El gran juego

El Gobierno estadounidense tiene previsto vender a Arabia Saudí armamento aéreo por valor de 60.000 millones de dólares durante los próximos diez años. El acuerdo, que aún debe aprobar el Congreso, supondría la mayor transacción comercial armamentística de la historia de Estados Unidos. Además, está manteniendo negociaciones con Arabia Saudí para modernizar su armada y su sistema de misiles, lo que podría reportar a las arcas estadounidenses decenas de miles de millones de dólares más. La venta forma parte de una serie de acuerdos comerciales con países del Golfo Pérsico a los que Estados Unidos tiene previsto vender armas por un valor total de 123.000 millones de dólares.

Barack Obama y el rey Abdulá de Arabia Saudí, en el despacho oval de la Casa Blanca, el pasado 29 de junio (AP Photo/Ron Edmonds).

Un par de días antes de que se difundiera la noticia, una comisión del Congreso publicaba un informe [pdf] en el que afirmaba que en el año 2009 las ventas de armas disminuyeron en todo el mundo un 8,5 por ciento con respecto al año anterior. El informe señala que el comercio armamentístico mundial alcanzó los 57.5000 millones de dólares. Aunque Estados Unidos continúa siendo el mayor exportador mundial de armas, sus ventas cayeron de 38.100 millones de dólares en 2008 a 22.600 millones en 2009.

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El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.

Funeral de varios civiles iraquíes muertos durante una redada realizada por tropas estadounidenses e iraquíes en Faluya, una de las operaciones de combate en las que ha participado el ejército estadounidense tras la fecha del fin oficial de las mismas (AP Photo/Bilal Fawzi).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.

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Durante el último año, Japón ha estado sumido en una crisis política que culminó el pasado mes de junio con la dimisión del primer ministro Yukio Hatoyama nueve meses después de ganar las elecciones. El primer ministro no cumplió muchas de sus promesas electorales y su popularidad sufrió un duro revés a principios de este año debido a un escándalo causado por una serie de irregularidades en la financiación de su partido, pero la crisis dista mucho de ser un asunto meramente interno: la posición geoestratégica de Japón en Asia y las tensas relaciones del Gobierno de Hatoyama con Estados Unidos han desempeñado el papel principal. De hecho, lo que precipitó la caída de Hatoyama fue su incapacidad de cumplir la promesa de trasladar la base aérea estadounidense de Futenma fuera de la isla de Okinawa ante la feroz oposición de la administración Obama.

Base aérea de Futenma en medio de la ciudad de Kinowan, en la prefectura japonesa de Okinawa (Kyodo via AP Images).

La histórica victoria del Partido Democrático de Japón (PDJ), de centro-izquierda, en las elecciones en agosto del año pasado supuso el final de más de cincuenta años de gobierno casi ininterrumpido del Partido Liberal Democrático (PLD), de centro derecha. Yukio Hatoyama ganó las elecciones con la promesa de introducir profundos cambios en la política japonesa: rebajar el poder de una burocracia casi omnipotente para aumentar el de los políticos y el pueblo, implantar reformas económicas para crear un estado del bienestar tras al neoliberalismo salvaje del PLD y, sobre todo, modificar la política exterior de Japón para acercarse más a los países de Asia oriental (con el objetivo a largo plazo de crear un mercado y moneda comunes) y reformular los estrechos vínculos con Estados Unidos para que ambos países llegaran a mantener unas relaciones en pie de igualdad y Japón dejara de desempeñar el papel de subordinado en una alianza que casi nadie, ni el propio Hatoyama, pone en duda en Japón.

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Hace dos semanas, un tribunal tailandés decidió autorizar la extradición a Estados Unidos del famoso traficante de armas ruso Viktor Bout, encerrado en una cárcel de Tailandia desde que hace dos años le detuvieran en Bangkok unos agentes de la DEA que se hacían pasar por miembros de las FARC colombianas dispuestos a comprarle armas. Bout, que quiere evitar a toda costa ser juzgado en Estados Unidos, no puede apelar el fallo del tribunal, pero una serie de complicaciones jurídicas y políticas están frenando el proceso de extradición hasta el punto de que cabe la posibilidad de que salga en libertad antes de que finalice el año.

Viktor Bout entrando en el tribunal de apelación que aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 20 de mayo en Bangkok (AP Photo/Apichart Weerawong).

