantenía en el país. De las 500 bases y los 176.000 soldados que el ejército estadounidense había llegado a tener en Irak, ahora mismo quedan 130 bases y 85.000 soldados. El legado de una guerra que nunca debió comenzar y que quizá no haya terminado es un país destruido, en manos de un Gobierno corrupto e inoperante, y una sociedad profundamente dividida y plagada de tensiones sin resolver.

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El lunes el diario británico The Guardian reveló que la Agencia de Fronteras de Reino Unido planea repatriar a cientos de menores afganos solicitantes de asilo que se hallan solos en territorio británico. Hasta ahora, los menores a los que se les denegaba el derecho de asilo sólo eran devueltos a sus países de origen si su seguridad no estaba en peligro y se tenía la certeza de que recibirían la atención adecuada tras su regreso. Para salvar ese obstáculo, el Gobierno va a invertir cuatro millones de libras en la construcción de un “centro de reintegración” en Kabul, en el que alojará a los menores hasta que cumplan dieciocho años o sus familias sean localizadas.

Un grupo de inmigrantes hace cola el día 8 de febrero para recibir comida de una ONG en Calais, Francia, desde dónde esperan cruzar el Canal de la Mancha para llegar hasta Gran Bretaña (AP Photo/Michel Spingler).

Según el Ministerio del Interior Británico, hay más de 4.200 menores solicitantes de asilo no acompañados en Reino Unido. En los tres primeros meses de este año han solicitado asilo en Gran Bretaña 405 menores, de los cuales 175 son afganos. La mayoría de ellos viven en casas de acogida. Con la construcción del centro en Kabul, el Gobierno británico tiene previsto repatriar forzosamente a 12 de esos menores al mes.

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