El gran juego

El Gobierno iraquí ha accedido a pagar 400 millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses que fueron prisioneros del régimen de Saddam Hussein durante la primera guerra del Golfo. Con la firma del acuerdo por parte del embajador estadounidense en Irak, James Jeffrey, culmina la batalla legal que han librado ocho grupos de demandantes durante años. Entre ellos se encuentran el periodista de la CBS Bob Simon y su cámara, que fueron detenidos en la frontera con Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, los hijos de dos contratistas estadounidenses y varios civiles que el ejército iraquí utilizó como escudos humanos para detener el posterior ataque estadounidense.

Funeral de varios civiles iraquíes muertos durante una redada realizada por tropas estadounidenses e iraquíes en Faluya, una de las operaciones de combate en las que ha participado el ejército estadounidense tras la fecha del fin oficial de las mismas (AP Photo/Bilal Fawzi).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos había desestimado las demandas el año pasado alegando que no se puede responsabilizar al actual Gobierno iraquí de los delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein. La ley estadounidense no permite demandar a un Gobierno extranjero a no ser que esté acusado de fomentar el terrorismo. Ése era el caso del Irak de Saddam Hussein, pero no el del actual. Además, una ley federal aprobada en 2003 restableció la inmunidad del Gobierno irakí en los tribunales estadounidenses.

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El pasado lunes se dictó en Phnom Penh la primera sentencia contra un alto cargo de los jemeres rojos, Kaing Guek Eav, alías Duch, director de Tuol Sleng, o S-21, el principal centro de detención de la Kampuchea Democrática. Han tenido que transcurrir tres décadas desde el genocidio camboyano, en el que murieron alrededor de 1,7 millones de personas, para que comience a hacerse justicia en el país asiático.

Kaing Guek Eav, Duch, escucha la sentencia del tribunal que juzga a los jemeres rojos , el pasado 26 de julio en Phnom Penh (AP Photo/Heng Sinith).

El tribunal mixto, (nacional e internacional, compuesto por tres jueces camboyanos y dos extranjeros nombrados por la ONU), declaró a Duch culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los algo menos de cuatro años en que dirigio el centro de torturas S-21 como el más eficiente de los funcionarios. Unos años en los que ordenó interrogar, torturar y ejecutar a más de 14.000 prisioneros políticos a los que obligaba a redactar unas confesiones que en su mayoría eran falsas y cuya única finalidad real era alimentar las teorías conspirativas y la paranoia de los dirigentes del régimen. Según la perversa lógica que reinaba en la Kampuchea Democrática y en Tuol Sleng la sospecha era sinónimo de culpabilidad y las torturas producían inexorablemente confesiones en las que era necesario dar nombres de nuevos sospechosos, los cuales redactaban a su vez nuevas confesiones que volvían a poner en marcha todo el proceso. Un círculo vicioso que no tenía fin ya que, por definición, los miembros del Gobierno de la Kampuchea Democrática no podían equivocarse al señalar a sus enemigos.

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Han transcurrido seis meses desde que un terremoto de siete grados en la escala de Richter sacudiera Haití, arrasando la capital Puerto Príncipe, matando a unas 230.000 personas y dejando sin hogar a otro millón y medio de sus habitantes. Como es habitual en estos casos, poco después de la catástrofe, muchos países se comprometieron a ayudar a reconstruir un país devastado, pero casi ninguna de esas promesas se ha cumplido: los haitianos, una vez más, han de arreglárselas solos para sobrevivir.

Un hombre camina por una calle de Puerto Príncipe, el pasado 12 de julio (AP Photo/Alexandre Meneghini).

Como en tantas otras catástrofes naturales, el mundo ha hecho unas promesas que no parece estar dispuesto a cumplir. El pasado mes de marzo se reunieron en Nueva York más de cien países y se comprometieron a donar más de cinco mil millones de dólares en los próximos dos años y unos diez mil millones a lo largo del siguiente decenio. Los países donantes sólo han desembolsado un dos por ciento del dinero prometido a corto plazo y la inmensa mayoría no han aportado absolutamente nada; sólo cuatro de ellos han entregado algún dinero (Noruega, Australia, Estonia y Brasil, el único que ha dado todo lo que había prometido). El organismo encargado de gestionar la ayuda, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida por Bill Clinton y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, no se reunió por primera vez hasta el pasado 17 de junio.

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Existen pocos regímenes en el mundo que susciten una oposición y repulsa tan unánimes como la dictadura militar birmana. Los crímenes y graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la Junta militar están bien documentados por abundantes informes de organizaciones humanitarias; Aung San Suu Kyi, la líder de la oposición, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, sobre todo desde que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991; son frecuentes las declaraciones de condena y el régimen está sometido a numerosos embargos y sanciones.

Ban Ki-moon y el general Than Shwe durante la reunión que mantuvieron en la capital birmana, Naypyidaw, el 3 de julio del año pasado (AP Photo/John Heilprin).

Sin embargo, a los generales birmanos no parece afectarles su impopularidad y las medidas de presión adoptadas contra ellos no han surtido ningún efecto. La Junta que gobierna actualmente el país lleva más de dos decenios en el poder y su posición se mantiene tan firme como siempre gracias a que los generales han sabido jugar sus cartas con gran astucia, a que cuentan con poderosos aliados y a que las sanciones impuestas por sus detractores han resultado ser ineficaces, en el mejor de los casos, o contraproducentes en el peor de ellos.

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