El gran juego

Mae Sot (Tailandia).
Fotografías: Eduardo de Francisco.

La doctora Cynthia Maung es la fundadora y directora de la Clínica Mae Tao, una institución que lleva más de veinte años ofreciendo asistencia sanitaria gratuita a refugiados birmanos en Tailandia, desplazados internos en Birmania y poblaciones enteras que carecen de los servicios sanitarios más básicos. Gracias a los esfuerzos de esta mujer infatigable y el personal de la clínica, así como a las donaciones de numerosas organizaciones internacionales, lo que hace dos decenios no era más que una pequeña consulta abierta por seis refugiados birmanos en una vieja casa de madera ha llegado a convertirse en un pequeño complejo hospitalario en el que trabajan unas setecientas personas que proporcionan servicios médicos a miles de pacientes y una educación a muchos niños que de otro modo no podrían acceder a ella.

La doctora Cynthia Maung en la clínica Mae Tao (Eduardo de Francisco).

En la clínica, situada en la localidad tailandesa de Mae Sot, a escasos kilómetros de la frontera birmana, trabaja gente de casi todas las comunidades que componen el complejo puzle étnico birmano, así como voluntarios procedentes de otros países. Además de dispensar todo tipo de servicios médicos a sus pacientes en sus instalaciones, desde atención primaria hasta tratamiento contra la malaria, operaciones quirúrgicas, programas de prevención del SIDA, ortodoncia o miembros ortopédicos a las víctimas de la guerra, Mae Tao es el centro de operaciones de una amplia red de escuelas y centros médicos a ambos lados de la frontera. También cuenta con un programa de formación y con equipos móviles de médicos que se adentran periódicamente en la jungla para llegar a zonas aisladas e infestadas de malaria en las que la población no tiene acceso a ningún tipo de asistencia sanitaria.

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Mae Sot (Tailandia).
Fotografías: Eduardo de Francisco.

Thiha Yarzar lleva en la mirada todos y cada uno de los días que estuvo preso en varias cárceles birmanas, diecisiete años, seis meses y dieciséis días, durante los cuales sufrió torturas a lo largo de semanas enteras. En una de ellas, en la prisión de Kalay, en la que estuvo encarcelado durante cuatro años, las condiciones sanitarias eran tan pésimas, que la malaria mataba tanto a los prisioneros como a sus carceleros. En otra, la de Mai Sat, fue sometido a confinamiento solitario durante seis largos años por haber hecho una huelga de hambre. Thiha comparte con nosotros su historia como preso político porque su mayor empeño es “que el mundo sepa lo que sucede en Birmania”. No es una historia única: ahora que ha finalizado el arresto domiciliario de la líder democrática Aung San Suu Kyi, más de dos mil cien presos políticos birmanos siguen encerrados en cárceles como las que Thiha conoce demasiado bien.

Thiha Yarzar, el 14 de noviembre en Mae Sot, Tailandia (Eduardo de Francisco).

Thiha tiene cuarenta y tres años, su padre era un coronel del Tatmadaw (el ejército birmano) y su madre una maestra de escuela, lo que le convertía en un privilegiado. En 1991, tres meses después de que naciera su hija Tone Tone, fue detenido en Rangún cuando llevaba encima una pistola y unos documentos de la Alianza Democrática de Birmania. Tras torturarle durante varias semanas, le acusaron de alta traición y fue condenado a muerte. Sin embargo, en 1993 la Junta militar instauró la Convención Nacional para redactar la Constitución que ahora está vigente en Birmania y declaró una amnistía general, por lo que le conmutaron la pena por veinte años de cárcel.

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Bangkok (Tailandia).

La página web Prachatai se ha convertido en los últimos años en una fuente indispensable de noticias y análisis de la situación política tailandesa. Con artículos tanto en tailandés como en inglés, Prachatai es uno de los pocos medios realmente independientes que existen en el país, además de un ejemplo de buen periodismo y certeros análisis políticos. Quizá por ello, en la actualidad está bloqueada en su país, aunque sigue funcionando, cambiando su dominio de vez en cuando para burlar el bloqueo y llegar a sus lectores; de prachatai.com ha pasado a prachatai3.info.