Durante estos dos años, el Gobierno estadounidense ha exigido al tailandés que extradite a Bout, acusándole de vender armas a una organización terrorista [pdf]. Rusia también ha presionado a Tailandia, pero para impedir la extradición y su ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la decisión del tribunal tailandés de “ilegal y política” y ha declarado que la decisión “ha sido tomada bajo una gran presión”.

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El 26 de noviembre de 1975, siete meses después de que los jemeres rojos tomaran Phnom Penh, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el ministro de Asuntos Exteriores tailandés Chatchai Chunhawan mantuvieron un “almuerzo informal” en la residencia del primero en Washington. Durante la conversación, Kissinger le pidió a Chatchai que les comunicara a los jemeres rojos que Estados Unidos, su antiguo enemigo, ahora quería ser su “amigo” [pdf] y añadió: “son unas bestias asesinas, pero no dejaremos que eso se interponga entre nosotros, estamos dispuestos a mejorar nuestras relaciones con ellos”. Además, Kissinger expresó su deseo de que Laos y Camboya se mantuvieran en la órbita china y actuaran como un “contrapeso” a Vietnam (y su principal aliado, la Unión Soviética) en la región.

Un grupo de guerrilleros se dispone a recibir al presidente del Gobierno de Coalición de la Kampuchea Democrática, Norodom Sihnaouk, en un campamento de la selva camboyana, el 7 de febrero de 1984 (AP Photo/Gary Mangkorn).

Aquélla conversación extraoficial, que no se haría pública hasta 2004, contiene algunas de las claves que explican las políticas que los diversos gobiernos de Estados Unidos, China, Tailandia y otros países adoptarían con respecto a Camboya y los jemeres rojos durante los siguientes tres decenios. Aquellas políticas, en las que primaban ante todo los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, fueron las que  hicieron posible la guerra civil que se prolongó en Camboya durante varios años tras la caída del régimen de Pol Pot y que no se haya juzgado a ningún alto cargo de los jemeres rojos hasta ahora.

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Han transcurrido seis meses desde que un terremoto de siete grados en la escala de Richter sacudiera Haití, arrasando la capital Puerto Príncipe, matando a unas 230.000 personas y dejando sin hogar a otro millón y medio de sus habitantes. Como es habitual en estos casos, poco después de la catástrofe, muchos países se comprometieron a ayudar a reconstruir un país devastado, pero casi ninguna de esas promesas se ha cumplido: los haitianos, una vez más, han de arreglárselas solos para sobrevivir.

Un hombre camina por una calle de Puerto Príncipe, el pasado 12 de julio (AP Photo/Alexandre Meneghini).

Como en tantas otras catástrofes naturales, el mundo ha hecho unas promesas que no parece estar dispuesto a cumplir. El pasado mes de marzo se reunieron en Nueva York más de cien países y se comprometieron a donar más de cinco mil millones de dólares en los próximos dos años y unos diez mil millones a lo largo del siguiente decenio. Los países donantes sólo han desembolsado un dos por ciento del dinero prometido a corto plazo y la inmensa mayoría no han aportado absolutamente nada; sólo cuatro de ellos han entregado algún dinero (Noruega, Australia, Estonia y Brasil, el único que ha dado todo lo que había prometido). El organismo encargado de gestionar la ayuda, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida por Bill Clinton y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, no se reunió por primera vez hasta el pasado 17 de junio.

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Siete años después del comienzo de la invasión de Irak y cuando falta un año y medio para que termine el plazo de retirada de las tropas, el ejército estadounidense ya ha empezado a hacer las maletas. Es más que probable que Estados Unidos mantenga una considerable presencia en el país durante varios años, aunque sus soldados no reciban el nombre de “tropas de combate”, y ya está organizando un “pequeño ejército” que asumirá la tarea de proteger a su cuerpo diplomático tras la retirada.

Soldados estadounidenses incineran basura en un puesto avanzado de la provincia de Diyala, en diciembre de 2007 (AP Photo/Marko Drobnjakovic).

En cualquier caso, la potencia ocupante ha evacuado a un número sustancial de tropas y ha desmantelado muchas de las bases que mantenía en el país. De las 500 bases y los 176.000 soldados que el ejército estadounidense había llegado a tener en Irak, ahora mismo quedan 130 bases y 85.000 soldados. El legado de una guerra que nunca debió comenzar y que quizá no haya terminado es un país destruido, en manos de un Gobierno corrupto e inoperante, y una sociedad profundamente dividida y plagada de tensiones sin resolver.

