El gran juego

El Gobierno estadounidense tiene previsto vender a Arabia Saudí armamento aéreo por valor de 60.000 millones de dólares durante los próximos diez años. El acuerdo, que aún debe aprobar el Congreso, supondría la mayor transacción comercial armamentística de la historia de Estados Unidos. Además, está manteniendo negociaciones con Arabia Saudí para modernizar su armada y su sistema de misiles, lo que podría reportar a las arcas estadounidenses decenas de miles de millones de dólares más. La venta forma parte de una serie de acuerdos comerciales con países del Golfo Pérsico a los que Estados Unidos tiene previsto vender armas por un valor total de 123.000 millones de dólares.

Barack Obama y el rey Abdulá de Arabia Saudí, en el despacho oval de la Casa Blanca, el pasado 29 de junio (AP Photo/Ron Edmonds).

Un par de días antes de que se difundiera la noticia, una comisión del Congreso publicaba un informe [pdf] en el que afirmaba que en el año 2009 las ventas de armas disminuyeron en todo el mundo un 8,5 por ciento con respecto al año anterior. El informe señala que el comercio armamentístico mundial alcanzó los 57.5000 millones de dólares. Aunque Estados Unidos continúa siendo el mayor exportador mundial de armas, sus ventas cayeron de 38.100 millones de dólares en 2008 a 22.600 millones en 2009.

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El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.

Funeral de varios civiles iraquíes muertos durante una redada realizada por tropas estadounidenses e iraquíes en Faluya, una de las operaciones de combate en las que ha participado el ejército estadounidense tras la fecha del fin oficial de las mismas (AP Photo/Bilal Fawzi).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.

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Durante el último año, Japón ha estado sumido en una crisis política que culminó el pasado mes de junio con la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama nueve meses después de ganar las elecciones. El primer ministro no cumplió muchas de sus promesas electorales y su popularidad sufrió un duro revés a principios de este año debido a un escándalo causado por una serie de irregularidades en la financiación de su partido, pero la crisis dista mucho de ser un asunto meramente interno: la posición geoestratégica de Japón en Asia y las tensas relaciones del Gobierno de Hatoyama con Estados Unidos han desempeñado el papel principal. De hecho, lo que precipitó la caída de Hatoyama fue su incapacidad de cumplir la promesa de trasladar la base aérea estadounidense de Futenma fuera de la isla de Okinawa ante la feroz oposición de la administración Obama.

Base aérea de Futenma en medio de la ciudad de Kinowan, en la prefectura japonesa de Okinawa (Kyodo via AP Images).

La histórica victoria del Partido Democrático de Japón (PDJ), de centro-izquierda, en las elecciones en agosto del año pasado supuso el final de más de cincuenta años de gobierno casi ininterrumpido del Partido Liberal Democrático (PLD), de centro derecha. Yukio Hatoyama ganó las elecciones con la promesa de introducir profundos cambios en la política japonesa: rebajar el poder de una burocracia casi omnipotente para aumentar el de los políticos y el pueblo, implantar reformas económicas para crear un estado del bienestar tras al neoliberalismo salvaje del PLD y, sobre todo, modificar la política exterior de Japón para acercarse más a los países de Asia oriental (con el objetivo a largo plazo de crear un mercado y moneda comunes) y reformular los estrechos vínculos con Estados Unidos para que ambos países llegaran a mantener unas relaciones en pie de igualdad y Japón dejara de desempeñar el papel de subordinado en una alianza que casi nadie, ni el propio Hatoyama, pone en duda en Japón.

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Una de las primeras cosas que hizo Barack Obama tras asumir el cargo de presidente de Estados Unidos en enero de 2009 fue firmar dos órdenes ejecutivas para poner fin a los interrogatorios a los presos de Guantánamo, suspender los juicios a sus prisioneros que ya se estaban celebrando y cerrar la prisión en un “plazo inferior a un año”. Fue una decisión cargada de valor simbólico que parecía anunciar un cambio de era. Un año y cuatro meses después, el penal militar que el mismo Obama ha calificado de “agujero negro legal” continúa en funcionamiento, en él siguen encerrados 181 prisioneros y el Gobierno estadounidense pretende mantener detenidos de forma indefinida y sin juicio a cuarenta y ocho de ellos.