La periodista tailandesa Chiranuch Premchaiporn, el pasado 20 de octubre en la redacción de Prachatai en Bangkok (C.S.).

La directora de Prachatai, Chiranuch Premchaiporn, ha aparecido últimamente en numerosos medios internacionales, es objeto de campañas de de apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional y se ha convertido en la punta de lanza de la lucha por la libertad de expresión en su país, ya que se enfrenta a varias acusaciones de haber quebrantado la Ley de Delitos Informáticos y la ley de lesa majestad, que podrían suponer una condena de hasta cincuenta años de cárcel. La razón de dichas acusaciones es muy sintomática del punto hasta el cual se está recortando la libertad de expresión en Tailandia: no haber retirado del foro de su web con la suficiente rapidez unos comentarios considerados ofensivos hacia la monarquía.

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Bangkok (Tailandia).
Fotografías: Omar Montenegro.

El activista tailandés Sombat Boongamanong se ha convertido en los últimos meses en una de las cabezas más visibles de los camisas rojas. Después de que el Gobierno pusiera fin violentamente a las protestas el pasado mes de mayo, Sombat y su pequeño grupo “Domingo rojo” han organizado una serie de actividades todos los domingos que han demostrado que el movimiento sigue vivo a pesar de que los líderes del “Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura” (UDD) están encarcelados o escondidos. La mayor demostración de fuerza reciente de los camisas rojas fue la manifestación que “Domingo rojo” convocó el pasado 19 de septiembre en Bangkok. Aquel día, el cuarto aniversario del golpe de Estado que depuso a Thaksin Shinawatra, acudieron a la intersección de Ratchaprasong unas veinte mil personas, pese al estado de emergencia vigente en la capital, que prohíbe la convocatoria de cualquier acto político.

Sombat Boongamanong en la sede de “Domingo rojo” en Bangkok el pasado 21 de octubre (Omar Montenegro).

Sombat había sido detenido a finales de junio por violar el estado de emergencia en Bangkok cuando se disponía a atar una cinta roja en la señal de la intersección de Ratchaprasong, donde tuvieron lugar las protestas de abril y mayo y murieron decenas de manifestantes durante la carga del ejército para disolverlas. Dos semanas después fue puesto en libertad y desde entonces no ha dejado de organizar actos de protesta contra el Gobierno de Abhisit Vejjajiva, a los que han asistido sobre todo personas pertenecientes a la clase media de la capital.

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Bangkok (Tailandia)

“La causa de estas inundaciones es el mal karma, tenemos mal karma porque nuestro Gobierno no es bueno, mató a mucha gente este año”, me comentaba hace unos días en voz baja, con miedo a ser oída, la dueña de una librería de lance en Bangkok, una mujer menuda de unos cincuenta años procedente de Buriram, una de las provincias de Tailandia en las que las lluvias han sido más destructivas este año. Es difícil saber cuántos tailandeses comparten la opinión de la librera, aunque probablemente no sean pocos, pero dejando aparte unas supersticiones bastante arraigadas entre la población, las peores inundaciones que ha sufrido el país en varias décadas tienen una innegable dimensión política.

Inundaciones en Ta Luang, en la provincia tailandesa de Saraburi, el pasado 25 de octubre (C.S.).

Las regiones del norte y el centro de Tailandia son las que han sufrido el desastre. Las lluvias han caído con especial fuerza este año, anegando una de las zonas más pobres del país, y ahora amenazan con inundar también el sur. Según el Gobierno ya han muerto 68 personas en las dos últimas semanas, más de tres millones han perdido sus hogares, muchas infraestructuras han quedado destruidas y se ha echado a perder una gran parte de la cosecha de arroz, el principal recurso de la región. Dos semanas después de que comenzaran las lluvias torrenciales, el primer ministro Abhisit Vejjajiva ha declarado que lo peor podría estar por venir y ya se calcula que los daños podrían reducir al menos en un 1 por ciento el crecimiento económico del país este año.

