El gran juego

El 26 de noviembre de 1975, siete meses después de que los jemeres rojos tomaran Phnom Penh, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el ministro de Asuntos Exteriores tailandés Chatchai Chunhawan mantuvieron un “almuerzo informal” en la residencia del primero en Washington. Durante la conversación, Kissinger le pidió a Chatchai que les comunicara a los jemeres rojos que Estados Unidos, su antiguo enemigo, ahora quería ser su “amigo” [pdf] y añadió: “son unas bestias asesinas, pero no dejaremos que eso se interponga entre nosotros, estamos dispuestos a mejorar nuestras relaciones con ellos”. Además, Kissinger expresó su deseo de que Laos y Camboya se mantuvieran en la órbita china y actuaran como un “contrapeso” a Vietnam (y su principal aliado, la Unión Soviética) en la región.

Un grupo de guerrilleros se dispone a recibir al presidente del Gobierno de Coalición de la Kampuchea Democrática, Norodom Sihnaouk, en un campamento de la selva camboyana, el 7 de febrero de 1984 (AP Photo/Gary Mangkorn).

Aquélla conversación extraoficial, que no se haría pública hasta 2004, contiene algunas de las claves que explican las políticas que los diversos gobiernos de Estados Unidos, China, Tailandia y otros países adoptarían con respecto a Camboya y los jemeres rojos durante los siguientes tres decenios. Aquellas políticas, en las que primaban ante todo los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, fueron las que  hicieron posible la guerra civil que se prolongó en Camboya durante varios años tras la caída del régimen de Pol Pot y que no se haya juzgado a ningún alto cargo de los jemeres rojos hasta ahora.

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Hace un par de semanas fueron asesinados ocho soldados del ejército tailandés en dos emboscadas con bombas de carretera en el sur de Tailandia. El primer ataque, en el que murieron cinco soldados, tuvo lugar el jueves 1 de julio en la provincia de Narathiwat y el segundo al día siguiente en la provincia de Yala. Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de los atentados, como viene siendo habitual desde que en 2004 diera comienzo la actual insurgencia separatista en las provincias del sur.

Soldados tailandeses examinan el lugar en el que explotó una bomba el 3 de septiembre del año pasado en Pattani. (AP Photo/Sumeth pranphet).

Tras el cierre en falso de la crisis política del pasado mes de mayo, ha vuelto a aflorar la otra gran crisis de Tailandia, la de un conflicto armado poco conocido fuera de sus fronteras, pero que desde hace seis años ha sumido al sur del país en una espiral de violencia que ya se ha cobrado la vida de más de cuatro mil personas.

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Esta semana el gobierno tailandés ha puesto fin a las protestas que han paralizado el barrio comercial de Bangkok durante los dos últimos meses. El miércoles, el ejército lanzó su ofensiva final contra los camisas rojas, en la que murieron al menos seis personas, entre ellas un fotógrafo de prensa italiano, y los seis líderes del Frente Unido a Favor de la Democracia y contra la Dictadura (UDD) que quedaban en la “ciudad roja” se entregaron a las autoridades y pidieron a los manifestantes que se rindieran y volvieran a sus casas.

Un opositor al gobierno combate al ejército tailandés tras una barricada el 16 de mayo en Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit).

La mayoría de camisas rojas abandonaron la zona en pocos minutos. Muchos de ellos se refugiaron en el templo budista cercano que había albergado a numerosos ancianos y niños durante los últimos días. Pero algunos incendiaron más de veinte edificios, entre ellos la bolsa. Mientras tanto, grupos descontrolados incendiaron más de veinte edificios en Bangkok y otros prendieron fuego a los ayuntamientos de Udon Thani y Khon Kaen, en el noroeste del país, la región en la que los camisas rojas cuentan con más apoyos. Ante estos disturbios, el gobierno impuso el toque de queda en la capital y veintitrés provincias más.

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Existen pocos regímenes en el mundo que susciten una oposición y repulsa tan unánimes como la dictadura militar birmana. Los crímenes y graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la Junta militar están bien documentados por abundantes informes de organizaciones humanitarias; Aung San Suu Kyi, la líder de la oposición, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, sobre todo desde que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991; son frecuentes las declaraciones de condena y el régimen está sometido a numerosos embargos y sanciones.

Ban Ki-moon y el general Than Shwe durante la reunión que mantuvieron en la capital birmana, Naypyidaw, el 3 de julio del año pasado (AP Photo/John Heilprin).

Sin embargo, a los generales birmanos no parece afectarles su impopularidad y las medidas de presión adoptadas contra ellos no han surtido ningún efecto. La Junta que gobierna actualmente el país lleva más de dos decenios en el poder y su posición se mantiene tan firme como siempre gracias a que los generales han sabido jugar sus cartas con gran astucia, a que cuentan con poderosos aliados y a que las sanciones impuestas por sus detractores han resultado ser ineficaces, en el mejor de los casos, o contraproducentes en el peor de ellos.

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La crisis por la que atraviesa Tailandia desde hace unos años se desarrolla de forma paralela en dos frentes distintos, aunque íntimamente relacionados: los centros del poder político, económico e incluso militar del país, totalmente inaccesibles para la inmensa mayoría de los tailandeses, y las calles de Bangkok y otras capitales, en las que los ciudadanos han estado expresando sus aspiraciones, intereses y frustraciones, y no sólo los de los grupos de poder a los que apoyan.

Partidarios de Thaksin Shinawatra protestan bajo un retrato del rey Bhumibol Adulyadej en Bangkok el 13 de marzo (AP Photo/Sakchai Lalit).

Por un lado se trata de un conflicto entre dos élites de poder, de dos oligarquías: una es la encabezada por Thaksin Shinawatra y sus partidos, representantes de una nueva clase empresarial emergente, partidaria de una economía descentralizada, más moderna y neo-liberal, pero con ciertos elementos populistas. La otra está representada por el Partido Demócrata, es partidaria de un capitalismo centralizado, y defiende unos intereses y grupos empresariales más antiguos y el grupo que tradicionalmente ha detentado el poder en Tailandia, un grupo dependiente de la Corona y que se articula en torno a lo que el especialista en política tailandesa Duncan McCargo ha denominado “red monárquica”, cuyo centro decisorio es el Consejo Privado del Rey dirigido por el influyente ex general y ex primer ministro Prem Tinsulanonda.

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Estos días han tomado las calles de Bangkok decenas de miles de ciudadanos tailandeses para exigir la disolución del parlamento y el gobierno del primer ministro Abhisit Vejjajiva y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones. Como acciones de protesta, rodearon temporalmente la base militar en la que se habían refugiado el primer ministro y los miembros de su gabinete y derramaron decenas de litros de su propia sangre en las puertas de la sede del Gobierno, un acto que ha dado unas imágenes cargadas de un dramatismo algo críptico que han dado la vuelta al mundo y han vuelto a poner de actualidad en los medios extranjeros la crisis política tailandesa.

Partidarios de Thaksin Shinawatra protestan ante la sede del gobierno tailandés en Bangkok el 16 de marzo (AP Photo/Wason Wanichakorn).

La “marcha roja”, llamada así por el color de las camisetas de los manifestantes, la mayoría de ellos habitantes de las empobrecidas provincias rurales del norte y el noreste del país o inmigrantes procedentes de esas regiones, ha sido convocada por el “Frente Unido a favor de la Democracia y contra la Dictadura” (UDD), grupo de presión creado en 2006 para apoyar al ex primer ministro y magnate Thaksin Shinawatra, dirigido por varios empresarios y políticos afines a éste.

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