Imagen del interior de Guantánamo tomada el pasado 30 de marzo (AP Photo/Brennan Linsley).

Es cierto que los planes de Obama para cerrar Guantánamo se han visto obstaculizados por la oposición del Senado y el Congreso pero, como señalaba un informe elaborado por el Center for American Progress (un think tank muy vinculado al actual gobierno), la Casa Blanca cometió todo tipo de errores para cerrar la prisión: uno de los principales problemas fue que Obama no liberó en Estados Unidos a algunos presos inocentes lo bastante rápido como para evitar que se afianzase la fuerte oposición de muchos congresistas a esa medida. Después, debido en parte a que el Gobierno no apoyó a los congresistas partidarios de los traslados, se formó una mayoría en el Congreso que acabó impidiéndolos.

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El atentado frustrado del pasado 1 de mayo en la neoyorkina Times Square ha vuelto a llevar el espectro del terrorismo a la gran urbe estadounidense, ha sido objeto de numerosas conjeturas y ha ocupado la primera plana de los medios de comunicación de casi todo el mundo. El espacio que los medios han dedicado al suceso ha sido enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que el atentado no llegó a producirse, aunque ha servido para recordar a la población que existe una amenaza terrorista.

La policía neoyorquina desaloja Times Square tras encontrar un objeto sospechoso, una nevera, abandonado en la acera una semana después de la tentativa de atentado del 1 de mayo (AP Photo/Mark Lennihan).

El presunto terrorista Faisal Shahzad, un pakistaní que obtuvo el año pasado la nacionalidad estadounidense, fue detenido dos días después del intento de atentado, cuando intentaba salir del país con rumbo a Dubai. Las autoridades estadounidenses afirman que confesó casi inmediatamente la autoría del atentado frustrado y que mantenía vínculos con una organización talibán pakistaní.

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Hace un par de semanas se celebró en Washington la cumbre de seguridad nuclear convocada por Estados Unidos. En ella participaron cuarenta y siete países y cuando tocó a su fin Barack Obama proclamó, como no podía ser de otro modo, que había sido un gran éxito y que ahora “Estados Unidos y el mundo están más seguros”, sobre todo debido al compromiso que asumieron todos los asistentes de incrementar la seguridad de su material nuclear.

Barack Obama recibe al presidente de China, Hu Jintao, durante la cumbre de seguridad nuclear de Washington el 12 de abril (AP Photo/Charles Dharapak).

La cumbre de Washington estuvo envuelta en cierta polémica debido a dos grandes ausencias: la de Irán, país firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que no posee armas nucleares y que no fue invitado (tampoco Siria y Corea del Norte), y la de Israel, país que nunca ha firmado el tratado, que posee armamento nuclear y que sí fue invitado, pero que decidió cancelar su viaje a Washington casi en el último momento.

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Estos días está teniendo lugar un intenso debate en Estados Unidos sobre el creciente uso de aviones no tripulados (también conocidos como “drones”) en operaciones de localización y eliminación de terroristas y “combatientes enemigos” en territorio extranjero. Se ha convocado en Washington un comité del Congreso para debatir el marco jurídico en el que operan estos aviones y el pasado 25 de marzo Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado, defendió ante la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional la legalidad de ese tipo de operaciones.

Un avión no tripulado estadounidense sobrevuela un aeródromo de Kandahar, en Afganistán, el pasado 31 de enero (AP Photo/Kirsty Wigglesworth).

La justificación legal de Hongjuy Koh se basa en la Ley de Autorización del uso de la fuerza militar, aprobada una semana después de los atentados del 11 S de 2001. El asesor legal afirma que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibán y grupos asociados y por lo tanto tiene derecho a emplear la fuerza respetando los principios de distinción entre civiles y combatientes [pdf] y de proporcionalidad, cosa que asegura que su gobierno está haciendo, aunque sin revelar ningún detalle sobre las medidas que toma para asegurarse de que es así.

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