El gran juego

El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.

Funeral de varios civiles iraquíes muertos durante una redada realizada por tropas estadounidenses e iraquíes en Faluya, una de las operaciones de combate en las que ha participado el ejército estadounidense tras la fecha del fin oficial de las mismas (AP Photo/Bilal Fawzi).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.

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El pasado lunes se dictó en Phnom Penh la primera sentencia contra un alto cargo de los jemeres rojos, Kaing Guek Eav, alías Duch, director de Tuol Sleng, o S-21, el principal centro de detención de la Kampuchea Democrática. Han tenido que transcurrir tres décadas desde el genocidio camboyano, en el que murieron alrededor de 1,7 millones de personas, para que comience a hacerse justicia en el país asiático.

Kaing Guek Eav, Duch, escucha la sentencia del tribunal que juzga a los jemeres rojos , el pasado 26 de julio en Phnom Penh (AP Photo/Heng Sinith).

El tribunal mixto, (nacional e internacional, compuesto por tres jueces camboyanos y dos extranjeros nombrados por la ONU), declaró a Duch culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los algo menos de cuatro años en que dirigio el centro de torturas S-21 como el más eficiente de los funcionarios. Unos años en los que ordenó interrogar, torturar y ejecutar a más de 14.000 prisioneros políticos a los que obligaba a redactar unas confesiones que en su mayoría eran falsas y cuya única finalidad real era alimentar las teorías conspirativas y la paranoia de los dirigentes del régimen. Según la perversa lógica que reinaba en la Kampuchea Democrática y en Tuol Sleng la sospecha era sinónimo de culpabilidad y las torturas producían inexorablemente confesiones en las que era necesario dar nombres de nuevos sospechosos, los cuales redactaban a su vez nuevas confesiones que volvían a poner en marcha todo el proceso. Un círculo vicioso que no tenía fin ya que, por definición, los miembros del Gobierno de la Kampuchea Democrática no podían equivocarse al señalar a sus enemigos.

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Estos días está teniendo lugar un intenso debate en Estados Unidos sobre el creciente uso de aviones no tripulados (también conocidos como “drones”) en operaciones de localización y eliminación de terroristas y “combatientes enemigos” en territorio extranjero. Se ha convocado en Washington un comité del Congreso para debatir el marco jurídico en el que operan estos aviones y el pasado 25 de marzo Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado, defendió ante la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional la legalidad de ese tipo de operaciones.

Un avión no tripulado estadounidense sobrevuela un aeródromo de Kandahar, en Afganistán, el pasado 31 de enero (AP Photo/Kirsty Wigglesworth).

La justificación legal de Hongjuy Koh se basa en la Ley de Autorización del uso de la fuerza militar, aprobada una semana después de los atentados del 11 S de 2001. El asesor legal afirma que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibán y grupos asociados y por lo tanto tiene derecho a emplear la fuerza respetando los principios de distinción entre civiles y combatientes [pdf] y de proporcionalidad, cosa que asegura que su gobierno está haciendo, aunque sin revelar ningún detalle sobre las medidas que toma para asegurarse de que es así.

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