El gran juego

Mae Sot (Tailandia).
Fotografías: Eduardo de Francisco.

La doctora Cynthia Maung es la fundadora y directora de la Clínica Mae Tao, una institución que lleva más de veinte años ofreciendo asistencia sanitaria gratuita a refugiados birmanos en Tailandia, desplazados internos en Birmania y poblaciones enteras que carecen de los servicios sanitarios más básicos. Gracias a los esfuerzos de esta mujer infatigable y el personal de la clínica, así como a las donaciones de numerosas organizaciones internacionales, lo que hace dos decenios no era más que una pequeña consulta abierta por seis refugiados birmanos en una vieja casa de madera ha llegado a convertirse en un pequeño complejo hospitalario en el que trabajan unas setecientas personas que proporcionan servicios médicos a miles de pacientes y una educación a muchos niños que de otro modo no podrían acceder a ella.

La doctora Cynthia Maung en la clínica Mae Tao (Eduardo de Francisco).

En la clínica, situada en la localidad tailandesa de Mae Sot, a escasos kilómetros de la frontera birmana, trabaja gente de casi todas las comunidades que componen el complejo puzle étnico birmano, así como voluntarios procedentes de otros países. Además de dispensar todo tipo de servicios médicos a sus pacientes en sus instalaciones, desde atención primaria hasta tratamiento contra la malaria, operaciones quirúrgicas, programas de prevención del SIDA, ortodoncia o miembros ortopédicos a las víctimas de la guerra, Mae Tao es el centro de operaciones de una amplia red de escuelas y centros médicos a ambos lados de la frontera. También cuenta con un programa de formación y con equipos móviles de médicos que se adentran periódicamente en la jungla para llegar a zonas aisladas e infestadas de malaria en las que la población no tiene acceso a ningún tipo de asistencia sanitaria.

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Mae Sot (Tailandia).
Fotografías: Eduardo de Francisco.

Thiha Yarzar lleva en la mirada todos y cada uno de los días que estuvo preso en varias cárceles birmanas, diecisiete años, seis meses y dieciséis días, durante los cuales sufrió torturas a lo largo de semanas enteras. En una de ellas, en la prisión de Kalay, en la que estuvo encarcelado durante cuatro años, las condiciones sanitarias eran tan pésimas, que la malaria mataba tanto a los prisioneros como a sus carceleros. En otra, la de Mai Sat, fue sometido a confinamiento solitario durante seis largos años por haber hecho una huelga de hambre. Thiha comparte con nosotros su historia como preso político porque su mayor empeño es “que el mundo sepa lo que sucede en Birmania”. No es una historia única: ahora que ha finalizado el arresto domiciliario de la líder democrática Aung San Suu Kyi, más de dos mil cien presos políticos birmanos siguen encerrados en cárceles como las que Thiha conoce demasiado bien.

Thiha Yarzar, el 14 de noviembre en Mae Sot, Tailandia (Eduardo de Francisco).

Thiha tiene cuarenta y tres años, su padre era un coronel del Tatmadaw (el ejército birmano) y su madre una maestra de escuela, lo que le convertía en un privilegiado. En 1991, tres meses después de que naciera su hija Tone Tone, fue detenido en Rangún cuando llevaba encima una pistola y unos documentos de la Alianza Democrática de Birmania. Tras torturarle durante varias semanas, le acusaron de alta traición y fue condenado a muerte. Sin embargo, en 1993 la Junta militar instauró la Convención Nacional para redactar la Constitución que ahora está vigente en Birmania y declaró una amnistía general, por lo que le conmutaron la pena por veinte años de cárcel.

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El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.

Funeral de varios civiles iraquíes muertos durante una redada realizada por tropas estadounidenses e iraquíes en Faluya, una de las operaciones de combate en las que ha participado el ejército estadounidense tras la fecha del fin oficial de las mismas (AP Photo/Bilal Fawzi).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.

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El pasado lunes se dictó en Phnom Penh la primera sentencia contra un alto cargo de los jemeres rojos, Kaing Guek Eav, alías Duch, director de Tuol Sleng, o S-21, el principal centro de detención de la Kampuchea Democrática. Han tenido que transcurrir tres décadas desde el genocidio camboyano, en el que murieron alrededor de 1,7 millones de personas, para que comience a hacerse justicia en el país asiático.

Kaing Guek Eav, Duch, escucha la sentencia del tribunal que juzga a los jemeres rojos , el pasado 26 de julio en Phnom Penh (AP Photo/Heng Sinith).

El tribunal mixto, (nacional e internacional, compuesto por tres jueces camboyanos y dos extranjeros nombrados por la ONU), declaró a Duch culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los algo menos de cuatro años en que dirigio el centro de torturas S-21 como el más eficiente de los funcionarios. Unos años en los que ordenó interrogar, torturar y ejecutar a más de 14.000 prisioneros políticos a los que obligaba a redactar unas confesiones que en su mayoría eran falsas y cuya única finalidad real era alimentar las teorías conspirativas y la paranoia de los dirigentes del régimen. Según la perversa lógica que reinaba en la Kampuchea Democrática y en Tuol Sleng la sospecha era sinónimo de culpabilidad y las torturas producían inexorablemente confesiones en las que era necesario dar nombres de nuevos sospechosos, los cuales redactaban a su vez nuevas confesiones que volvían a poner en marcha todo el proceso. Un círculo vicioso que no tenía fin ya que, por definición, los miembros del Gobierno de la Kampuchea Democrática no podían equivocarse al señalar a sus enemigos.

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El lunes el diario británico The Guardian reveló que la Agencia de Fronteras de Reino Unido planea repatriar a cientos de menores afganos solicitantes de asilo que se hallan solos en territorio británico. Hasta ahora, los menores a los que se les denegaba el derecho de asilo sólo eran devueltos a sus países de origen si su seguridad no estaba en peligro y se tenía la certeza de que recibirían la atención adecuada tras su regreso. Para salvar ese obstáculo, el Gobierno va a invertir cuatro millones de libras en la construcción de un “centro de reintegración” en Kabul, en el que alojará a los menores hasta que cumplan dieciocho años o sus familias sean localizadas.

Un grupo de inmigrantes hace cola el día 8 de febrero para recibir comida de una ONG en Calais, Francia, desde dónde esperan cruzar el Canal de la Mancha para llegar hasta Gran Bretaña (AP Photo/Michel Spingler).

Según el Ministerio del Interior Británico, hay más de 4.200 menores solicitantes de asilo no acompañados en Reino Unido. En los tres primeros meses de este año han solicitado asilo en Gran Bretaña 405 menores, de los cuales 175 son afganos. La mayoría de ellos viven en casas de acogida. Con la construcción del centro en Kabul, el Gobierno británico tiene previsto repatriar forzosamente a 12 de esos menores al mes.

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