El gran juego

El Gobierno afgano ha anunciado que va a emprender una operación de rescate financiero del Banco de Kabul, el mayor banco comercial del país, que estos días está sumido en una grave crisis que amenaza con hacer colapsar el frágil sistema financiero del país. El Banco Central de Afganistán tiene previsto dedicar a la operación 200 millones de dólares, una enorme cantidad de dinero para un Estado que no recauda más que mil doscientos millones de dólares de impuestos al año. La crisis está acompañada por un escándalo de corrupción a gran escala en el que está implicado el hermano de Hamid Karzai, el presidente del país.

El gobernador del Banco Central de Afganistán, Abdul Qadir Fitrat, durante una rueda de prensa celebrada el 1 de septiembre en Kabul en la que defendió la solvencia del Banco de Kabul (AP Photo/Musadeq Sadeq).

A finales del mes pasado, el Banco Central obligó a dimitir a los dos principales directivos del Banco de Kabul, Sherkhan Farnood y Khalilullah Frozi, tras descubrir que había alcanzado pérdidas de hasta 300 millones de dólares y que los accionistas habían empleado el dinero de los clientes en realizar inversiones ilícitas. Sherkhan Farnood, fundador y presidente del banco, además de jugador de poker profesional, había utilizado el dinero del banco para cubrir pérdidas de su aerolínea privadas, Pamir Airways, y para invertir en el mercado inmobiliario de Dubai hasta que éste se desplomó en 2008.

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Hace dos semanas, un tribunal tailandés decidió autorizar la extradición a Estados Unidos del famoso traficante de armas ruso Viktor Bout, encerrado en una cárcel de Tailandia desde que hace dos años le detuvieran en Bangkok unos agentes de la DEA que se hacían pasar por miembros de las FARC colombianas dispuestos a comprarle armas. Bout, que quiere evitar a toda costa ser juzgado en Estados Unidos, no puede apelar el fallo del tribunal, pero una serie de complicaciones jurídicas y políticas están frenando el proceso de extradición hasta el punto de que cabe la posibilidad de que salga en libertad antes de que finalice el año.

Viktor Bout entrando en el tribunal de apelación que aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 20 de mayo en Bangkok (AP Photo/Apichart Weerawong).

Durante estos dos años, el Gobierno estadounidense ha exigido al tailandés que extradite a Bout, acusándole de vender armas a una organización terrorista [pdf]. Rusia también ha presionado a Tailandia, pero para impedir la extradición y su ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la decisión del tribunal tailandés de “ilegal y política” y ha declarado que la decisión “ha sido tomada bajo una gran presión”.

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Siete años después del comienzo de la invasión de Irak y cuando falta un año y medio para que termine el plazo de retirada de las tropas, el ejército estadounidense ya ha empezado a hacer las maletas. Es más que probable que Estados Unidos mantenga una considerable presencia en el país durante varios años, aunque sus soldados no reciban el nombre de “tropas de combate”, y ya está organizando un “pequeño ejército” que asumirá la tarea de proteger a su cuerpo diplomático tras la retirada.

Soldados estadounidenses incineran basura en un puesto avanzado de la provincia de Diyala, en diciembre de 2007 (AP Photo/Marko Drobnjakovic).

En cualquier caso, la potencia ocupante ha evacuado a un número sustancial de tropas y ha desmantelado muchas de las bases que mantenía en el país. De las 500 bases y los 176.000 soldados que el ejército estadounidense había llegado a tener en Irak, ahora mismo quedan 130 bases y 85.000 soldados. El legado de una guerra que nunca debió comenzar y que quizá no haya terminado es un país destruido, en manos de un Gobierno corrupto e inoperante, y una sociedad profundamente dividida y plagada de tensiones sin resolver.

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El atentado frustrado del pasado 1 de mayo en la neoyorkina Times Square ha vuelto a llevar el espectro del terrorismo a la gran urbe estadounidense, ha sido objeto de numerosas conjeturas y ha ocupado la primera plana de los medios de comunicación de casi todo el mundo. El espacio que los medios han dedicado al suceso ha sido enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que el atentado no llegó a producirse, aunque ha servido para recordar a la población que existe una amenaza terrorista.

La policía neoyorquina desaloja Times Square tras encontrar un objeto sospechoso, una nevera, abandonado en la acera una semana después de la tentativa de atentado del 1 de mayo (AP Photo/Mark Lennihan).

El presunto terrorista Faisal Shahzad, un pakistaní que obtuvo el año pasado la nacionalidad estadounidense, fue detenido dos días después del intento de atentado, cuando intentaba salir del país con rumbo a Dubai. Las autoridades estadounidenses afirman que confesó casi inmediatamente la autoría del atentado frustrado y que mantenía vínculos con una organización talibán pakistaní.

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Ayer se celebraron las primeras elecciones parlamentarias en Sri Lanka desde que finalizó la guerra civil el año pasado. Aunque todavía no se conocen los resultados definitivos, caben pocas dudas de que el vencedor será el Partido de la Liberación de Sri Lanka (PLSL), liderado por el presidente Mahinda Rajapaksa, que en enero vio revalidado en las elecciones presidenciales el mandato que obtuvo en 2005.

El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, saludando a los asistentes a un mitin electoral en la península de Jaffna, región de mayoría tamil, el 1 de abril (AP Photo/Eranga Jayawardena).

La incógnita de estas elecciones radica en si el PLSL ha obtenido una mayoría parlamentaria (dos tercios de los escaños) suficiente para modificar la Constitución y afianzar el poder del presidente . Desde que asumió su cargo, Mahinda Rajapaksa se ha caracterizado por el autoritarismo, un marcado nacionalismo cingalés, la inflexibilidad con los separatistas tamiles y un nepotismo que le ha llevado a nombrar ministros a dos de sus hermanos.

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Estos días está teniendo lugar un intenso debate en Estados Unidos sobre el creciente uso de aviones no tripulados (también conocidos como “drones”) en operaciones de localización y eliminación de terroristas y “combatientes enemigos” en territorio extranjero. Se ha convocado en Washington un comité del Congreso para debatir el marco jurídico en el que operan estos aviones y el pasado 25 de marzo Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado, defendió ante la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional la legalidad de ese tipo de operaciones.

Un avión no tripulado estadounidense sobrevuela un aeródromo de Kandahar, en Afganistán, el pasado 31 de enero (AP Photo/Kirsty Wigglesworth).

La justificación legal de Hongjuy Koh se basa en la Ley de Autorización del uso de la fuerza militar, aprobada una semana después de los atentados del 11 S de 2001. El asesor legal afirma que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibán y grupos asociados y por lo tanto tiene derecho a emplear la fuerza respetando los principios de distinción entre civiles y combatientes [pdf] y de proporcionalidad, cosa que asegura que su gobierno está haciendo, aunque sin revelar ningún detalle sobre las medidas que toma para asegurarse de que es así.

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