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Bangkok (Tailandia)

Este domingo se celebró en la localidad tailandesa de Ayutthaya (situada a unos sesenta kilómetros al norte de Bangkok) una de las mayores concentraciones de camisas rojas desde que el mes de mayo el ejército pusiera fin brutalmente a las protestas que paralizaron durante varias semanas el distrito comercial de Bangkok. Miles de ellos se congregaron para exigir la liberación de los presos políticos que continúan detenidos desde mayo, que se haga justicia con los 91 manifestantes asesinados y los centenares de heridos durante la represión de las protestas en abril y mayo y la introducción de reformas para democratizar el país.

El activista tailandés Sombat Boongamanong se dirige a una multitud de camisas rojas el 17 de octubre en la ciudad de Ayutthaya (C.S.).

En muchos casos, la indignación ha vencido al miedo y a lo largo de las últimas semanas se ha producido una espectacular resurrección del movimiento de los camisas rojas, que han convocado varios actos y manifestaciones a pesar de las estrictas medidas de control del Gobierno, que mantiene el estado de emergencia en Bangkok y tres provincias vecinas. Pese a que los discursos del primer ministro Abhisit Vejjajiva están repleto de referencias a la “reconciliación nacional”, el Gobierno ha hecho pocas cosas por conseguirla, más allá de medidas como el lanzamiento de campañas propagandísticas como “Together We Can” (la Obamanía también ha llegado a Tailandia) que no hacen más que desacreditarle aún más a ojos de sus opositores.

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El Gobierno afgano ha anunciado que va a emprender una operación de rescate financiero del Banco de Kabul, el mayor banco comercial del país, que estos días está sumido en una grave crisis que amenaza con hacer colapsar el frágil sistema financiero del país. El Banco Central de Afganistán tiene previsto dedicar a la operación 200 millones de dólares, una enorme cantidad de dinero para un Estado que no recauda más que mil doscientos millones de dólares de impuestos al año. La crisis está acompañada por un escándalo de corrupción a gran escala en el que está implicado el hermano de Hamid Karzai, el presidente del país.

El gobernador del Banco Central de Afganistán, Abdul Qadir Fitrat, durante una rueda de prensa celebrada el 1 de septiembre en Kabul en la que defendió la solvencia del Banco de Kabul (AP Photo/Musadeq Sadeq).

A finales del mes pasado, el Banco Central obligó a dimitir a los dos principales directivos del Banco de Kabul, Sherkhan Farnood y Khalilullah Frozi, tras descubrir que había alcanzado pérdidas de hasta 300 millones de dólares y que los accionistas habían empleado el dinero de los clientes en realizar inversiones ilícitas. Sherkhan Farnood, fundador y presidente del banco, además de jugador de poker profesional, había utilizado el dinero del banco para cubrir pérdidas de su aerolínea privadas, Pamir Airways, y para invertir en el mercado inmobiliario de Dubai hasta que éste se desplomó en 2008.

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Durante el último año, Japón ha estado sumido en una crisis política que culminó el pasado mes de junio con la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama nueve meses después de ganar las elecciones. El primer ministro no cumplió muchas de sus promesas electorales y su popularidad sufrió un duro revés a principios de este año debido a un escándalo causado por una serie de irregularidades en la financiación de su partido, pero la crisis dista mucho de ser un asunto meramente interno: la posición geoestratégica de Japón en Asia y las tensas relaciones del Gobierno de Hatoyama con Estados Unidos han desempeñado el papel principal. De hecho, lo que precipitó la caída de Hatoyama fue su incapacidad de cumplir la promesa de trasladar la base aérea estadounidense de Futenma fuera de la isla de Okinawa ante la feroz oposición de la administración Obama.

