El gran juego

El atentado frustrado del pasado 1 de mayo en la neoyorkina Times Square ha vuelto a llevar el espectro del terrorismo a la gran urbe estadounidense, ha sido objeto de numerosas conjeturas y ha ocupado la primera plana de los medios de comunicación de casi todo el mundo. El espacio que los medios han dedicado al suceso ha sido enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que el atentado no llegó a producirse, aunque ha servido para recordar a la población que existe una amenaza terrorista.

La policía neoyorquina desaloja Times Square tras encontrar un objeto sospechoso, una nevera, abandonado en la acera una semana después de la tentativa de atentado del 1 de mayo (AP Photo/Mark Lennihan).

El presunto terrorista Faisal Shahzad, un pakistaní que obtuvo el año pasado la nacionalidad estadounidense, fue detenido dos días después del intento de atentado, cuando intentaba salir del país con rumbo a Dubai. Las autoridades estadounidenses afirman que confesó casi inmediatamente la autoría del atentado frustrado y que mantenía vínculos con una organización talibán pakistaní.

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Estos días está teniendo lugar un intenso debate en Estados Unidos sobre el creciente uso de aviones no tripulados (también conocidos como “drones”) en operaciones de localización y eliminación de terroristas y “combatientes enemigos” en territorio extranjero. Se ha convocado en Washington un comité del Congreso para debatir el marco jurídico en el que operan estos aviones y el pasado 25 de marzo Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado, defendió ante la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional la legalidad de ese tipo de operaciones.

Un avión no tripulado estadounidense sobrevuela un aeródromo de Kandahar, en Afganistán, el pasado 31 de enero (AP Photo/Kirsty Wigglesworth).

La justificación legal de Hongjuy Koh se basa en la Ley de Autorización del uso de la fuerza militar, aprobada una semana después de los atentados del 11 S de 2001. El asesor legal afirma que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibán y grupos asociados y por lo tanto tiene derecho a emplear la fuerza respetando los principios de distinción entre civiles y combatientes [pdf] y de proporcionalidad, cosa que asegura que su gobierno está haciendo, aunque sin revelar ningún detalle sobre las medidas que toma para asegurarse de que es así.

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