El gran juego

La primera sentencia contra un alto cargo del régimen de los jemeres rojos, el director de la prisión S-21, Duch, ha vuelto a poner de actualidad uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea: el genocidio que tuvo lugar en Camboya entre abril de 1975 y enero de 1979,  en el que se calcula que murieron alrededor de 1,7 millones de camboyanos, aproximadamente una quinta parte de la población total, debido a las ejecuciones masivas y al exceso de trabajo, el hambre y las enfermedades.

Osario de víctimas de los jemeres rojos desenterradas en Choeung Ek, a quince kilómetro de Phnom Penh (AP Photo/John Laird).

Treinta años después de la caída del régimen de los jemeres rojos y menos de un decenio después de la muerte de Pol Pot, ambos siguen ocupando un lugar destacado en el imaginario colectivo como símbolos del mal absoluto y la barbarie totalitaria en un siglo en el que abundaron los genocidios. Pero, ¿quiénes eran realmente los jemeres rojos? ¿Cómo llegaron al poder? ¿En qué consistían sus políticas? ¿Quiénes eran sus víctimas, sus enemigos y sus aliados?

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El pasado lunes se dictó en Phnom Penh la primera sentencia contra un alto cargo de los jemeres rojos, Kaing Guek Eav, alías Duch, director de Tuol Sleng, o S-21, el principal centro de detención de la Kampuchea Democrática. Han tenido que transcurrir tres décadas desde el genocidio camboyano, en el que murieron alrededor de 1,7 millones de personas, para que comience a hacerse justicia en el país asiático.

Kaing Guek Eav, Duch, escucha la sentencia del tribunal que juzga a los jemeres rojos , el pasado 26 de julio en Phnom Penh (AP Photo/Heng Sinith).

El tribunal mixto, (nacional e internacional, compuesto por tres jueces camboyanos y dos extranjeros nombrados por la ONU), declaró a Duch culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los algo menos de cuatro años en que dirigio el centro de torturas S-21 como el más eficiente de los funcionarios. Unos años en los que ordenó interrogar, torturar y ejecutar a más de 14.000 prisioneros políticos a los que obligaba a redactar unas confesiones que en su mayoría eran falsas y cuya única finalidad real era alimentar las teorías conspirativas y la paranoia de los dirigentes del régimen. Según la perversa lógica que reinaba en la Kampuchea Democrática y en Tuol Sleng la sospecha era sinónimo de culpabilidad y las torturas producían inexorablemente confesiones en las que era necesario dar nombres de nuevos sospechosos, los cuales redactaban a su vez nuevas confesiones que volvían a poner en marcha todo el proceso. Un círculo vicioso que no tenía fin ya que, por definición, los miembros del Gobierno de la Kampuchea Democrática no podían equivocarse al señalar a sus enemigos.

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