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El 17 de mayo Irán, Turquía y Brasil firmaron en Teherán un acuerdo por el cual Irán enviará a Turquía 1.200 kilogramos de su uranio poco enriquecido (aproximadamente la mitad del combustible que posee actualmente) en el plazo de un mes. Si el llamado Grupo de Viena, formado por Estados Unidos, Rusia, Francia y el Organismo Internacional de Energía Atómica, aprueba el acuerdo, tendrá que enviar a Irán los 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20 por ciento que necesita para su reactor de investigación médica en Teherán. Este acuerdo de gran trascendencia, alcanzado por tres países emergentes, señala la evolución hacia un orden internacional multipolar, aunque parece que algunas de las tradicionales grandes potencias se resisten a aceptarlo.

Luiz Inacio Lula da Silva, Mahmud Ahmadineyad y Recep Tayyip Erdogan celebran la firma del acuerdo de cooperación nuclear tras sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, el 17 de mayo en Teherán. Fotografía: Wilson Pedrosa/Agência Estado/AE (Agencia Estado via AP Images).

El acuerdo es prácticamente idéntico a la propuesta de las Naciones Unidas que Estados Unidos ha intentado imponer a Irán sin éxito desde el pasado mes de octubre. La principal diferencia radica en que en el caso de que Irán no reciba en el plazo estipulado el uranio que necesita para su reactor de investigación, Turquía deberá devolver “inmediata e incondicionalmente” a Irán el uranio que le pertenece. La negativa de Irán a aceptar sus propuestas ha sido hasta ahora el principal argumento esgrimido por Estados Unidos para endurecer las sanciones contra la República Islámica.

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Una de las primeras cosas que hizo Barack Obama tras asumir el cargo de presidente de Estados Unidos en enero de 2009 fue firmar dos órdenes ejecutivas para poner fin a los interrogatorios a los presos de Guantánamo, suspender los juicios a sus prisioneros que ya se estaban celebrando y cerrar la prisión en un “plazo inferior a un año”. Fue una decisión cargada de valor simbólico que parecía anunciar un cambio de era. Un año y cuatro meses después, el penal militar que el mismo Obama ha calificado de “agujero negro legal” continúa en funcionamiento, en él siguen encerrados 181 prisioneros y el Gobierno estadounidense pretende mantener detenidos de forma indefinida y sin juicio a cuarenta y ocho de ellos.

Imagen del interior de Guantánamo tomada el pasado 30 de marzo (AP Photo/Brennan Linsley).

Es cierto que los planes de Obama para cerrar Guantánamo se han visto obstaculizados por la oposición del Senado y el Congreso pero, como señalaba un informe elaborado por el Center for American Progress (un think tank muy vinculado al actual gobierno), la Casa Blanca cometió todo tipo de errores para cerrar la prisión: uno de los principales problemas fue que Obama no liberó en Estados Unidos a algunos presos inocentes lo bastante rápido como para evitar que se afianzase la fuerte oposición de muchos congresistas a esa medida. Después, debido en parte a que el Gobierno no apoyó a los congresistas partidarios de los traslados, se formó una mayoría en el Congreso que acabó impidiéndolos.

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El atentado frustrado del pasado 1 de mayo en la neoyorkina Times Square ha vuelto a llevar el espectro del terrorismo a la gran urbe estadounidense, ha sido objeto de numerosas conjeturas y ha ocupado la primera plana de los medios de comunicación de casi todo el mundo. El espacio que los medios han dedicado al suceso ha sido enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que el atentado no llegó a producirse, aunque ha servido para recordar a la población que existe una amenaza terrorista.

La policía neoyorquina desaloja Times Square tras encontrar un objeto sospechoso, una nevera, abandonado en la acera una semana después de la tentativa de atentado del 1 de mayo (AP Photo/Mark Lennihan).

El presunto terrorista Faisal Shahzad, un pakistaní que obtuvo el año pasado la nacionalidad estadounidense, fue detenido dos días después del intento de atentado, cuando intentaba salir del país con rumbo a Dubai. Las autoridades estadounidenses afirman que confesó casi inmediatamente la autoría del atentado frustrado y que mantenía vínculos con una organización talibán pakistaní.

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