Base aérea de Futenma en medio de la ciudad de Kinowan, en la prefectura japonesa de Okinawa (Kyodo via AP Images).

La histórica victoria del Partido Democrático de Japón (PDJ), de centro-izquierda, en las elecciones en agosto del año pasado supuso el final de más de cincuenta años de gobierno casi ininterrumpido del Partido Liberal Democrático (PLD), de centro derecha. Yukio Hatoyama ganó las elecciones con la promesa de introducir profundos cambios en la política japonesa: rebajar el poder de una burocracia casi omnipotente para aumentar el de los políticos y el pueblo, implantar reformas económicas para crear un estado del bienestar tras al neoliberalismo salvaje del PLD y, sobre todo, modificar la política exterior de Japón para acercarse más a los países de Asia oriental (con el objetivo a largo plazo de crear un mercado y moneda comunes) y reformular los estrechos vínculos con Estados Unidos para que ambos países llegaran a mantener unas relaciones en pie de igualdad y Japón dejara de desempeñar el papel de subordinado en una alianza que casi nadie, ni el propio Hatoyama, pone en duda en Japón.

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El 26 de noviembre de 1975, siete meses después de que los jemeres rojos tomaran Phnom Penh, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el ministro de Asuntos Exteriores tailandés Chatchai Chunhawan mantuvieron un “almuerzo informal” en la residencia del primero en Washington. Durante la conversación, Kissinger le pidió a Chatchai que les comunicara a los jemeres rojos que Estados Unidos, su antiguo enemigo, ahora quería ser su “amigo” [pdf] y añadió: “son unas bestias asesinas, pero no dejaremos que eso se interponga entre nosotros, estamos dispuestos a mejorar nuestras relaciones con ellos”. Además, Kissinger expresó su deseo de que Laos y Camboya se mantuvieran en la órbita china y actuaran como un “contrapeso” a Vietnam (y su principal aliado, la Unión Soviética) en la región.

Un grupo de guerrilleros se dispone a recibir al presidente del Gobierno de Coalición de la Kampuchea Democrática, Norodom Sihnaouk, en un campamento de la selva camboyana, el 7 de febrero de 1984 (AP Photo/Gary Mangkorn).

Aquélla conversación extraoficial, que no se haría pública hasta 2004, contiene algunas de las claves que explican las políticas que los diversos gobiernos de Estados Unidos, China, Tailandia y otros países adoptarían con respecto a Camboya y los jemeres rojos durante los siguientes tres decenios. Aquellas políticas, en las que primaban ante todo los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, fueron las que  hicieron posible la guerra civil que se prolongó en Camboya durante varios años tras la caída del régimen de Pol Pot y que no se haya juzgado a ningún alto cargo de los jemeres rojos hasta ahora.

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La primera sentencia contra un alto cargo del régimen de los jemeres rojos, el director de la prisión S-21, Duch, ha vuelto a poner de actualidad uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea: el genocidio que tuvo lugar en Camboya entre abril de 1975 y enero de 1979,  en el que se calcula que murieron alrededor de 1,7 millones de camboyanos, aproximadamente una quinta parte de la población total, debido a las ejecuciones masivas y al exceso de trabajo, el hambre y las enfermedades.

Osario de víctimas de los jemeres rojos desenterradas en Choeung Ek, a quince kilómetro de Phnom Penh (AP Photo/John Laird).

Treinta años después de la caída del régimen de los jemeres rojos y menos de un decenio después de la muerte de Pol Pot, ambos siguen ocupando un lugar destacado en el imaginario colectivo como símbolos del mal absoluto y la barbarie totalitaria en un siglo en el que abundaron los genocidios. Pero, ¿quiénes eran realmente los jemeres rojos? ¿Cómo llegaron al poder? ¿En qué consistían sus políticas? ¿Quiénes eran sus víctimas, sus enemigos y sus aliados?

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